En mi colaboración anterior me referí al diagnóstico contenido en las propuestas de gobierno de Xóchitl Gálvez en materia de Estado de Derecho, que forma parte del documento intitulado “Hacia un Programa de Gobierno” del Frente Amplio por México. En esta ocasión me referiré a las once propuestas para fortalecer el marco institucional del país y la democracia y el Estado de Derecho en México.

Sobre el sistema electoral y representación de partidos, se propone realizar una reforma electoral integral entre octubre de 2024 y mayo de 2026, para asegurar la independencia presupuestaria de los órganos electorales y la implementación de un sistema transparente de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos, el fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, la incorporación del voto a distancia y urnas electrónicas, así como la introducción de la segunda vuelta en las elecciones para los poderes ejecutivos. Esta propuesta implica, también, revisar el sistema de sanciones aplicadas a partidos y candidatos, la participación de la sociedad civil en decisiones internas de los partidos, especialmente en la selección de candidaturas, la revisión de las normas para la formación de coaliciones, la eliminación de la cláusula de sobrerrepresentación del 8% en el Congreso federal, avanzar hacia un modelo que amplíe la representación proporcional, asegurar que ninguna fuerza política ostente una preeminencia abrumadora y la instauración de mecanismos de supervisión que evite la influencia de grupos de la delincuencia organizada en nuestras elecciones.

En materia de control del poder político y equilibrio de poderes, se propone obligar a los congresos a cumplir con sus obligaciones legales y políticas mediante la aplicación de un sistema de responsabilidades administrativas y políticas, respaldado por sanciones ejecutables y normar la omisión legislativa como una violación del sistema de responsabilidades. Se propone realizar una revisión integral del procedimiento de designación de los integrantes de la Suprema Corte, con el fin de incorporar la opinión de la judicatura, el gremio legal y la academia en el proceso de selección. Se propone la instauración de una presidencia anual en la Corte, asignada con base en criterios objetivos como antigüedad u orden alfabético, así como la creación de una comisión especial de nombramientos, conformada por quince expertos independientes para designar a miembros de instituciones autónomas, guiada por principios tales como capacidad, certeza, eficiencia, mérito, neutralidad política, prestigio, integridad y profesionalismo, es decir, lealtad a la institución y no a un proyecto político determinado.

Sobre cultura de la legalidad y acceso a la justicia la propuesta de Xóchitl incluye el establecimiento de un sistema nacional de consulta, asesoría y respaldo para ciudadanos que busquen acceder a la justicia, como un elemento para contrarrestar la corrupción, la violencia y la impunidad. Sobre el particular llama la atención que el Programa de Gobierno no se refiera a la utilización de los Medios Alternativos de Solución de Controversias, tales como la Mediación, que es el medio racional para resolver conflictos de cualquier naturaleza, en beneficio de una cultura de paz que tanto se requiere en México. La propuesta pretende formular, en cambio, un plan para el aumento progresivo del número de órganos jurisdiccionales para alcanzar una proporción equitativa en relación con la población, así como la inclusión activa de la ciudadanía en el sistema de impartición de justicia, incorporando a sus colegios de abogados, instituciones de investigación legal y otras entidades.

En materia de Federalismo se sugiere convocar a una conferencia nacional para fortalecer las relaciones entre los tres niveles de gobierno que incluya la reevaluación del pacto fiscal, a efecto de empoderar a los estados y municipios que les permita una mayor eficacia en la recaudación de impuestos. En cuanto a la calidad de gobierno se pretende reestablecer un servicio civil de carrera en toda la administración pública para la consolidación de una gobernanza sólida que refuerce la estabilidad institucional y limite el poder del Ejecutivo en materia de nombramiento de funcionarios públicos. Se concluye el listado de las propuestas afirmando que es posible superar la actual crisis de gobernabilidad en México, mediante la creación de nuevas instituciones que reflejen la diversidad política e ideológica de la sociedad en su conjunto. Se considera que la visión de país y las propuestas presentadas representan una hoja de ruta sensata para proteger y consolidar el orden democrático y el Estado de Derecho en México. Constituyen un esfuerzo de imaginación colectiva para discernir los consensos mínimos necesarios con el fin de alcanzar estos objetivos con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

Las líneas de acción prioritarias del Programa de Gobierno que se presenta a la consideración de la sociedad, incluye acotar los excesos en las actuaciones del Ejecutivo mediante el fortalecimiento de los contrapesos constitucionales y de la vigilancia ciudadana; fortalecer la independencia y capacidades de los órganos autónomos; fortalecer a la Suprema Corte como custodia de la integridad constitucional; fortalecer la capacidad de acción de los órganos encargados de impartir justicia para reducir la impunidad; reestablecer los mandos civiles en las instituciones de seguridad pública y acotar las actuaciones de las Fuerzas Armadas; garantizar a los ciudadanos la posibilidad de defenderse frente abusos de las autoridades; revalorar la importancia de la proximidad en la toma de decisiones locales; y sustentar los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos en una cultura de la legalidad.

Aun cuando en estas materias es difícil “inventar el hilo negro” pues la sociedad sabe lo que se debe hacer para resolver los graves problemas nacionales, el Plan de Gobierno de Xóchitl no incluye puros lugares comunes, sino que introduce propuestas novedosas que deberán ser desarrolladas a profundidad. Es sabido que su principal artífice, José Ángel Gurria, es quizá el mexicano más ducho en los sistemas de gobernanza de excelencia a nivel mundial, por su experiencia en su cargo de Secretario General de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), posición desde la cual pudo medir los resultados de las políticas públicas implementadas en todo el mundo y recoger las mejores para este Plan.

Esperamos que este documento siga profundizando su alcance y que eventualmente incluya, entre otras novedades, la restauración de la Secretaría de Justicia que contó durante buena parte del siglo XIX y principios del XX con funciones de ministerio de justicia y de ministerio público. En la vasta mayoría de países del mundo civilizado se concentran en dicha Secretaría funciones tan importantes como la defensa del Estado de Derecho, la seguridad, la protección de Derechos Humanos, la promoción de la cultura de paz y la justicia transicional y la conducción de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y las fiscalías. 

En futuras colaboraciones me referiré a las propuestas de gobierno de Xóchitl en asuntos de seguridad y procuración de justicia, corrupción e impunidad y gobiernos de coalición. Aprovecho para desear a mis lectores un buen año 2024 que se nos presenta tan retador.

• Propuestas de gobierno de Xóchitl en materia de Estado de Derecho
• Mediación en la solución de conflictos entre inversionistas y estados
• Juan Manuel Gómez-Robledo: Juez de la Corte Internacional de Justicia
• La plana mayor de la abogacía mexicana en el Congreso de la UIA en Roma
• Presentación en el Ilustre: “Los Renglones Torcidos de la Mediación”