A finales de abril de este año el presidente, Andrés Manuel López Obrador envió una reforma para modificar la Ley Federal del Trabajo con el propósito de eliminar la subcontratación.

Dicha reforma fue aprobada rápidamente en lo general por el Congreso días después, hecho que celebró el mandatario nacional en una de sus conferencias matutina en Palacio Nacional.

Ayer en una sesión extraordinaria, una de las últimas que le queda a la actual Legislatura, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión social aprobaron el dictamen, en lo general y lo particular, este dictamen de reforma a la Ley Laboral. 

El dictamen se aprobó en Cámara de Diputados con una contundente votación que terminó con 372 votos a favor, 71 en contra y sólo dos abstenciones.

Este fue enviado inmediatamente al Senado donde, en un fast-track, aprobó el aplazo de un mes de la entrada en vigor de las modificaciones a la Ley, a que antes debía ser el 1 de agosto, según lo publicado en Gaceta Oficial el pasado 23 de abril, pero ahora será a partir del 1 de septiembre y a más tardar el 31 de diciembre de este año. 

En la Cámara alta del congreso, esta votación para aplazar un mes la entrada en vigor de la reforma al artículo 15 d la Ley Federal del Trabajo cerró con 85 votos a favor de la bancada de Morena, PT, Movimiento Ciudadano, PRI y PES. Mientras que los 22 votos en contra vinieron del Partido Acción Nacional. 

Todo esto le pone, prácticamente, fin a la subcontratación o outsourcing en México.

Una reforma que puede reivindicar a trabajadoras y trabajadores 

Muchos se preguntan quién gana o pierde con esta reforma a la legislación laboral mexicana, pero no es así de fácil determinar a un ganador y un perdedor, todo debe ser evaluado en su justa medida. 

Hablemos sobre quienes son el objeto de esta reforma, las trabajadoras y trabajadores. Desde 2012, cuando se aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo en la que se incluyó el outsourcing, muchos de ellos empezaron a ser subcontratados por grandes compañías.

De hecho, desde la legalización de la tercerización hasta 2019 el porcentaje de subcontratados pasó del 8.6% a 16.6% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Estas grandes empresas empezaron a subcontratar por medio de otras empresas y así se evitaban de pagarles utilidades o prestaciones a la ley. 

Además, a las trabajadoras y trabajadores no se les inscribía en ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y tampoco se les permitía generar antigüedad en la empresa. 

Esto se prestaba también para la evasión fiscal por parte de las empresas contribuyentes, particularmente en actos simulados en los que no se declaraba la verdadera relación que existía entre la fuerza de trabajo y la compañía beneficiaria. 

Todo eso sumado a las pésimas condiciones laborales a las que algunos tuvieron que atravesar, con exceso de horas de trabajo y percibiendo un salario que no iba acorde a su desempeño. 

De acuerdo con datos del INEGI en su reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 60% de las personas con un empleo formal no gana más de dos salarios mínimos al mes, es decir, 29 millones 149 mil 199 trabajadoras y trabajadores. 

Si se ve desde esta perspectiva de mejorar las condiciones laborales de millones de personas, sin dudas los ganadores son la fuerza trabajadora.

¿Qué pasará con las empresas?

En un comunicado publicado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estima que cerca de 3.1 millones de trabajadoras y trabajadores podrían perder sus empleos a causa de esta reforma a la Ley Federal de Empleo. 

En el documento exigieron que se les dé la oportunidad a las empresas de regularizar la situación con sus trabajadores hasta el primero de enero de 2022, deseo que le cumplió la Cámara de Diputados y el Senado ayer.

Con esto todas las empresas deberían de comprometerse a cumplir con lo establecido en la ley. Seguramente habrá algunas que declinarán sus operaciones en México por no tener la capacidad de ajustarse a la nueva normativa, sumado a que adoptaron al outsourcing como su método predilecto.

En el corto plazo se perderá una importante fuente de empleo porque, en estos momentos complicados – económicamente hablando – no todas las empresas harán la absorción de sus trabajadores subcontratados. 

El tiempo dictará quién resulte ganador de esta nueva legislación a la Ley del trabajo, ojalá sean las trabajadoras y trabajadores quien sean los más beneficiados y empiecen a recibir el fruto de su trabajo que tanto merecen.

Por parte de las empresas, deberán cumplir con los nuevos estatutos legales si es quieren mantener sus operaciones en México, y que garanticen lo que tanto pregonan hacer, salarios dignos y pago de prestaciones a sus trabajadores. 

Por último, el gobierno tampoco deberá estigmatizar o satanizar la subcontratación, ya que esta puede ayudar a nuevas trasnacionales que quieran iniciar operaciones en México y necesiten personal inmediato. Sólo que se deberá de hacer una legislación que comprometa a la empresa a ofrecer contratos a sus trabajadores en un periodo determinado. 

La intención es captar más empleos que sean de calidad, para que ayuden a mejorar la vida de millones.

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