El poder en el ámbito político es la capacidad de ejercer el control sobre la población de un territorio determinado, es decir, el poder que detenta precisamente aquel que determina la forma de ser de un pueblo.
En México, la Constitución Política establece que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial representan el poder público. Aunque en la mayoría de las veces, la estructura del gobierno y las decisiones políticas en general se centralizan en el Poder del Ejecutivo Federal.
En los sistemas presidenciales, cuando el partido del presidente tiene una amplia mayoría en el Congreso, en muchas ocasiones el Poder Legislativo se subordina al Poder Ejecutivo. En una situación similar, se encuentra el Poder Judicial, a pesar de que en nuestra Carta Magna se menciona la “división de Poderes”; quizá porque la propuesta de ministros de la Suprema Corte es hecha por el presidente de la República, con la aprobación del Senado.
De esta manera, no sólo por nuestro sistema presidencial, sino por nuestra historia política, en México a lo largo de varias décadas el Poder Ejecutivo ha sido preponderante respecto a los otros poderes e incluso frente a los estados federados y municipios.
Es importante señalar, que la preponderancia no supone una subordinación absoluta, se han presentado situaciones, muy pocas, en donde el Ejecutivo no tiene una mayoría de legisladores que lo respalden y también existen antecedentes en donde la Suprema Corte ha anulado los actos del presidente, cuando éste afecta los intereses de un poder fáctico dominante.
Pero ¿qué son los poderes fácticos en México? Estos siempre han existido en todas las etapas de la historia de la humanidad, pues son grupos de presión conformados por individuos que comparten intereses particulares; como la defensa de ventajas materiales o la salvaguarda de valores morales que influyen en la política pública. Por supuesto que no me refiero a los partidos políticos, ya que son parte del poder público como lo establece nuestra Constitución.
He señalado que los poderes fácticos son grupos de presión de individuos formados en torno de intereses comunes particulares, lo cual excluye a todo interés general o público, por lo que considero que el concepto de grupos de presión se refiere a agrupaciones privadas. En la actualidad, quienes intervienen en las decisiones políticas gubernamentales son la élite religiosa y sobre todo la élite económica.
Existen también otros grupos de presión como los sindicatos, sectores campesinos, populares, académicos, culturales, etc. Es importante resaltar que los poderes fácticos no son los partidos políticos, el Ejército, los grupos parlamentarios o los ministros de la Corte, toda vez que pertenecen al poder público que representa el Estado.
Lamentablemente, en muchas ocasiones el poder público se suele subordinar por alguno de los poderes fácticos, principalmente por la élite empresarial, que como ya lo comenté, es el grupo de presión más influyente en la toma de decisiones gubernamentales, pues cuentan con diversos medios técnicos y financieros, cuyo rasgo más característico es la propaganda. Entre los medios que más utilizan está la persuasión, la amenaza, el soborno, el sabotaje, la fuerza, entre muchos otros.
El cabildeo o lobbying es utilizado por los poderes fácticos en los órganos Legislativo, Ejecutivo o Judicial, y consiste en que individuos que trabajan o son parte de estos grupos de presión procuren influir o impedir sobre las actividades y acciones de los tres poderes.
Mucho se ha discutido sobre la legitimidad de los poderes fácticos, agrupados en confederaciones patronales, cámaras empresariales, sindicatos de trabajadores, en organizaciones campesinas, en asociaciones por sector o diversos tipos de iglesias. No todos han logrado acrecentar sus objetivos de grupo, como los del sector obrero, campesino, sector popular y los de clases medias, quienes han sido traicionados por sus dirigentes en muchos casos, por lo que sus demandas han sido olvidadas. Todo lo contrario ha sucedido con la élite empresarial tanto nacional y extranjera, los cuales se convirtieron en las últimas décadas en el factor real de poder en la política y en la economía del país, con el argumento de que de ellos depende, en mayor medida, la creación de empleos, la producción de necesidades básicas y no básicas para el mercado.
Aunque en los últimos sexenios integrantes de los poderes fácticos han llegado a ser legisladores, integrantes del Ejecutivo Federal y quizá hasta integrantes de la Suprema Corte de Justicia, no es su interés principal hasta hoy constituirse como poder público; su principal objetivo es influir en la vida pública para preservar sus intereses de grupo a costa del interés público.
La pregunta es ¿lo lograron en la pasada elección del 6 de junio?
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