No será fácil, aunque lo parezca, encontrar una aberración mayor en los dichos del presidente de la República, en toda su carrera pública, la advertencia o amenaza de que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (así sería si ese poder considera que esa norma viola la llamada Carta Magna), entonces enviará una iniciativa para reformar la Constitución y así conseguir que aquella ley tenga vigencia.
El despropósito del titular de poder Ejecutivo federal lo muestra como pretende ser: un presidente todo poderoso, absolutista, autoritario; un presidente que determine con su voz el movimiento de cualquier hoja del árbol de la vida pública nacional o de las manecillas de reloj de la política nacional para aplicar políticas públicas, como en la mejor para él (desastrosa para el país), época del peor priismo; aquél del “sí señor presidente”, “lo que usted diga señor presidente”, “estamos con usted señor presidente”… y los que se opongan son traidores a la patria.
Los expertos juristas en cuestiones de energía lo habían advertido: la aprobación de la iniciativa de contrarreforma energética provocaría una “lluvia” de amparos de particulares y de empresas. Sin embargo, esa iniciativa fue aprobada por la aplastante mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores sin que se le cambiara una coma siquiera, tal como públicamente lo ordenó el señor presidente, y como ocurría en los gobiernos priistas (neoliberales o no) donde los legisladores fueron simples levanta dedos, según el lenguaje popular.
En cuanto un juez admitió solicitudes de amparo de particulares contra esa ley y concedió su suspensión provisional, el titular del Poder Ejecutivo arremetió contra él y puso en duda su probidad jurídica y exigió que se le investigara su actuación. Hasta hoy ese juez (ya son dos los que han concedido esos amparos, que suman casi una treintena) no ha sido acusado de nada, pero el señor presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura ha dicho, solícito a la petición del presidente de la República, que si hay elementos se le investigará y, se supone, consecuentemente se le juzgará y sancionará. ¿De qué se le acusa? ¿De corrupción? ¿Hay alguna prueba o al menos un indicio o algún “elemento”, más allá de la creencia autoritaria de quién no está conmigo, está contra mí?
Constitucionalmente, en México existen tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), todos ellos legalmente independientes entre sí; el primer contrapeso para evitar la tentación absolutista. Es cierto que, por muchos años, esa división de poderes fue en la práctica una entelequia, pero digamos que a partir de los años 90 del siglo pasado comenzó una incipiente primavera democrática que prometía una auténtica división de poderes, ahora seriamente puesta en duda.
Hoy, el Congreso de la Unión, dominado por la mayoría de Morena, es nuevamente una simple oficialía de partes del Poder Ejecutivo, que no cambia ni una coma a las iniciativas presentadas, cuando así se los pide el presidente de la República. Ejemplo literal de ello es la Ley de la Industria Eléctrica.
Y ése es el camino que el mismo presidente quiere que recorra el Poder Judicial. Ahí la amenaza a jueces que no lo complacen o que se atreven a analizar las quejas de ciudadanos y empresas, como en este caso. Hay que recordar que el amparo es un recurso para que los ciudadanos, los particulares, busquen defenderse de los abusos que podrían cometer los tres Poderes de la Unión.
Es de desear que los asesores jurídicos del presidente de la República le hicieran comprender esta situación: que los jueces que amparan están cumpliendo con su función y que la separación e independencia de los Poderes de la Unión son condición indispensable e irrenunciable en cualquier sistema democrático.
Hasta aquí, no se ha hablado de una presunta dictadura. No, tal vez haya quien piense que existen los deseos de ella, pero todavía no. Ella se concretará cuando no se cumplan los plazos constitucionales (los vigentes) para la entrega del poder; cuando se desconozcan los Poderes Legislativo y Judicial, o cuando haciendo uso de la mayoría se modifique la Constitución para evitar las elecciones de 2024 para elegir al nuevo presidente de la República o para alargar el actual periodo presidencial.
Por lo pronto, y en el respeto a la división de poderes, si hay jueces corruptos o que no cumplen con la ley (que los ha habido y puede haberlos) es necesario, para respetar y conservar el Estado de derecho, que se representen las denuncias y pruebas correspondientes y se les enjuicie. La descalificación y el acoso mediático, así sea del presidente de la República, son una agresión vil.
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.