Se ha dicho que el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal fue como un diálogo de sordos. Que reflejó una postura inamovible de los promotores de la contrarreforma, sea por descalificación de entrada o indiferencia a los argumentos contrarios o preventivos expuestos. Que se deja todo a la negociación tras bambalinas, fuera de la luz pública, o bajo la consigna de “no mover una sola coma”. Ambas actitudes son inaceptables para la principal instancia de representación ciudadana y en un régimen de división de poderes, máxime ante un dilema de tal calibre.
Ojalá no sea el caso. Que los diputados estén realmente escuchando las razones técnicas y no sólo las políticas, para que entiendan el golpe que darían a México de aprobar cambios constitucionales como los propuestos.
Por lo pronto, aun si los foros se desahogaron como un simple trámite, son ya un testimonio de advertencia oportuna. Un registro de que los legisladores han tenido acceso a información precisa sobre las consecuencias previsibles de las decisiones que tomen.
En este ejercicio de consulta pública se han presentado razonamientos técnicos puntuales, con datos duros, que dejan claro las contradicciones insalvables de la iniciativa y el costo incalculable e irreparable que implica para el país. Más allá de la retórica ideológica y política, se han planteado con concreción alternativas para los supuestos propósitos de la iniciativa, sin necesidad de cambiar la carta magna y comprometer el futuro nacional.
Modelo de hace 60 años
Una participación que sintetizó las razones por las que no debe pasar la reforma, ni es corregible en esencia, fue la del Ingeniero Químico, consultor en energía y medio ambiente, Francisco Barnés de Castro –ex Rector de la UNAM, ex subsecretario de Políticas Energéticas y Desarrollo Tecnológico y ex Comisionado la Comisión Reguladora de Energía–, dejó claro que en algo tan crítico como un sistema eléctrico nacional no se puede improvisar.
Que los más exitosos sistemas responden a modelos cuidadosamente planeados y consensados. Siempre son perfectibles, pero ello no significa que puedan ser tirados, así como así, por la borda. Por su complejidad, requieren solidez en los fundamentos, tanto como flexibilidad para ajustes. Máxime ante la rápida evolución tecnológica y el desafío climático que hoy en día marcan el contexto del sector energético, de la economía y de un país como el nuestro.
Ir a un modelo de hace 60 años, y amarrarlo constitucionalmente, sería un grave error: como abrir la caja de pandora y hacer muy difícil la corrección.
Cuello de botella constitucional
Como señaló Barnés de Castro: se elevaría a rango constitucional una cuota injustificada y arbitraria, como porcentaje específico de generación eléctrica que debe estar a cargo del Estado, vía la CFE (54%). Ni siquiera queda claro si aplicaría al despacho (¿en función de horario?), al mercado eléctrico (¿por día?) o la planeación (¿anual, sexenal, décadas?).
Como ha señalado el jurista Miguel Carbonell, esta contrarreforma implicaría un cuello de botella constitucional para el futuro: qué otra Constitución en el mundo puede señalar un detalle de porcentaje así. En el supuesto de que la CFE no pudiese cumplir su parte, estaríamos ante una disyuntiva de violar la constitución o enfrentar apagones.
Ese no es un escenario improbable: esta administración no podido licitar ni construir una sola central de energías renovables o de ciclo combinado. Recién se informó que quedaron desiertas las licitaciones de seis centrales de ciclo combinado, así que, al margen de los rezagos heredados, todo indica que el sexenio acabará sin ninguna nueva planta de este tipo.
El gran problema de ese rezago acumulado es que se estima que para cubrir el crecimiento de la demanda eléctrica en México hay que invertir unos 160 mil millones de dólares a mediano plazo, entre generación como en transmisión y distribución. De acuerdo con Barnés de Castro, 3 mil millones de dólares anuales.
Se estima que la demanda crece al 2% anual, por lo que se necesita capacidad de generación adicional por entre 2 y 3 gigawatts anuales. Esto requeriría echar a andar dos nuevas centrales grandes de ciclo combinado de última tecnología al año, cuya construcción, típicamente, toma hasta 30 meses.
Para hacerse una idea, la central de ciclo combinado que iba a construir Iberdrola en Tuxpan, Veracruz, y canceló en 2020, implicaba una inversión de alrededor de mil millones de dólares para 1.2 gigawatts. Una alternativa sería instalar unos 6.2 millones de paneles fotovoltaicos por año. ¿Cómo podríamos hacer lo uno o lo otro con la camisa de fuerza autoimpuesta de esta contrarreforma?
Razones puntuales de por qué no
Esta reforma crearía un sistema más restrictivo para la participación del sector privado que el previo a la reforma de 2013, sin ningún estudio serio que muestre que esta última perjudica a los usuarios. Todo lo contrario.
