¿Por qué hacer una contrarreforma eléctrica si todos saldremos perdiendo tarde o temprano, incluyendo el gobierno que la propone? Salvo, quizá, algunos sindicalizados en la nómina de la CFE, que con el reciente cambio a su esquema de pensiones pueden jubilarse a los 45 años y quedar así durante cuatro décadas o más… mientras haya dinero de los impuestos.

Alguien podría decir que contribuye a afianzar a un grupo y a un proyecto político, al hacerse de otro instrumento de control, a través del monopolio y la captura de un sector tan importante. Podría ser, pero habría otras maneras de empoderarse menos costosas y a la larga contraproducentes. Por esta vía, éste y los sucesivos gobiernos se toparán con cada vez menos recursos y más problemas que, más temprano que tarde, generarán conflictividad social, con los sectores productivos y con otros países.

Eso inevitablemente ocurrirá cuando ya no haya dinero para pagar los subsidios al consumo, al dispararse su costo por haber sacado de la estructura a los generadores de energía más barata. No hay de otra, si se promete vender barato y se toman decisiones que harán que suban los costos.

También, antes o después, cuando se multipliquen los apagones por falta de inversión en generación, transmisión y distribución; cuando no haya para el mantenimiento, la operación y el servicio regular. Máxime ante picos en los precios internacionales de insumos como el gas, clave para la generación eléctrica. Ni la CFE ni nuestro gobierno pueden tener el control de ello, por más que en la retórica de la contrarreforma se hable de soberanía.

Las importaciones por gasoductos representan ya más de 75% del suministro de gas natural en México. Incluso la calificadora Moody’s, al hablar de potenciales implicaciones negativas en la calificación crediticia del país por esta contrarreforma, destaca que el enfoque en combustibles fósiles aumentaría esa exposición de riesgo.

Efecto dominó

Siempre queda el recurso de la deuda, pero el problema es que las decisiones que se toman hacen que ésta salga cada vez más cara. Ya Pemex perdió su grado de inversión y paga una sobretasa muy alta, aunque no al nivel en el que estaría si no fuera por las transferencias que se le hacen desde el gobierno. Con esta contrarreforma, el perfil crediticio de la CFE puede deteriorarse rápidamente, y también puede verse afectado el de la deuda soberana.

Los problemas no tardarán en destaparse cuando haya que hacer más recortes al gasto público para sostener las pérdidas masivas en Pemex, a las que sumarán las ahora también masivas de la CFE. Igualmente, cuando se profundice el desempleo y la precariedad laboral porque la sequía que hoy vemos en materia de inversión productiva entraría en una fase más acentuada y crónica debido al golpe a la confianza en términos de incertidumbre jurídica y discrecionalidad política. Además, a mayor largo plazo, por la erosión de la competitividad del entorno de negocios, de entrada, porque no habrá una perspectiva de suministro energético seguro y barato.

Más problemas aún, cuando la afectación llegue por goteo y luego en cascada a la economía de los hogares: al subir los costos energéticos en muchos sectores, difícilmente no ocurrirá lo mismo en diversos productos de consumo, al incrementarse los costos de producción. A menos que ahí se quiera crear también monopolios o controles de precios, lo que derivaría en escasez o inflación forzada. Sería una espiral de deterioro, como la que les ha tocado vivir a los venezolanos. El riesgo, altamente probable, es desatar ese efecto dominó.

A esta contrarreforma no se le ve sentido porque en realidad no lo tiene. Aquí hay más de obstinación ideológica y política que de estrategia política, ya no digamos energética y económica. Por donde se le vea, es un perder-perder.

Consumidores y empresas necesitan energía confiable y a bajo precio, además de limpia, para que no afecte la salud en nuestras ciudades por las partículas que respiramos, ni contribuya a acentuar el calentamiento global que pone en riesgo a la humanidad entera. La propuesta de contrarreforma, en cambio, centra su motivación en nociones abstractas de soberanía y acusaciones contradictorias y sin pruebas de supuestos abusos.

La soberanía no puede depender de que el Estado produzca el 54% de la electricidad, o el 100%, menos aún si ello significa multiplicar pérdidas a costa del dinero de todos los mexicanos, acabar con valor económico e inversiones.

Malos precedentes

Los argumentos contra este paso al despeñadero energético y económico no dejan de acumularse. Como ha subrayado el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), además de la limitación al acceso a energía asequible, segura, sostenible y suficiente, primero para empresas y luego las familias, iríamos en sentido contrario a los esfuerzos internacionales por las energías limpias y renovables, alejándonos de una transición energética firme y ordenada. Es dar espaldas al futuro.

