Honduras desarrollará ‒bajo la mirada atenta de bloques ideológicos nacionales e internacionales‒ este 28 de noviembre, las undécimas elecciones moderno-contemporáneas en un oscilante contexto de denostación de “el otro” (reflejado con la brutalidad “animal” en los 31 asesinatos de líderes locales políticos de este año; el más emblemático de ellos el de Francisco Gaitán, sexagenario alcalde del municipio hondureño de Cantarranas que convirtió su delimitación geográfica en una convergencia de arte y cultura, y del cual penosamente las autoridades se han limitado miserablemente a decir que el crimen “no ha tenido motivaciones políticas”). Pero también es la contrapuesta que se ha “levantado” con fuerza en los últimos días en el país e internacionalmente, con la invitación a desarrollar los comicios en paz, fraternidad y “respeto” a la voluntad popular.
En un principio, me parere que en esta convocatoria ciudadana a la “renovación” de los diversos cuadros políticos se debe apostar a la integridad en sus diversos niveles, lo cual implica la amplitud ética en materia de transparencia, solidaridad patria, empatía ‒por los que no pueden sufragar‒ y ataque frontal a la corrupción, que es la que “empuja” hacia “afuera” al que no “encuentra” espacios adentro.
La radicalización de posiciones no debe tener cabida jamás en nuestros entornos latinoamericanos al “concebir” la democracia. Es incuestionable que todo oscila en péndulos diversos, pero ello obedece a las posibilidades individualizadas de autogestión de puesta al servicio de “el otro” de nuestras propias capacidades éticas de servicio, amor al prójimo y la honestidad como principios elementales que nos permiten “desmarcarnos” del asedio de aquellos que transitan en caminos de opacidad e ilegalidad.
Indudablemente que la estructura institucional de nuestros estados naciones juegan un papel central, pero… los organismos internacionales tienen su culpa por “omisión” en nuestros entornos cuando no logran interpretar la real “calamidad” democrática de nuestras sociedades (veamos como ejemplo la autocracia instalada en el vecino país de Nicaragua y que al parecer instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas están maniatadas; pero aquí habría que preguntarse “¿por qué?”).
En lo personal creo que la imposibilidad de reelegirse en un cargo público ‒sea cual sea‒ tiene que ser una norma a la cual deben apostar nuestros países, pues si no se trabaja en condiciones de igualdad, siempre habrá imposiciones sesgadas de la realidad, y por ende influirá en la gestión de los asuntos público-comunitarios con ulteriores consecuencias en el florecimiento humano.
En definitiva, no hay posibilidades de “evolucionar” democráticamente mientras haya “secuestro” de procesos, adjudicaciones y de las reglas del juego por parte de quienes se han venido convirtiendo en “árbitros” del juego a través de nuestra historia contemporánea. Es tiempo de conjuntar esfuerzos locales en cohesión con los nacionales y globales para hacer labores preventivas y no reactivas en torno a la protección ‒en cualquier circunstancia y por los medios legítimos‒ de los depositarios de “encarnar” la voluntad popular o de quienes deciden aspirar a cargos de elección popular para gestionar el bienestar de las masas.
Posdata: De acuerdo a datos mediatizados en prensa mexicana, en el contexto de las elecciones federales de la República mexicana, por ejemplo, se observa tristemente ‒a pesar de las gigantescas diferencias de poblaciones con países de la región centroamericana‒ cómo de acuerdo a datos de la consultora en el ramo Etellekt, con base al Indicador de Violencia Política que, “el número de agresiones o delitos globales registrados contra políticos durante el actual proceso asciende a 782, cifra que supera los 774 registrados en el período similar del proceso electoral 2017-2018”.