Hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera inmediata, generó una serie de acusaciones por parte de quienes gobernaron este país en lo político, social y económico en las últimas décadas y que se beneficiaron de la gradual privatización de la industria eléctrica, sobre todo con las reformas del año 2013 presentadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Los opositores a la 4T acusan que la iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) viola tratados internacionales de comercio, protección de inversiones y medio ambiente, como el T-MEC; que da prioridad a centrales eléctricas que funcionan con tecnologías obsoletas y contaminantes; que detiene el cumplimiento de metas de generación de electricidad con energías limpias y los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Además, la responsabilizan de afectar inversiones privadas, derechos adquiridos y de prejuzgar la existencia de fraudes a la ley, así como de vulnerar la competencia económica. Por lo que lanzan el epíteto de que se pretende establecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de la electricidad, con la consecuencia inminente del aumento del precio de la electricidad (sic).
En realidad, el nuevo esquema que se propone para la industria eléctrica no nacionaliza ni expropia las centrales eléctricas privadas, ya que no existe una sola propuesta de cambio constitucional para la creación de un monopolio público, como sí lo fue en los gobiernos de los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Por lo tanto, no hay ninguna pretensión de reservar nuevamente para el Estado la generación y venta de energía eléctrica. Es más, no se intenta derogar la Ley de la Industria Eléctrica, únicamente se sugiere reformar nueve de los 169 artículos, sin tocar los transitorios.
Por si fuera poco, no se pretende reintegrar el Centro Nacional de Controles de Energía a la CFE, ni tampoco se manifiesta por regular las tarifas eléctricas para que el gobierno decida el precio de la electricidad cuando crea conveniente. Lo anterior se confirma al no proponer cancelar la competencia de mercado que tanto alegan los que representan los intereses de las empresas privadas. Más bien, se formula un piso parejo para competir en condiciones específicas con la participación del 54% para el Estado y 46% para privados.
Muchos argumentos, aunque no necesariamente válidos de quienes se oponen a esta iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, no ocultan su preocupación por seguir haciendo grandes negocios a costa del empobrecimiento de las mayorías de la población.
AMLO sabe que no se tienen los votos necesarios en el Congreso de la Unión para una modificación de gran calado de la Constitución, por eso lanzó un llamado a la bancada del Partido Revolucionario Institucional para que vote a favor su iniciativa a la LIE. Si en su caso, se aprobara esta iniciativa, es probable que más adelante se enfrente a amparos y controversias constitucionales interpuestos por empresas afectadas y partidos políticos que defienden sus intereses, lo que seguramente ya fue evaluado al realizar esta propuesta.
En conclusión, aunque la iniciativa a la LIE intenta poner orden y recuperar la soberanía en materia de electricidad, no es tan estatista como sus opositores señalan. Se mantiene el modelo de mercado y la posibilidad de seguir haciendo negocio con la electricidad; a cambio de poner fin a los subsidios, garantizar para el Estado una porción mayoritaria del mercado y elevar la contribución de los privados.
Es acertada la apreciación sobre la iniciativa presidencial para la reforma a la ley eléctrica, se necesita un piso parejo para participar en la producción de electricidad sobre todo para que los hogares, mexicanos podamos instalar nuestras fotoceldas y ahorrarnos gastos domésticos por consumo de electricidad
El estado somos todos. El gobierno debe garantizar el suministro y no tirar a la basura la infraestructura que los privados querían pepenar. El mundo está desencantado de las lindas plantas eólicas, pero, No alcanzan los Megawatts que requiere un país. Además con esta reforma se obliga a los privados a ser más productivos y no sólo tener empresas de papel.