En las últimas semanas, nuevamente fue nota principal el tema de la corrupción, impunidad e indiferencia con el caso del excandidato presidencial del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Anaya sí recibió recursos de la compañía Odebrecht que entregó en su momento al director de PEMEX, Emilio Lozoya, para que fueran distribuidos a manera de sobornos entre legisladores, a cambio de la aprobación de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. 

La FGR dio a conocer que: “Los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto ‘N’, Marcelo ‘N’ y Luis ‘N’ señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana: y para ello, entregaron sobornos a Emilio ‘N’, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera”.

Es bien cierto que la impunidad ha permeado en el sistema político mexicano para amigos y cómplices del poder, y también hemos visto el uso del poder político para encarcelar a adversarios. Ambas usanzas deben desaparecer, así como la indiferencia de una gran mayoría de la población hacia estos trascendentales temas.

La corrupción y la impunidad no son algo nuevo, pero sí son endémicos del neoliberalismo económico. La corrupción deteriora la democracia porque debilita la cultura de lo común, de lo que nos afecta e interesa a todos, al caer en un individualismo destructivo de aquellos que utilizan el sistema para su beneficio propio. Se necesita construir una cultura del servicio público que permita separar a las instituciones del Estado, de los intereses meramente partidistas. Esto se hace desde el rescate de la percepción de lo colectivo, es decir, con la reconstrucción del pensamiento comunitario contrapuesto al neoliberal, valorizando la solidaridad, el bien común y el bienestar común.

Evidentemente, la corrupción y la impunidad no son únicamente problemas del sector público, también lo son del sector privado. Se requiere que el capital, sobre todo el transaccional, tenga controles similares de transparencia y rendición de cuentas, pues mientras las instituciones del Estado tienen reglas y normativas para controlar el ejercicio del poder y del presupuesto, aunque no del todo suficientes, hay escasas reglas para las actividades de los grandes bancos y corporaciones.

La corrupción e impunidad son la perversión de lo público por el poder económico, en retroalimentación de un sistema de descrédito de la política, del orden jurídico y de las instituciones en el imaginario popular, que lleva a la falta de adhesión y de compromiso generalizado con la defensa del interés y de los bienes colectivos. Al mismo tiempo generan ineficiencia, iniquidad y pobreza.

La empresa brasileña Odebrecht se consolidó como la constructora más importante en América del Sur gracias a sus grandes casos de corrupción. Pues de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que culminó con confesiones de varios de sus directivos, la empresa pagó entre 2001 y 2006 cerca de 788 millones de dólares en sobornos a expresidentes y funcionarios públicos de primer nivel para realizar proyectos en doce países incluyendo a México, en donde, como lo señalé anteriormente, se pagaron al menos 10 millones de dólares. A Ricardo Anaya también se le acusa de haber recibido más de 6 millones de pesos.

La FGR tiene que continuar su investigación y esclarecer los presuntos pagos de Odebrecht a Emilio Lozoya, pues este caso tiene una implicación en una amplia red de corrupción a través de actos de soborno a diversos legisladores que aprobaron con su voto la reforma energética de Peña Nieto. Asimismo, en su momento debe darse a conocer la lista de legisladores y otros funcionarios señalados por Lozoya, por lo que a Ricardo Anaya no se le puede quitar de esa imputación sólo por el hecho de haber sido candidato presidencial. Lamentablemente, al parecer alguien le informó por debajo de la mesa sobre la investigación en su contra, otra práctica recurrente de la impunidad, lo que le permitió salir huyendo del país y acusar al gobierno de la 4T de persecución política.

Estoy convencido de que la realidad del sistema político mexicano está cambiando. El caso Ricardo Anaya, y más concretamente los sobornos de la constructora Odebrecht, van a continuar su rumbo jurídico y de esclarecimiento de uno de los muchos escándalos de corrupción política que enriquecieron a unos cuantos en contra del empobrecimiento de una gran mayoría.

Por cierto, el presidente de México ya puede ser denunciado, imputado y enjuiciado por cualquier delito, en concordancia con el nuevo texto del párrafo segundo del Artículo 108 de la Constitución Política, aprobado a partir de la iniciativa enviada al Congreso por Andrés Manuel López Obrador. 

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