Imposible no saber de alguna historia cercana en la que el acceso a la justicia haya sido tortuoso, cuando no tardado e inútil. Cada familia mexicana, al tener que enfrentarse con el sistema judicial, ha encontrado diferentes obstáculos para obtener una reparación del daño o la razón en un asunto legal.
No compartiré los que me atañen personalmente o a mis seres queridos y cercanos, porque son casos que se multiplican a lo largo de los años en juzgados y tribunales de todo el país; sin embargo, todos cuentan con un denominador común: no son, como dicen los abogados, expeditos (rápidos).
La relación entre la justicia y la sociedad mexicana siempre ha sido compleja. Tengo grandes amigos abogados y gozo del privilegio de colaborar con muchos más, cuya capacidad y dedicación son notables, pero cuando he podido hablar con ellas y con ellos acerca de su medio profesional quedo convencido de que hace falta un cambio en el Poder Judicial que involucre a la ciudadanía, que es al final la principal protagonista de cualquier proceso jurídico.
Como sucede en otros ámbitos sociales, la desconfianza ha hecho que la sociedad se separe de la impartición de justicia y que se desarrollen vicios para obtenerla por años de fallos irregulares o motivados por cuestiones económicas o de conexiones personales. En alguna ocasión escuché una frase al respecto que me dejó helado: “la justicia es para quien puede pagarla”.
Desde acudir a una agencia del Ministerio Público y hasta una sentencia, por lo regular muchos años más tarde, entrar en contacto con el sistema judicial es una pesadilla. Ya sea un robo de identidad o la desocupación de un inmueble a causa de un inquilino que se niega a pagar la renta (ambos casos que he atestiguado), el litigio llega a enredarse tanto que, para cuando hay un veredicto favorable es demasiado tarde.
Esto ha provocado que, a pesar de la autoridad y el respeto que pueden generar para sí mismos las y los juzgadores, el ciudadano común vea con recelo el tratar con un aparato que no se percibe como cercano a la gente para defenderla de abusos y delitos.
Hace apenas un lustro, la discusión era sobre la llamada “puerta giratoria” que se refiere a la facilidad con la que un criminal podía ingresar por un lado a ser juzgado por un delito y luego aparecer en libertad por errores, aparentemente, menores.
Durante los dos sexenios previos al actual, el gobierno federal gastó miles de millones de pesos para capacitar a los tres niveles de la estructura de seguridad (policías municipales, estatales e instituciones federales) en un nuevo sistema de justicia adversarial, fundamentado en la presunción de inocencia.
Aunque se dieron prórrogas y hubo algunos casos de éxito, seguimos reconciliando la labor de la seguridad con la tarea de impartir justicia y obtenerla de manera eficaz y eficiente. Estamos construyendo la paz en todo el país, pero falta un eslabón en la cadena de la justicia y ese es un Poder Judicial cercano a la población. No hay peor noticia para una familia o un afectado que ver salir a su agresor por falta de elementos o por un error menor en la presentación ante el juzgado.
La clave es la preparación continua de los integrantes del aparato de seguridad y el compromiso de anteponer a quien se ha visto afectado por encima de otras consideraciones que hagan a un lado el fin último de aplicar la ley sin distinciones.
Este cambio de época ha modificado muchas de las esferas de poder en el país y sectores que podían existir sin la participación directa de la gente hoy están bajo escrutinio público de una sociedad que tiene la firme intención de cambiar la correlación de fuerzas entre poderes y personas. A las y los ciudadanos nos corresponde proponer cómo hacerlo de manera inteligente.
El tema es mucho más profundo que el uso de los recursos públicos —un elemento que es relevante discutir en este caso, sin duda— porque se trata de recuperar la confianza en el sistema de justicia, una cualidad que es indispensable también en los otros poderes, donde con mucho esfuerzo de una mayoría hemos avanzado en estos años.
Sé que tendremos diferencias en esta apreciación; no obstante, en donde no creo que la tengamos es en concluir que la credibilidad del sistema de justicia mexicano podría ser mucho más alta y que es necesaria para lograr la tranquilidad que demandamos como ciudadanos.
No es un ataque a los poderes o una disputa de uno contra otro, hablamos de una asignatura pendiente (y evidente) que daña a toda nuestra sociedad. El ruido que puede generarse alrededor tiene otro origen e intenciones, lo que nos debe unir a la ciudadanía es la participación y las propuestas concretas para renovar el sistema de justicia y, por fin, conseguir que funcione a favor de los afectados con velocidad, compromiso social y voluntad para que no quede ninguna duda de que está de lado de nosotros y no de quien puede esquivar la aplicación de la ley.
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.