El conflicto laboral que duró dos días en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, le tiró las felices cuentas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El ‘paraíso’ que ha vendido el presidente con este complejo, es otra más de las fantasías con las que le quiere vender a México la versión de que sólo sus obras sexenales son ejemplo de transparencia, sin corrupción, de justicia social, con apego a las leyes, con visión nacionalista y generadoras de bienestar y prosperidad. Nada de eso hay, ni habrá.
A la protesta de los trabajadores de la constructora ICA Fluor por lograr mejores condiciones laborales y pago de horas extras, se le minimizó y se le reprimió con un saldo de cuatro obreros heridos. Las autoridades calificaron el hecho como un simple conflicto entre sindicatos, “peleas internas”. El propio López Obrador así lo calificó. La misma empresa, presionada por el gobierno, reviró que la protesta fue orquestada por gente ajena a la refinería. Si eso es real, pues que fácil un “grupo ajeno” puede desestabilizar la obra.
¿No hay controles en la obra más vigilada del sexenio o la provocación vino desde las mismas entrañas del gobierno?, estas interrogantes siguen flotando en un ambiente de presión, represión y de mentira oficial.
Después de ocurrido el enfrentamiento, el miércoles 13 de octubre, entre policías antimotines y los trabajadores, el secretario del Sindicato de Construcción de la CTM en Tabasco, Ricardo Hernández Daza, aseguró que el conflicto fue provocado por un grupo de infiltrados, ya que representantes de sindicatos “contrataron” a gente para que se hicieran pasar por trabajadores de la obra y provocar disturbios. Pues que fácil se le puede contratar hasta a un terrorista, sin ningún control. Una salida simplona como la que también ofreció Rocío Nahle, secretaria de Energía, al señalar que la situación se normalizó al terminar el “pleito de líderes”.
Pero no hay que descartar la acusación que hicieron los trabajadores inconformes contra Hernández Daza, quien aseguran vende las plazas de Pemex y ninguna autoridad lo investiga. Además, lo señalan de ser responsable de dejar sin empleo a 15 mil trabajadores en las obras de la refinería, pues a todo le pone un precio.
La diputada federal de Morena, Susana Prieto Terrazas, fue más allá y no sólo cuestionó al presidente de estar mal informado, sino que defendió el paro de labores que realizaron los obreros durante dos días, ya que el problema no fue por la titularidad del contrato colectivo –como lo dijo López Obrador–, fue por sus derechos laborales.
La legisladora argumentó que la demanda de los obreros es legítima, pues se les deben pagar las horas extras y sus salarios deben ser justos, y no al 50%, además de que les permita una hora para comer y no media hora. Los obreros de ICA Fluor recibieron la mitad de su salario –que es de 2,400–, y aparte pagan cuotas sindicales que van de los 100 a los 500 pesos.
Y para rematar, la diputada morenista también acusó a Ricardo Hernández Daza por explotar a los trabajadores de la refinería de Dos Bocas y por enviar “porros” a golpear a los obreros inconformes. “Los empresarios con su corrupción quieren seguir teniendo sindicatos que trabajan para la empresa y no para los intereses de los trabajadores”, sentenció Prieto Terrazas.
López Obrador descartó en forma reiterada las quejas de los trabajadores, ya que dijo cuentan con sus prestaciones correspondientes y salarios justos. Y hasta en su conferencia mañanera de este jueves torció el tema al anunciar que la refinería será inaugurada el 2 de julio de 2022 (justo para empatarlo con el cuarto aniversario en que ganó la elección) y se llamará ‘Olmeca’.
La fecha de inauguración oficial se contrapone con el informe que dio Pemex a su Consejo de Administración, en el que señaló que la obra tendrá un costo mayor e iniciará operaciones después de lo proyectado, no a mediados de 2022, sino hasta 2023. La empresa del Estado estimó que la refinería requiere de una inversión de 12.9 mil millones de dólares; 3,400 millones adicionales a lo presupuestado originalmente.
