Quizá una de las mayores paradojas que México ha enfrentado en su historia reciente, sea haber pasado del crecimiento económico sostenido de 1932 a 1982, conocido como el “milagro mexicano”, a la construcción de un régimen democrático prácticamente sin crecimiento económico. En efecto dicha construcción fue gradual, de abajo hacia arriba, pero no logró mantener el crecimiento económico ni reducir suficientemente la desigualdad social. Para muestra un par de botones: en 1977 apenas había cuatro municipios gobernados por la oposición y en 1976 sólo hubo un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Esa realidad de entonces puso en evidencia la disonancia entre una sociedad plural ampliamente insatisfecha, frente a condiciones políticas que no le permitían acceso alguno al poder.

Hasta 1989/1990 fue que surgió el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y las primeras elecciones competidas de nuestra historia moderna. las normas electorales eran incapaces de procesar elecciones limpias frente a un Estado que lo controlaba todo. Fue la ocasión en que como lo ha definido José Woldenberg, “el sistema se cayó y se calló”, luego de lo cual se ideó y se materializó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) cuya actuación comenzó desde el principio: la creación de un padrón electoral nuevo y confiable y el diseño de la credencial electoral con fotografía, que sin habérselo propuesto, en los hechos se convirtió en una cédula ciudadana de identidad.

Fue mediante reformas electorales de 1991, 1994 y 1996 que se logró establecer condiciones de competencia equitativas para los partidos políticos, mediante acceso a medios de comunicación y al financiamiento público. El IFE comenzó entonces a monitorear la cobertura en los medios de comunicación de los candidatos a diversos cargos públicos y se llegó por fin a las elecciones de 1997 con una amplia diversidad política que permitió el establecimiento de congresos plurales y con legitimidad, sin que ningún partido contara con mayoría absoluta, lo que obligó a la clase política a la negociación de acuerdos.

Cuando ello se logró, la corrupción, la violencia y la falta de crecimiento económico que impidió aminorar la desigualdad social, generó un malestar político que hizo crisis en el 2018, del cual MORENA se aprovechó para acceder al poder como una nueva fuerza política dominante, y ahora se empeña en desconocer el andamiaje democrático construido que nos ha permitido contar con elecciones libres, un poder regulado, fragmentado y vigilado, así como con una sociedad activa a través de partidos políticos de todas las corrientes, organizaciones no gubernamentales y periodistas y académicos libres.

Es así que México enfrenta la coyuntura actual en la que el partido en el poder se propuso integrar el Consejo General del actual INE por Consejeros electos por votación universal propuestos por el Presidente de la República y las Cámaras de Diputados y de Senadores. Esa propuesta que no pudo materializar por implicar reformas constitucionales para las cuales su mayoría simple en el Congreso no le bastaron, hubieran significado volver a meter al Poder Ejecutivo en nuestro sistema electoral, que fue precisamente lo que la construcción del IFE hace décadas logró desterrar.

Entonces el presidente hizo al Congreso aprobar, de manera desaseada, su llamado Plan B que significó la reforma de seis leyes, con dispensa de trámite y sin pasar siquiera a Comisiones y sin consulta alguna. El objetivo de este plan es inhabilitar al INE privándolo de su autonomía. Se trata de romper la lealtad de los integrantes del servicio civil de carrera con la democracia y comenzar a destruir la certeza que ha brindado el padrón electoral, permitiendo entre otras cosas la intervención del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora capaz de expedir cédulas consulares en el extranjero y permitiendo el empadronamiento de ciudadanos dentro de las dependencias públicas. También se ha quitado la veda electoral realizada desde el gobierno, lo que permitirá la utilización de recursos públicos con fines electorales.

Como se sabe, ya se han comenzado a ejercer acciones de inconstitucionalidad y amparos ante la Suprema Corte de Justicia, así como diversos recursos legales ante el Tribunal Electoral y otras instancias jurisdiccionales, y se espera la suspensión de ese Plan B en su conjunto, por vicios de procedimiento, lo cual no resolvería del todo la peligrosa coyuntura que enfrentamos, pues el Presidente de la República y sus huestes se aprestan ya a sustituir a los cuatro Consejeros salientes con políticos activos comprometidos con MORENA, así como a dejar a la institución sin los recursos económicos suficientes para realizar su tarea.

¿Qué hacer entonces? Expandir el conocimiento público de las amenazas que se enfrentan, hacer escuchar la voluntad ciudadana en defensa de la democracia, sin la cual ninguna de sus agendas podría prosperar, porque un régimen autoritario necesariamente anula todas las voces. Por eso es que cupimos todos en la concentración del pasado 26 febrero y por eso es que los grupos sociales más diversos no defendemos una agenda en particular, sino que, con altura de miras, nos hemos unido para continuar el perfeccionamiento de nuestra democracia, mediante la defensa de una de las instituciones públicas más valoradas, el Instituto Nacional Electoral.

No podemos menospreciar la respuesta que dieron recientemente las bancadas opositoras en nuestras Cámaras, de Senadores y de Diputados, que constituyeron un dique en contra de la reforma constitucional que nos amenazaba. No queda otra que apuntalar a los partidos políticos existentes, demostrando la modernidad de nuestra sociedad plural y diversa que no puede volver a caber en un solo partido. En lugar de una sola verdad que López Obrador nos pretende imponer, la sociedad está obligada a mantener un juego democrático en el que todos ganemos.

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