De entrada, cancelaría el derecho de usuarios calificados a contratar y recibir electricidad de fuentes que no sean la CFE, en detrimento de la competitividad de industria nacional. Adicional al absurdo de utilizar recursos públicos para suministrar energía a quienes pueden proveérsela por sí mismos, y así lo hacen porque la requieren en mejores condiciones de precio, confiabilidad o fuentes limpias. Algo que consiguen no por abuso, sino porque invierten para ello.
Como resaltó Barnés de Castro, se impondría un cambio radical al modelo de negocio de inversiones por 60 mil millones de dólares en unas 800 centrales, contraviniendo acuerdos internacionales firmados por el país.
Se acabaría con permisos y contratos de privados, afectando a una larga cadena de inversionistas nacionales y extranjeros. Estos serían liquidados, bajo el señalamiento de ilegalidad, sin previa resolución judicial. Ni la CFE ni el gobierno han podido demostrar eso ante un tribunal. Al contrario: hasta ahora han perdido en los litigios y frente a los amparos que se han interpuesto.
En el mismo sentido, con la contrarreforma habría una modificación tan radical como arbitraria de las reglas de despacho a la red, que hoy dan precedencia al mejor precio, para en adelante privilegiar a las centrales de la CFE. Así, se afectan los derechos de inversionistas y el interés de los usuarios, incluyendo a la propia empresa del Estado: al anteponer la energía de las centrales más viejas, ineficientes y contaminantes, necesariamente se elevarían los costos para el suministro básico que ésta provee.
Jueces y tribunales han determinado, hasta ahora, que cambios como los que se proponen son anticonstitucionales, ante amparos interpuestos contra la reforma secundaria que se hizo recientemente y actos de autoridad en el mismo sentido. Si se pretende forzar las cosas deformando la Constitución, el problema seguirá, con magnitud mayor. En principio, habría que demostrar la supuesta ilegalidad de los contratos y superar el principio de no retroactividad.
Al cabo, las empresas que no puedan pelear jurídicamente en México, irán a arbitrajes internacionales, con un costo exponencial para México en dinero y reputación. Todo el proceso ahuyentará inversión, no sólo en energía, sino en industria, en general y en otros sectores.
Por si no fuera suficiente, la contrarreforma otorga a la CFE plena autonomía, y constitucional, para regularse a sí misma y a otros actores del sector eléctrico y más allá de éste. Sin contrapesos, como juez y parte. Dado que ese control discrecional a la empresa se extiende a la transición energética, unilateralmente podría dictar disposiciones para la industria, el transporte, la investigación científica y tecnológica.
Costos
Sin abasto eléctrico seguro en suministro y de costo competitivo, y con tales muestras de incertidumbre e indefensión jurídica, ¿qué pasaría con la inversión en nuestro país?
Por lo pronto, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos calcula que el costo de generación total aumentaría entre 31 y 52 por ciento. De acuerdo con los datos del estudio que recién publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la contrarreforma, la CFE enfrentaría sobrecostos de más de 3 mil millones de dólares anuales para cumplir con sus disposiciones.
A la par que se dispararía el consumo de combustóleo en termoeléctricas obsoletas. Esto proyectaría las emisiones de contaminantes que envenenan el aire, como dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Las de dióxido de carbono, principal causa del cambio climático, subirían 65 por ciento. Se haría imposible cumplir con obligaciones legales y compromisos de México sobre emisiones de contaminantes, gases invernadero y participación de energías limpias. ¿Cómo medir esos costos?
Por lo pronto, más de 13 mil megavatios renovables y limpios pasarán a ser despachados después de la electricidad de las centrales más ineficientes y contaminantes de la CFE. Si en este momento no estamos cumpliendo con el Acuerdo de París; menos con la contrarreforma.
En suma, nuestro gobierno y los mexicanos tendríamos que pagar mucho más por la electricidad. Se reduciría radicalmente la inversión. Nos haríamos de una reputación de falta de seriedad en Estado de derecho y medio ambiente, que será muy difícil de quitarnos de encima. Para salir de esos problemas, habría que ir a otra reforma constitucional, con mayorías calificadas en el Congreso y en las legislaturas estatales.
No podemos permitirnos darnos este balazo en el pie. Menos en las circunstancias actuales.
Ojalá que las razones técnicas y objetivas que se puntualizaron y explicaron en el Parlamento Abierto no caigan en saco roto. Sobre advertencia no hay engaño. Los legisladores, cuya responsabilidad es con el interés de los mexicanos, antes que con las ideas subjetivas e intereses políticos de un grupo, cuentan con información concreta sobre las consecuencias objetivas de su decisión.
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