La esperanza de impunidad es el mayor incentivo para hacer el mal.
Marco Tulio Cicerón.
El servicio público mexicano está infectado por la corrupción. Se constata, día a día, con la aparición frecuente de casos confirmados y otros cuyas características generan conjeturas en este sentido. Se cree que este grave mal únicamente reside sólo en el gobierno y no en la sociedad.
La corrupción proviene de la impunidad y la acompañan cuatro factores destructores de la confianza: la simulación, la mentira, el engaño y el fraude.
La impunidad consiste en la ausencia de castigo. En el ámbito público se magnifica cuando atenta contra el interés general. El problema debe concentrar nuestra atención, no sólo para preocuparnos y vivir atemorizados, sino para ocuparnos y liberarnos del miedo.
México se ubica en el cuarto lugar de sesenta y nueve naciones consideradas en el Índice Global de Impunidad 2018 (Universidad de las Américas de Puebla, UDLAP), debajo de Filipinas, India y Camerún. Nuestro país es el más impune de Latinoamérica. Lo siguen Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua. El índice se basa en dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, así como la capacidad estructural instalada con la que cuenta cada Estado. La indagación considera las variables de delitos denunciados, número de carpetas de investigación integradas, sustanciadas y consignadas, y el porcentaje de éstas que culminó en sentencias.
Estimulada por la impunidad, la simulación consiste en fingir comportamientos en la interacción gobierno-sociedad. Por una parte, se aparenta el cumplimiento de las funciones en un cargo público, cuando en realidad el motivo de la simulación es satisfacer intereses personales. Por la otra, el ciudadano falsea estar al corriente de las obligaciones y cubrir los requisitos legales para obtener un bien o servicio por parte del Estado. En este proceso se esconde el propósito de eludir o evadir la observancia de la norma; aquí cabe desde el trámite más sencillo hasta la gran simulación en negocios inmobiliarios o de obra pública.
Ninguna simulación puede prosperar sin apoyarse en la mentira; esto es, la astucia para disfrazar la realidad a fin de obtener un provecho indebido del presupuesto público. Para que la mentira sea creíble son necesarios dos actores: primeramente el funcionario público con facultades de decidir sobre un asunto y el poder de adecuar los actos irregulares con un sustento legal para justificar sus decisiones. En segundo lugar se encuentra la parte interesada en que las resoluciones le sean favorables de tal forma que no arriesgue su patrimonio o su prestigio. Ambos sujetos actúan mediante transacciones subrepticias en busca de beneficios particulares.
La simulación y la mentira configuran el engaño que en el caso del sector público afecta a la colectividad, la cual cree que un bien, una obra o un servicio le permitiría incrementar su calidad de vida, aunque sea sólo parcialmente cierto. Los engaños salen a relucir cuando los fenómenos naturales se convierten en catástrofes o cuando las “fallas” son tan evidentes que hacen peligrar la seguridad de la población. Esto puede acontecer en cualquier campo de responsabilidad de la función pública.
El fraude es la suma de la simulación, la mentira y el engaño, maquinados y cometidos intencionalmente con ánimo de lucro en perjuicio del titular de los bienes que debiera cuidar. En el caso del servicio público son los bienes sociales.
En el Código Penal Federal se configuran los delitos de corrupción: el ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la desaparición forzada de personas, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito. Quienes incurren en cualquiera de estos delitos, sean personajes públicos y privados, defraudan nuestra confianza y desgarran el tejido social.
Cuando esto sucede, se comprueba y a pesar de ello no tiene consecuencias punitivas, se evidencia la vulnerabilidad de los responsables del ejercicio directo del poder y de los encargados de impartir la justicia. Se refuerza la suposición de que una conducta lesiva a la sociedad puede continuarse sin el riesgo de recibir sanción alguna. Así, se puede reincidir o ser imitado por otros, con lo cual el fenómeno se multiplica.
La impunidad en México se explica, no se justifica, por la conjunción de cuatro elementos:
- La cultura insuficiente de la denuncia, suscitada por la desconfianza en las instituciones de seguridad pública (el 93.7 de los delitos queda sin denunciar) y por la eventual indolencia de los responsables de impartir justicia;
- Las investigaciones incompletas o deficientes que ponen en riesgo la posibilidad de aplicar sanciones pertinentes;
- Sólo 0.5% de las denuncias concluyen en sentencia y muchas de éstas resultan benévolas para el delincuente. Ello abona el terreno de la impunidad;
- En México hay cuatro veces menos jueces y magistrados que en el resto del mundo; apenas cuenta con 3.53 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes; el número de agentes del Ministerio Público es de 6.27 por cada 100 mil personas; hay sólo la mitad de los policías preventivos que se necesitan. Obviamente la infraestructura es insuficiente.
Frente a este panorama desolador, somos muchos quienes no estamos dispuestos a ser víctimas pasivas de la impunidad. No basta con el hartazgo. Se requiere extender la acción organizada de la sociedad con el gobierno.
Es deseable que el Sistema Nacional Anticorrupción intensifique sus esfuerzos en disminuir sustancialmente la impunidad. Esto llevaría a aminorar la complicidad de algunos integrantes de los sectores público, privado y social para cometer delitos de corrupción.
El tema es objeto de un análisis de las posibilidades de atención eficaz, eficiente, transparente y congruente a este problema arraigado en nuestro país. Sostengo que no hemos terminado, continúa en la agenda.
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