Según la Secretaría de Energía, la refinería de Dos Bocas lleva un avance del 64% en obra física y más de 80% en la parte mecánica. Cifras oficiales, cifras felices. Ya veremos.
Haciendo un recuento sobre cómo empezó el proyecto, queda claro que no fue con apego a los marcos normativos ambientales. A la legalidad se le vulneró para ajustar el plan a los intereses políticos del Ejecutivo Federal.
Veamos:
- El proyecto de la refinería de Dos Bocas –rebasado por las tendencias mundiales de transitar a la era de las energías renovables–-, violó desde el inicio de su construcción, hace más de dos años, la normatividad ambiental, pues los trabajos empezaron sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin los estudios de Riesgo Ambiental. Tampoco se conoció el Proyecto Ejecutivo en tiempo y forma, el cual es fundamental para después realizar dichos estudios ambientales que marca la ley.
- El Estudio de Riesgo Ambiental era indispensable antes de iniciar las obras, toda vez que se van a manejar sustancias peligrosas, y este requisito que marca la ley junto con la MIA requieren de entre seis meses a un año para su elaboración. O sea, las obras deberían haber comenzado en 2020, y no en 2019. Con ello quedó de manifiesto el abuso de poder y la forma de violentar el Estado de Derecho, pues primero iniciaron los trabajos de construcción y después cuadraron a su modo los requisitos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Otra omisión considerable, fue en la que incurrió la Secretaria de Energía, ya que no sometió a consideración en tiempo y forma el proyecto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el cual la normatividad indica que debe publicarse en la Gaceta Ecológica de la Semarnat para conocimiento de la opinión pública.
- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales sólo autorizó el proyecto de ampliación del puerto de Dos Bocas, Paraíso, para aumentar el volumen y profundidad del dragado, y al momento de iniciar obras de la refinería no tenían ningún permiso adicional. En el polígono de la obra se destruyeron 300 hectáreas de manglar y junto con ello se afectó a la fauna que ahí habita como moluscos, plantas, aves y otras especies endémicas. La refinería colinda con los pantanos de Centla y de la Reserva Ecológica Río Playa. De acuerdo a la ley en la materia, destruir un manglar está prohibido y es motivo para suspender o clausurar la obra.
- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señaló que Dos Bocas estaba considerada por el Instituto Mexicano del Petróleo como una zona no apta para una refinería, pues de acuerdo a estudios de este organismo en 2008, consideró que de siete potenciales áreas en la región, la peor era donde hoy se construye el complejo petrolero, debido a la presencia de manglares y el riesgo permanente de inundaciones, como ahora ocurren.
- El proyecto gubernamental de la refinería de Dos Bocas no sólo viola normatividades ambientales mexicanas, sino también acuerdos internacionales para conservar la biodiversidad.
- Expertos en materia ambiental y energía han calificado de altamente vulnerable la futura refinería a las inundaciones por los fenómenos meteorológicos, altos costos de obra y operación, y advierten limitaciones tecnológicas y falta de planeación, así como mercados adversos para Pemex ante el declive mundial del uso del petróleo. Hasta los análisis de Pemex identificaron 106 puntos de riesgo en la zona de obras y en la propia infraestructura del complejo petrolero.
- El presidente ha dicho que la obra terminará en 2022, creará 100 mil empleos directos e indirectos, y que tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo tipo Maya de 22 grados API.
Corolario. Ante las excesivas pérdidas de Pemex y una mayor carga a los contribuyentes, el pasado 8 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a la empresa del Estado posponer sus planes con la futura refinería, así como vender activos no esenciales, reformar su costoso plan de pensiones y enfocarse en campos rentables para reducir costos. “México debe aprovechar su amplia y diversa base de recursos de energía renovable, alentar la participación del sector privado y fortalecer su red para reducir los altos precios de la energía…”.
El proyecto sigue una ruta cargada con más adversidades e ilegalidades que aciertos.