El equipo de redactores del documento “Hacia un Programa de Gobierno” del entonces denominado Frente Amplio por México integrado, entre otros, por Luis Herrera-Lasso y Anakaren Iniestra y encabezado por José Ángel Gurría Treviño presentó a Xóchitl Gálvez las conclusiones de trece grupos de trabajo integrados por especialistas en sus respectivos temas, el cual incluye propuestas de solución a los principales problemas que enfrenta el país.

Se trata de una elaboración del trabajo intitulado “Que Nadie Quede Atrás” y pretende convertirse en el plan del gobierno de coalición que habrá de gobernar a México a partir del año entrante. La temática incluye políticas sociales, educación, ciencia y tecnología, salud, agricultura, ganadería y pesca, economía y medio ambiente e incluso los relevantes asuntos de seguridad y procuración de justicia, corrupción e impunidad, democracia y Estado de Derecho y gobiernos de coalición, entre otros.

En esta ocasión me referiré al capítulo sobre democracia y Estado de Derecho, el cual parte de un diagnóstico de la situación actual, en la que se cuenta con una democracia con mayor pluralismo, libertades y contrapesos que a finales del siglo XX, aunque con un acelerado deterioro derivado de la desilusión popular proveniente de las promesas incumplidas por la transición democrática y el cambio a un modelo económico neoliberal. Se reconoce que de la democracia imperfecta se ha caído en los últimos años en un “régimen híbrido”, caracterizado por la combinación de instituciones democráticas que conviven con tendencias autoritarias.

Se hace notar que a partir de 2018 se ha concentrado el poder en la figura presidencial, se ha debilitado el pluralismo político, se ha erosionado la legalidad y el Estado de Derecho, se ha resquebrajado el pacto federal y se ha limitado la independencia de instituciones autónomas, todo lo cual pone en situación de riesgo real la transformación de nuestra democracia en un sistema autoritario. Se reconoce la desconfianza de la población en los partidos políticos y los altos niveles de confianza en las fuerzas armadas, lo que ha propiciado la transformación del régimen en uno de corte militar que no se ha traducido en una mejora significativa en la calidad de vida, ni en los niveles de ingreso, ni el acceso efectivo de la población a derechos como la salud y la educación.

Es así que se observa un regreso al hiperpresidencialismo previo a la transición democrática de principios de siglo, en el cual el poder presidencial, tal como lo era en la peor época del PRI, no está sujeto al control externo por parte del Congreso ni a supervisión interna de las entidades gubernamentales. Los órganos autónomos han sido cooptados y las organizaciones civiles y los medios de comunicación amedrentados.

El mismo presidente ha intentado interferir con el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y desde 2018 el oficialismo ha presionado públicamente al Poder Judicial para que se adhiera a su agenda política. Se han promulgado leyes que transgreden disposiciones constitucionales, como aquellas de la industria eléctrica y de la Guardia Nacional y decretos que clasifican obras públicas como de seguridad nacional, que han provocado aproximadamente sesenta acciones legales de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, muchas de las cuales siguen pendientes.

También se hace notar que la cantidad de jueces en el país es cuatro veces menor que el promedio mundial y que la falta de recursos suficientes, acompañada de falta de una cultura de legalidad, hace imperativo contar con un sistema eficiente para resolver los desafíos sociales.

El diagnóstico concluye señalando que la militarización y la politización de las fuerzas armadas han debilitado el sistema democrático, lo que ha permitido su influencia en la toma de decisiones en detrimento del federalismo, lo cual ha incluido la captura de instituciones autónomas de control y supervisión como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Además de la erosión de instituciones autónomas, particularmente la del Instituto Nacional Electoral, el diagnóstico identifica la revocación de mandato como una potencial fuente desestabilizadora que podría ser aprovechada por MORENA para desafiar a Xóchitl en el 2028 y obstaculizar la gobernabilidad del país.

Se advierte que la movilización social de la sociedad civil organizada, las instituciones educativas y los medios de comunicación han sido factores fundamentales para atenuar los excesos provocados por el régimen actual y han permitido mantener un nivel mínimo de institucionalidad en la vida nacional. Este diagnóstico tiene como objetivo establecer los cimientos de las acciones que hagan prevalecer una sociedad diversa y plural, justa, igualitaria y libre.

La propuesta para remediar la problemática identificada en el diagnóstico, incluye el mantenimiento del sistema de elecciones libres y equitativas, que ha permitido a los mexicanos durante las últimas tres décadas evaluar el desempeño gubernamental mediante su voto, contando con autoridades electorales autónomas y profesionales que salvaguarden la neutralidad de los procesos electorales, y asegurando que las numerosas voces puedan manifestarse, coexistir y confrontarse en un entorno de paz y concordia, a efecto de que el poder no sea discrecional ni arbitrario, manteniendo la separación de poderes como un pilar esencial, así como una vigilancia constante del ejercicio del poder, permitiendo a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil desempeñar su papel de contrapeso y de mecanismo de transparencia y preservando el acceso a la vía judicial como último recurso. Se requiere un pacto federal renovado que responda de forma eficiente a necesidades locales y revalorar la importancia de la proximidad en la toma de decisiones locales, permitiendo la participación ciudadana.

La propuesta considera que la Suprema Corte debe contrarrestar los excesos de los otros poderes que impida erosionar la transparencia y la rendición de cuentas. Resulta imperioso reducir la impunidad por lo que no es permisible la indulgencia del Estado ante actos delictivos. Se reconoce la importancia de la conducta individual de cada ciudadano como condición necesaria para una cultura de legalidad que permita actuar por conciencia conforme a las leyes, con la convicción de que ello contribuye al bienestar colectivo.

En mi próxima colaboración me referiré a las once propuestas del equipo de Xóchitl para fortalecer el marco institucional del país y la democracia y el Estado de Derecho en México. Les deseo a mis lectores una muy feliz Navidad.

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