Hay que insistir en que el clima de inversión quedaría golpeado en la línea de flotación. Como lo confirma la percepción de este Consejo que integra a multinacionales con subsidiarias en México: la iniciativa afecta la confianza y la certidumbre indispensables para el mantenimiento y la llegada de nuevas inversiones, porque implica modificaciones retroactivas.

Además, como señala su comunicado, con la eliminación de las comisiones Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos, así como la absorción del Centro Nacional de Control de Energía en la CFE, no sólo se alteraría el diseño institucional del sector energético: se impondría un muy mal precedente para la desaparición de otros órganos reguladores autónomos, los cuales han garantizado condiciones parejas de competencia y son contención a la discrecionalidad y la falta de transparencia y razones técnicas en la toma de decisiones.

A las empresas globales les preocupa, asimismo, la vulneración de tratados internacionales, sobre todo el T-MEC, en el cual se establece que no debe haber limitaciones a la inversión o a la prestación de servicios que sean más estrictas a las existentes, además de que se debe garantizar la no discriminación a agentes económicos por parte de las autoridades. Incluso mencionan la incongruencia con los objetivos planteados recientemente en el Diálogo Económico de Alto Nivel con Estados Unidos para lograr una mayor integración regional.

Hay que escuchar sus argumentos porque tienen que ver con un sector que contribuye a generar alrededor de 10% del PIB y con la mirada a México desde el mundo corporativo.

¿Más emisiones de carbono, pérdidas para el Estado y costos para todos a cambio de qué?

La parte ambiental es clave: desde el punto de vista del CEEG, nuestro país iría en sentido contrario a la agenda del cambio climático, la cual comparte en gran medida el sector corporativo con amplios segmentos de la población, particularmente los jóvenes, como lo menciona. Y con ello, la preocupación por enfrentar aranceles fronterizos sobre todo tipo de productos por su huella de carbono en industrias clave como la automotriz. Tan claro como que “no es justificable, en ningún sentido, utilizar combustóleo en la generación de electricidad como resultado de una ineficiente capacidad de refinación”.

Estamos ante una coyuntura en la que, en efecto, a diferencia de otros temas y controversias, agrupaciones empresariales coinciden con organizaciones ambientalistas, como por ejemplo, Greenpeace. Hay que leer el comunicado que sacó su oficina en México: deja claro que las energías renovables, que en el texto de la propuesta de reforma son mencionadas con menosprecio como “intermitentes”, no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que probablemente no serían contempladas, a pesar de sus costos más bajos.

Greenpeace México advierte, tal como el Consejo de Empresas Globales, que esta reforma implicaría mayor uso de carbón y combustóleo, de alto costo para la generación, la salud y el medio ambiente. Y que todo eso “tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir, los impuestos”.

Esta organización ambientalista manifiesta que “no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados”. Su punto principal es que “la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero”, pero también muestra su preocupación por que desaparezcan los órganos reguladores del sector y que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico.

Si a todo ello le sumamos que, como calcularon analistas de Citibanamex, la contrarreforma podría costar alrededor de 85 mil millones de dólares, o hasta 6.6% del PIB, como factura de compensaciones e indemnizaciones a entidades privadas por los daños y por los gastos de los litigios por las demandas (nacionales y de laudos internacionales), es aún más pertinente la pregunta: ¿qué necesidad?

Además, el análisis previene de un deterioro significativo de la perspectiva macroeconómica del país, lo que incluiría, potencialmente, la pérdida del grado de inversión de la deuda soberana, advirtió el banco en una nota especial sobre los costos de la iniciativa. Considera que las consecuencias serían mucho más profundas que las de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco: por una parte, las inversiones expuestas son mucho mayores y se han acumulado desde hace más tiempo; por otra, porque la electricidad y sus costos inciden directamente en la producción agregada del país y en la actividad económica en general.

Recordemos que en un análisis de la misma institución fue donde se habló primero de un “error de octubre” sobre esa cancelación y la irregular consulta que se realizó para ello, en alusión al “error de diciembre” que suscitó la crisis económica de mediados de 1994.

Como nación no podemos permitirnos tantos costos en contra sólo por un proyecto ideológico y político. Ojalá haya congruencia en la Alianza Va por México en su integridad. Se presenta una prueba real para demostrar lo ofrecido al país. Desde luego, de parte del PRI, que promovió la reforma del 2013 que ahora se pretende revocar. Inclusive, fuera de la Alianza, en el Partido Verde, por mínima congruencia con las banderas ambientalistas que postula.

México no puede autoinfligirse un daño de tales proporciones contra su futuro.

• Paradojas y limitaciones de un aeropuerto político
• Sacudida inflacionaria y presupuestal en México por la invasión a Ucrania
• ¿Parlamento Abierto? Sobre advertencia no hay engaño ante la contrarreforma eléctrica
• Los datos de la terca realidad
• ¿Crecimiento o estanflación? Perspectivas económicas globales 2022