Resulta que los jueces se sienten en riesgo y acuden a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en busca de protección. Todo ello consecuencia de las resoluciones que algunos de los hombres de la toga dictaron a favor de empresas privadas productoras de electricidad.
Recientemente el Congreso de la Unión aprobó Reformas en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual, según se dice, favorecía a la Comisión Federal de Electricidad, Organismo Público Descentralizado encargado de producir y distribuir energía eléctrica en todo el país, tanto en ámbitos rurales, como urbanos. En este sentido hay dos puntos de vista, por un lado, el Gobierno Federal acusa abusos por parte de empresas particulares que producen energía eléctrica, inclusive utilizan arbitrariamente los medios y ductos oficiales de la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por otro lado, se precisa que el gobierno es injusto y atenta contra la iniciativa privada y el libre comercio, ya que tales empresas producen energía eléctrica a menores costos que la CFE; en fin, dos criterios diversos, ante ello el Ejecutivo Federal, con sendas iniciativas y el Congreso de la Unión, decidieron cambios a la Ley de la Industria Eléctrica.
Una vez publicada la Reforma, las empresas privadas decidieron ampararse. La Institución del amparo es un mecanismo histórico de gran relieve, mediante el cual se evitan los abusos de la autoridad; a través del amparo se protegen los derechos intrínsecos del ser humano, como lo son diversas formas de libertad, así como su derecho a una justa impartición de justicia. Este proceso de amparo se encuentra en manos del Poder Judicial Federal; la técnica es simple, un particular que se considera afectado por una decisión de autoridad, en el caso concreto por la aplicación de una ley, presenta su solicitud de amparo, lo hace ante el denominado juez de distrito, quien tiene la facultad de otorgar lo que se denomina suspensión provisional y después suspensión definitiva, que tienen el efecto de “parar” el acto de autoridad o el cumplimiento de una ley.
Este fue el caso al publicarse la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, los particulares afectados acudieron ante jueces de distrito, quienes varios de ellos en forma “veloz” otorgaron suspensiones; por supuesto no son definitivas, viene un proceso y al final se les dicta una sentencia por la cual se ampara o no al promovente; si se ampara, el acto de autoridad con la ley queda sin efecto, o sea, no se cumple. Si no se ampara, la ley se cumple. La situación se encontraba dentro de los cánones establecidos, lo que resulta sospechoso es la rapidez con la que algunos jueces de distrito favorecieron a los productores privados de energía eléctrica y con lo cual, también de manera insólita, otorgaron suspensiones, “dando al traste”, a las Reformas de la Ley de la Industria Eléctrica.
Es una época sumamente compleja, principalmente para el ámbito de los juzgados. Bien se sabe que la justicia es lenta y que los trámites son desesperantes. Los juzgados se rigen por la ley del “tortuguismo”, no hay prisa y menos deseos de resolver asuntos, esto sin duda es un gran ingrediente de la corrupción. Nadie de manera sensata puede creer en el comportamiento honesto de los jueces, quienes se “venden” al mejor postor, además la consigna es cotidiana, esto es, se encuentran al servicio del Poder Ejecutivo o bien, de sus superiores, así las picardías y todo tipo de inmoralidades se encuentra en los juzgados, a los que bien se les puede considerar “cuevas de Alí Babá”.
Cuando los solícitos jueces otorgaron suspensiones, el Ejecutivo Federal mostró su desacuerdo, inclusive pidió una investigación ante un órgano del propio Poder Judicial, denominado Consejo de la Judicatura. El caso es que ello enfadó a diversidad de jueces y no faltaron los abogados “influyentes” que les apoyaron y a quienes se les conoce por su cercanía y nada decente relación con los encargados de impartir justicia, como los propios Jueces, Magistrados y hasta Ministros de la Corte, con quienes tienen lasos corruptos.
Fue impactante como se unieron contra el Ejecutivo Federal, a quien acusaron de arbitrario y acosador; es verdaderamente indignante el cinismo; los jueces corruptos se sienten afectados y se acoplan con sus “compinches” para alegar infamia o injusticia. Nótese, los inmorales ahora se sienten afectados y acuden desesperados a instancias internacionales para aclamar ayuda. Es momento de considerar la putrefacción de los juzgados. Insistimos, lo que resulta inverosímil es la rapidez con que actuaron, cuando bien sabemos, todo es lento, sobre todo en esta época. También es evidente la gran dosis de picardía en estos ámbitos, lo que se puede concluir con medidas radicales.
México esta urgido de buenos jueces, honestos, capaces, amables e intachables. Tengamos presente lo sucedido el 31 de diciembre de 1994, cuando los que eran Ministros de la Corte fueron cesados. Bien podría considerarse, en condiciones más adecuadas, una decisión de esa naturaleza.
Fuera jueces inmorales, con intereses creados siempre en perjuicio de México y los mexicanos.
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