La Fiscalía General de la República (FGR), no apeló la decisión del orden del juez, quien había negado las órdenes de aprehensión emitidas por la dependencia federal contra 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCACYT).  

De esta forma se finiquita el duro revés judicial de Alejandro Gertz Manero, fiscal general, ya que la dependencia que dirige no pudo comprobar que los imputados habían cometido los delitos de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. 

Sin embargo, los científicos y académicos señalados aún no se consideran como ¨victoriosos¨ ya que no descartan que la FGR insista nuevamente en encarcelarlos. 

Recordemos que la semana pasada la FGR había emitido una segunda orden de aprehensión contra una lista de 31 científicos y académicos exfuncionarios del CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), dicha petición fue negada por el mismo juez que la rechazó en una primera instancia. 

A pesar de no haber presentado pruebas contundentes la primera vez, la FGR insistió una vez más en encarcelar a estas personas sin éxito alguno, lo que demuestra la incompetencia de la dependencia. 

Por si fuera poco, para abonar a la politización de la situación, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, publicó en si twitter una serie de mensajes asegurando que el FCCyT presuntamente se gastó 471 mdp en tintorería, comidas, viajes y salarios.

Apoyo a los científicos

A favor de los acusados, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunió con un grupo importante de estos científicos y les confirmó que el Poder Judicial actuaría conforme a la ley. 

No sólo eso, sino que cientos de científicos, académicos, la UNAM y distintos miembros de la sociedad civil mostraron su apoyo a este grupo de científicos que están siendo señalados por la FGR. 

Esto evidencia que, en este caso en particular, Alejandro Gertz tiene claras intenciones de cobrar venganza contra las científicas y científicos que criticaron su nombramiento de nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Deseo que se le había negado los últimos 11 años por no cumplir con los requerimientos necesarios y que, de un momento a otro, mágicamente se lo otorgó María Elena Álvarez-Buylla, directora del CONACYT. 

La ya desgastada imagen del fiscal general queda aún más evidenciada con este caso y sólo refuerza lo que muchos ya opinan, que debería poner el cargo a disposición y entregárselo a alguien más competente.

Pero sabemos que eso no va a ocurrir, puesto que se aburguesó de los poderes que su cargo le permite, además de ser uno de los consentidos del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras se empecina en encarcelar científicos, afuera, en el país de las crudas realidades, abandona a madres que buscan a sus hijos desaparecidos, abandona a mujeres abusadas por delincuentes y abandona a las mujeres víctimas de trata de personas.

La justicia debería estar a disposición de todas y todos los mexicanos, no a merced de los intereses personales de quien la ejerce, como es el caso de Gertz Manero. 

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