“Mi abuela nos dice que no debemos de tomar el agua contaminada. Nos da miedo porque no sabemos lo que tiene. Pero yo sí he tomado y sabe feo”.

Fernanda tiene 11 años y no recuerda el derrame mineral sobre los ríos Sonora y Bacanuchi que ha comprometido la salud ambiental y la de los pobladores en ocho municipios del estado.

Aún con altos índices de contaminación, los pobladores de Aconchi, Arizpe, Banamachi, Baviacora, Cananea, Hermosillo, Huepac, San Felipe y Ures -en su mayoría municipios agricultores-, requieren agua de los ríos y las norias para mantener el sector agricultor y ganadero de la región; en el caso del municipio de Ures, cerca de 44.5 millones de metros cúbicos al año son necesarios para mantener a la población que vive de la agricultura y la ganadería.

Hoy 6 de agosto, se cumplen siete años desde que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de una presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, la tercera productora de cobre más grande del mundo.

Con un saldo de 22 mil personas contaminadas en ocho municipios, este derrame está considerado como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

Según datos de la Conagua, se calcula que el derrame aportó una masa de 74.8 toneladas de metales al ecosistema, entre ellas, se encontraron grandes cantidades de hierro, aluminio, manganeso y zinc.

A finales del año 2020, la Cofepris reconoció que tras nuevos muestreos realizados en 69 pozos y domicilios particulares, el 98.28% de los pozos excedían las cantidades permitidas de arsénico y el 57.81 de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000).

Hasta el momento y pese a las evidencias, no se ha reportado que las dependencias federales como la Copefris, la Comisión statal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) así como las mismas autoridades de los siete municipios, hayan desarrollado acciones para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria.

Siete años sin resultados

Al no haber reparación del daño a los habitantes de los municipios afectados por la contaminación del Río Sonora y Bacanuchi, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) exigieron medidas cautelares a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que rindiera resultados.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), organización que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS, mencionó que entre las medidas solicitadas se encuentran la de canalizar a la población afectada, lo que podría ascender a miles de personas, explicó, a centros de salud adecuados para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados.

Además, se pide la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados así como un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y demás autoridades competentes restablezcan la calidad del agua del uso y consumo humano en los municipios afectados.

“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más este asunto. Urge una respuesta”, asegura Hopenhaym.

Por su parte, integrantes del CCRS emitieron un comunicado donde fijan su postura respecto a la inactividad federal desde el desastre ambiental provocado por el derrame minero que data hace siete años. En dicho comunicado expresan que las autoridades niegan la existencia de la contaminación y buscan aprovecharse de la situación.

“Nunca hicieron una remediación integral. Nos da miedo que nos arrebaten lo poco que queda. Más empresas mineras significan menos agua para nuestras familias”, expresa Francisca García, miembro del CCRS del municipio de Aconchi.

Cronología del desastre ambiental

El 6 de agosto de 2014, la empresa minera Buenavista del Cobre (filial de Grupo México) derrama 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi.

El agua contaminada avanza por los 254 kilómetros de los ríos llegando finalmente a la presa El Monolito, que surte de agua a Hermosillo, la capital del Estado.

Al día siguiente, los pobladores de la región dan cuenta de la inusual coloración naranja en el agua de los ríos y el 10 de agosto la Conagua restringe el uso de agua en el río y en los 322 pozos y norias ubicadas a menos de 500 metros del río contaminado.

El 12 de agosto, siete días después de la catástrofe, la empresa minera Buenavista del Cobre reconoce el derrame alegando que el incidente fue ocasionado “por lluvias intensas por arriba de la media”, sin embargo, la Conagua desmiente la versión y acusa directamente a Buenavista por irresponsabilidad de los desechos.

El 4 de septiembre, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anuncia un plan para vender y promover los productos del Río Sonora. Afirma que el derrame “no generó estragos en los productos”.

20 de marzo de 2015, la Profepa multa a Grupo México por 23 millones de pesos. De acuerdo con los CCRS, la multa representa el 0.00016% de los ingresos de la empresa ese año.

Tras una serie de eventos entre las comunidades y la empresa minera Grupo México, el 7 de septiembre de 2016, Pavel Suyandziga, Relator de la ONU señaló que la contaminación en Río Sonora “es un ejemplo de violaciones a derechos humanos por parte de la empresa” y se pide que se atienda las medidas necesarias.

26 de octubre de 2018, Tribunal Latinoamericano del Agua responsabiliza al Estado mexicano por incumplir sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento en el caso Río Sonora.

Finalmente, el 4 de julio de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el “Plan Integral de Atención a Cananea” en Sonora, que incluiría revaluar la magnitud del daño causado por Grupo México, la reactivación del FRS, así como la revisión de pozos y concesiones de agua. Ante los CCRS, prometió que en tres meses habría una respuesta.

Un mes después del pronunciamiento del presidente, miembros del CCRS anuncian la presentación ante la Profepa de una solicitud de medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de ocho municipios, el pleno acceso a agua limpia y la reubicación de los pozos contaminados con metales como arsénico y plomo. Asimismo, piden un alto a la simulación y visibilizar impactos de las comunidades.

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