La facultad omnímoda de la que goza un presidente en México y los gobernadores de los Estados, origina que prácticamente no tengan que dar explicación alguna de sus actos y decisiones, menos aun cuando se trata de movimientos en sus equipos de trabajo. En este renglón, la población se entera de llegada de nuevos funcionarios y el despido de otros a través de la prensa. La decisión presidencial y de gobernadores es absoluta, algo que ha caracterizado entre otras muchas acciones al “presidencialismo” mexicano, donde todo es sin razonamiento y a voluntad del gobernante en turno.
La gran pregunta es si el pueblo debe saber o no las causas y motivos de una remoción de un funcionario público, donde se informe y analice con objetividad si el empleado cumplió con las funciones asignadas, si mostró ineptitud o en el peor de los casos, pueda ser sospechoso por malos manejos, con el fin de evitar que los mismos queden impunes. Sobre este punto, en nuestro país, son excepcionales los casos en que un alto funcionario ha sido sometido a un proceso penal por su mal desempeño y en la mayoría de las ocasiones sólo basta con que el servidor público presente su renuncia para olvidar y ocultar la calidad de su trabajo en el puesto asignado.
Entendemos que en muchos países la figura y el poder presidencial son prácticamente absolutos, pero tal vez ninguno como México alcanza dimensiones inimaginables. El pueblo elige a un gobernante y éste puede hacer lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera. Tiene capacidad de designar a funcionarios, quienes en ocasiones no cumplen con los requisitos de ley y ante ello, el gobernante mexicano cambia la norma. Nótese, primero el hombre, el amigo, el capricho, hasta el pariente y después la ley, la cual se modifica “a modo” para favorecer a quien ostenta del poder.
Un fenómeno que también se presenta son las llamadas renuncias voluntarias de altos funcionarios, o sea, hay quien se retira supuestamente por su propia decisión, pero en ello hay una gran opacidad, no se sabe si en realidad el alto empleado se va por su cuenta o lo “corrieron”. Al respecto es común que acuerden un pacto de silencio, y el público nunca sabrá la verdad, ya que todo quedará en elogios mutuos dejando siempre rumores o especulaciones sobre los cambios.
Otro hecho por demás evidente en el caso de México es que el llamado gabinete presidencial, al final de cada periodo de gobierno nunca es el mismo que inició el sexenio, generando cualquier cantidad de intrigas y desconfianzas sobre si las renuncias se dan por ineficacia, por picardías o bien, porque simplemente no hubo “química” entre el jefe y el subordinado.
Reiteramos, en países como el nuestro, la figura del hombre que manda toma un sentido dictatorial, siendo el caso de que, a juicio de la población, los designados para ocupar una responsabilidad en el servicio público no sean los indicados por falta de experiencia, preparación o simplemente porque la cuestión afectiva y los compromisos, en la mayoría de las veces, se anteponen al momento de repartirse los cargos, dando los puestos de primer nivel a los amigos y parientes. Es por ello que se debe poner fin a esta vieja práctica del compadrazgo y las lealtades, transparentando los métodos de designación, en los que se tome en cuenta la opinión de expertos y de otros ámbitos del poder, para los nombramientos de alta responsabilidad en un gobierno.
En otros sistemas semi-presidencialistas o mixtos, la responsabilidad para la integración de un gabinete es compartida entre el gobernante y cuerpos colegiados, como pueden ser los del ámbito legislativo, en donde se ponen de acuerdo para obtener de este último su aprobación. Valdría la pena implementar este sistema en México, con lo cual se estaría privilegiando la experiencia y capacidad de los altos funcionarios con el aval de expertos y legisladores. Por supuesto que en este modelo también pueden presentarse situaciones irregulares, como el hecho de que el presidente mande una terna al legislativo para una designación, corriendo el riesgo de que esa terna solo la integren los afectos del Ejecutivo.
Lo cierto es que se debe evaluar nuestro sistema de gobierno tanto federal, como a nivel local, para evitar que sigan prevaleciendo los modelos tiránicos. Lo más relevante, es que quien resulte seleccionado para un cargo, goce de la capacidad requerida, o bien, antes de despedirlo, sea justamente evaluado y auditado para cerrarle el paso a la corrupción e impunidad.
De igual forma hay que tener claro que la seguridad en el empleo es lo más sano y deseable, por lo que la remoción de un puesto con un sentido anímico de animadversión debe ser a todas luces cuestionable.
Es momento de avanzar y buscar a los mejores hombres para los cargos públicos. Resulta desesperante observar cómo hay personas ocupando cargos de alto nivel verdaderamente ineptas e incompetentes. Los secretarios de Estado o titulares de importantes organismos autónomos y descentralizados, así como importantes funcionarios, reclaman ser los mejores y los más calificados, sólo así se podrá asegurar que un gobierno cumpla sus objetivos y obtengan buenos resultados en beneficio de la colectividad.
México al igual que otros países, están urgidos de acabar con el absolutismo gubernamental.
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