A la memoria del Dr. Mario Molina Pasquel y Henríquez.
Sin considerar a fondo las implicaciones ambientales y potenciales conflictos socio-económicos, el gobierno federal mantiene la tendencia de privilegiar el uso de combustibles fósiles en el sector energético del país.
La contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promueve Andrés Manuel López Obrador camuflada con su fuerte narrativa nacionalista –y que fue turnada a la Cámara de Diputados el 1º de octubre pasado y que se prevé sea votada entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre próximo–, deja de lado la incorporación aspectos fundamentales como el cambio climático, las energías renovables, ignora los costos ambientales y el cuidado adecuado de los recursos naturales en los procesos productivos de las actividades energéticas, que en este caso serán altamente contaminantes, sin contar con mecanismos para prevenir o mitigar los daños socio-ambientales.
Esta contrarreforma lleva no sólo el ataque contra las energías limpias y renovables, sino que se convertirá en un instrumento legal para generar más contaminación atmosférica y elevar en forma constante las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), causantes del calentamiento global.
Los escenarios que se avecinan no son nada alentadores para México, toda vez que el gobierno federal eliminará las subastas para inversión en energías limpias. Los expertos señalan que, en la última subasta, de 2017, estas energías lograron los costos más bajos a nivel global por (megawatt-hora).
Y para agravar más la miopía del esquema nacionalista de López Obrador, está en puerta la cancelación de los Certificados de Energía Limpia, los cuales promovían la inversión y la generación de electricidad con energías limpias. Y esto también cancelará el mercado de carbono, mediante el cual se promueve a nivel internacional la reducción de los GEI.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), organismo público descentralizado y cuyo objetivo es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional, volvería a depender de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los impactos potenciales estarán en la eliminación de todos los mercados de electricidad, y el operador del sistema sería el mismo, es decir, como juez y parte. De tal forma que toda la energía eléctrica que se genere en el país será controlada por la CFE, y se transmitirá de manera “privilegiada” a sus centrales obsoletas, costosas y contaminantes por el uso de combustóleo, carbón y gas natural.
Cabe recordar, que la CFE canceló, en 2019, el suministro de todos los productos anticontaminantes para sus equipos, sin importar marca y género, los cuales mitigan las emisiones tóxicas que emanan de sus calderas en todas las plantas de este organismo. Y esto implica que por más de dos años hemos tenido un aire contaminado por las malas decisiones de quien encabeza esta empresa del Estado, el inefable Manuel Bartlett.
El caso de la quema de combustóleo en centrales termoeléctricas de la CFE, producen partículas finas de dióxido de azufre que son altamente dañinas a la salud y al ambiente, y las también conocidas como partículas finas PM-2.5 provocan muertes prematuras por enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y cerebrovasculares. El Centro Mario Molina estima que México ocurren más de 24 mil muertes al año vinculadas a la contaminación de las PM-2.5.
Ha quedado claro que la CFE no tiene capacidad para cubrir como única generadora de energía la demanda creciente de electricidad en el país. Los expertos estiman que para 2032, México va a requerir una capacidad mayor de generación eléctrica de 63% a la actual, pero con sus plantas obsoletas sólo tendrá capacidad para un aporte del 3.5% adicional.
La tendencia del gobierno federal es darle todo el poder a la CFE, para establecer precios, tarifas, generación, transmisión, interconexión, distribución y comercialización, y además ya no tendría que competir con la generación de energías limpias.
El país requiere de inversiones, abrir mercados, pero con esta señal gubernamental se inhibirá la inversión en las energías limpias.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la intención de reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana en materia energética, favorece totalmente a la CFE, pues limita la participación de la industria privada en el mercado eléctrico y desmantela la estructura institucional regulatoria del mercado eléctrico actual.
Con esta contrarreforma, que el gobierno y su partido Morena y aliados, no promueve la descarbonización del sistema eléctrico, vamos para atrás y en contra de acuerdos ambientales internacionales como el Acuerdo de París (que establece generar el 35% de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables hacia el 2030), pero también se atenta con la normatividad interna como es la Ley de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética.
No es exagerado decir que el camino a la catástrofe se va allanando por esta tendencia de nacionalismo-populismo añejo, cerrado y obsoleto. Estaremos obligados a consumir energía eléctrica sucia, cara y altamente contaminante.
Sin duda, con la implementación de la contrarreforma, México enfrentará sanciones comerciales internacionales como es el caso del T-MEC y otros tratados, vendrán la imposición de aranceles de carbono por el uso de combustibles fósiles, y todo ello acarreará severos impactos a la economía nacional, aunado a la inexorable salida de capitales.
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