Una de las formas de la democracia semidirecta

Una de las grandes deudas de las democracias representativas es la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Si bien la representación política moderna se creó ante la necesidad de construir mecanismos de toma de decisiones en las grandes, plurales y complejas sociedades, el entramado institucional erigido hasta el momento es claramente insuficiente.

Es por ello que escuchamos con frecuencia que la democracia está en crisis; lo podemos ver claramente en el descontento ciudadano con sus gobiernos y con su propio régimen político en todas las encuestas de percepción ciudadana sobre cultura política. La materialización de este descontento también lo podemos ubicar no únicamente en las diferentes movilizaciones sociales y populares que con frecuencia surgen en diversos países, sino también en la elección de representantes populares que claramente violentan los principios democráticos, como el caso de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador; o el ascenso de fuerzas políticas de extrema derecha en Europa.

Para enfrentar este fenómeno se ha intentado fortalecer a la democracia desde distintos lugares, y quizá lo que más se ha explorado ha sido el fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones; pues como lo sostiene Armando Rendón Corona, profesor-investigador de la UAM-Iztapalapa en la disciplina de la ciencia política:

En la mayoría de los regímenes políticos contemporáneos, la consulta al pueblo tiene un papel fundamental en la distribución del poder. Su larga trayectoria histórica forma parte del dificultoso desenvolvimiento del principio de soberanía del pueblo en el que se funda la República, pues involucra la determinación del poder público, la elección de representantes, el control de su desempeño y la intervención directa en los asuntos públicos. En cada forma de consulta se sigue un procedimiento cuyo fin es facilitar o dificultar su ejercicio, pero también fijar los criterios y reglas de validez. Una consulta puede proporcionar sólo una opinión que oriente a los poderes del Estado, o bien, una decisión definitiva y de cumplimiento inexcusable.”[1]

Así, figuras de democracia directa que no son otra cosa que el desdoblamiento del principio de soberanía popular como el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato de los elegidos que han sido utilizadas para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Tanto el referéndum como el plebiscito se aplican a propósitos concretos de creación de leyes, de veto o aprobación de decisiones y a la revocación del mandato a los representantes electos antes de que concluya el período para el que fueron electos. Por lo tanto, ésta representa una modalidad del plebiscito porque se ejerce mediante el sufragio y puede seguir un procedimiento similar al de la iniciativa popular cuando se inicia a petición de un cierto número de ciudadanos.

La revocación del mandato trata de que los electores ejerzan su soberanía, al sufragar para ratificar o revocar el mandato de representantes electos antes de que concluyan el período de su encargo. La aplicación de este procedimiento requiere de algunas precisiones. La primera de ellas es especificar a quién se aplica. La tesis más ambiciosa incluye a todos los que ocupen cargos de elección popular, empezando por el presidente de la República.

La revocación de mandato de toda autoridad pública no es un asunto extraordinario si tomamos en cuenta experiencias en donde este procedimiento tiene una existencia consolidada. A principios del siglo XX se instituyó este derecho en Estados Unidos; en la mayoría de sus estados se ha incorporado en sus constituciones locales y se aplica a los representantes y jueces estatales y municipales. En Suiza, Alemania y en otros países también se ha aplicado.  En América Latina ha ganado terreno a partir de los procesos de democratización y existe en las Constituciones de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, entre otros.

El pasado autoritario del régimen político mexicano privó por décadas la adopción de la revocación de mandato, y es hasta diciembre del 2019 cuando  el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional mediante la cual se creó la figura de revocación de mandato; lo que representó un mecanismo de derecho ciudadano para su eventual aplicación al presidente de la República y a gobernadores, al concluir el tercer año de los seis que duran sus períodos. La propia Carta Magna la define como el instrumento de participación solicitado por los ciudadanos para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo del presidente de la República; a partir de la pérdida de confianza, el proceso revocatorio se realizará mediante votación libre, directa y secreta, proceso convocado por el INE a petición de un número de ciudadanos equivalente al menos al 3 por ciento de los inscritos en el listado nominal de electores, que en los hechos serían alrededor de 2 millones 77 mil personas en un mínimo de diecisiete entidades federativas.

Si la ciudadanía así lo permite, la consulta sobre revocación de mandato se prevé realizar el domingo 27 de marzo de 2022, de esta manera tendremos el primer ejercicio de democracia semidirecta de este tipo en México. Cierto es que, en un país en transformación, existe un fuerte debate acerca de los positivos o negativos que la revocación de mandato puede traer a la democracia mexicana. También es necesario decir que existe confusión en torno al contexto de cómo se promueve su implementación. Armando Rendón Corona sostiene que “históricamente se encuentra concebido como un ejercicio tendiente a destituir al detentador de la autoridad, no solamente como una crisis de poderes sino también como resultado de ataque al sistema democrático por abusos de poder o incumplimiento grave a responsabilidades.”[1] Es decir, que la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador debería estar promoviendo la revocación de mandato, aunque todos sabemos que no es así. Es el mismo presidente de la República el más interesado en que se lleve a cabo.

Las formas de democracia semidirecta que he señalado son importantes para dar paso a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. En suma, la causa de los grandes problemas nacionales tales como la dependencia, desnacionalizar la economía, el subdesarrollo en todos los planos, la desigualdad, la injusticia, la violencia y tantos otros, ha sido la falta de democracia o, mejor dicho, por la monopolización del poder ‒en el amplio sentido‒ por una clase dominante. Las formas de democracia semidirecta no sustituyen a la democracia representativa ni a la democracia directa, todo lo contrario, la complementan.

[1] Rendón Corona, Armando. La consulta al pueblo. Formas de la democracia semidirecta. México 2010. UAM.

[2] Ibidem.

• El movimiento obrero en el centro de la toma del poder
• La iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no es tan estatista como sus opositores señalan
• Las alcaldías de la CDMX como gobiernos de participación popular
• Corrupción, impunidad e indiferencia
• La pandemia de la COVID-19 y la consecuente crisis económica