Después de dos semanas de reuniones intensas, científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), han manifestado que las consecuencias devastadoras del calentamiento global ya son inevitables.

Como señala el informe, los seres humanos hemos calentado el planeta uno 1,1 grados Celsius desde el siglo XIX, entre las principales causas, por la quema de carbón, petróleo y gas para obtener energía.

“México, por desgracia, es uno de los tres países del mundo en cuanto a la falta de acción para proteger el clima y en optar políticas no sustentables que generan más emisiones de carbono”, declara Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM).

Pero pese a todo, México aún tiene la posibilidad de implementar estrategias para fortalecer la política de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), solo tiene que contar con rutas de descarbonización para los sectores que en conjunto, aportan 51% de las emisiones: electricidad, petróleo y gas, además del transporte.

¿Sencillo no? Datos de la iniciativa señalan que el sector eléctrico requiere duplicar la participación de las energías renovables en 2030, retirar las centrales de carbón y combustóleo; reducir la participación de tecnologías de ciclo combinado a gas natural, e incentivar tecnologías de almacenamiento y la generación distribuida.

Para el sector industria de petróleo y gas, Fernández propone un potencial de reducción de emisiones de 25,3 millones de toneladas de CO2 al 2030. De este potencial, 57% se lograría con medidas de mitigación económicamente rentables como la reducción de fugas de metano en las actividades de procesamiento de gas; eficiencia energética en los procesos de refinación de petróleo y cogeneración.

En tanto, el sector transporte tiene un potencial de mitigación de 210 MtCO2 anuales para el 2030, y hasta 309 MtCO2 para el 2050, pero sólo se logrará si se desarrolla una estrategia de movilidad orientada a evitar los viajes de pasajeros y carga; desplazar los viajes a modos de transporte sostenible, y mejorar la eficiencia energética mediante la transición a combustibles más limpios.

¿Cómo va México en la transición a las energías limpias?

Constitucionalmente, el sector energético mexicano fue reformado en diciembre de 2013. Dicha reforma tuvo por objeto ampliar el papel que el sector privado jugaba en la producción de hidrocarburos y electricidad del
país.

Entre los principales argumentos del Gobierno Federal durante el sexenio de Peña Nieto, a favor de los cambios Constitucionales propuestos eran la falta de recursos para invertir, los altos riesgos inherentes a las actividades de exploración y producción, así como la dificultad técnica y financiera para explotar el petróleo en aguas profundas.

Sin embargo, para inicios de febrero 2021, la Presidencia de la República envío al Congreso Mexicano una iniciativa preferente para reformar Ley de la Industria Eléctrica que representa un retroceso en términos ambientales.

La propuesta aprobada el 23 de febrero en la Cámara de Diputados, privilegia el uso de combustibles fósiles como el combustóleo, sobre las energías limpias.

La Secretaría de Energía (SENER) reconoció en su documento más reciente, que el Estado mexicano incumplirá con algunos de los compromisos pactados en el Acuerdo de París.

En el marco del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el organismo advierte que no solo resentiremos la desaprobación de la comunidad internacional por no contribuir al principal esfuerzo global por mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 1.5°C, sino que seremos los mexicanos -además de responsables- víctimas de las consecuencias cada vez más palpables del cambio climático.

En su momento, por el 2016, nuestro país se comprometió a que en 2024, el 35% de la energía generada en territorio nacional sería producida con tecnologías limpias, sin embargo, esa meta que cuyo cumplimiento parecía razonable, ahora se ha vuelto inviable debido a las políticas implementadas en el sector eléctrico en los últimos dos años y medio.

De cara a la Cumbre de Ambición Climática, México no anunció nuevas metas para contrarrestar la generación de GEI, sino que redujo la meta original de 35% a un 22%, lo que dejó en evidencia la falta de compromiso que tiene el Gobierno Federal ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores contaminantes.

La Ley de la Industria Eléctrica y las reformas constitucionales en materia energética, sostienen que las centrales eléctricas de la CFE mantengan una participación de cuando menos 54% de la producción de la energía eléctrica del país, generando un clima de incertidumbre entre los participantes privados de la industria eléctrica que desincentiva la inversión en energías limpias.

Más allá de la vergüenza y del oprobio a nivel internacional, Adrián Fernández lamenta que el incumplimiento por parte del Estado sea “un reconocimiento implícito de la fallida política de la administración actual en lo que se refiere a la transición energética del país. Además de que el incumplimiento nos costará miles de millones de dólares”.

Panorama nublado ante el T-MEC

A pesar de ser el segundo país más contaminante del mundo (responsable del 13% de las emisiones globales), Estados Unidos tiene la ambiciosa meta de alcanzar cero emisiones netas para el 2050 y con ello amplia las posibilidades de una nueva dinámica global y en la relación bilateral con México.

Bien por el planeta, mal por nosotros. De no cumplir los compromisos pactados en el acuerdo internacional con Estados Unidos y Canadá, México podría verse en riesgo de que los reclamos de republicanos y demócratas se vuelvan represalias comerciales en un futuro no muy lejano.

“El impuesto de carbono podría ser un gran problema para nosotros. Biden está tomando medidas para asegurarse de que las importaciones extranjeras tengan los mismo costes climáticos que los productos fabricados en su país, ¿qué pasará con nosotros? Fácil, nuestro país que en materia energética usa demasiado carbón y produce muchas emisiones contaminantes para la elaboración de acero, aluminio y cemento, se enfrentará a un arancel del 30% por no tener maneras de producción más limpias y amigables con el medio ambiente”, abundó Adrián Fernández.

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