Desde muy joven coincidí con las ideas y principios que dieron origen a la lucha revolucionaria de 1910 y que se plasmaron como proyecto de nación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el cual se resumen en un postulado que, a la postre, se fue pervirtiendo hasta convertirse en un “lema” partidario a modo de eslogan publicitario: “Democracia y Justicia Social”.
Entendí la democracia como un estilo de vida basado en la libertad como valor fundamental, en el se reconoce la dignidad de la persona, se respetan sus derechos fundamentales y predomina la tolerancia de opiniones ideas y preferencias; en la que deben existir igualdad de oportunidades y una sinergia para alcanzar el bienestar de todos; para lo que debe existir un gobierno que funcione como instrumento para ello, con un poder limitado por la ley cuya finalidad es generar las condiciones para que las personas se desarrollen plenamente.
La justicia social es, en consecuencia, el fin último de la democracia. Es la meta para lograr una sociedad equilibrada, igualitaria y equitativa en la que los individuos puedan alcanzar su bienestar particular sin que con ello se limite o afecte el de los demás. Es, en síntesis, la materialización el gran anhelo liberal en el que cada uno viva su vida como quiera y que pueda desarrollarse en total independencia.
A lo largo de la historia, cientos de miles de mexicanos dedicaron sus vidas para aportar a la construcción de los cimientos de ese anhelo; muchos se vieron materializados en las líneas de nuestra Constitución; con base en ellas, otras tantas planearon y crearon instituciones y procedimientos para consolidar la justicia social.
Sin embargo, tras doscientos años de vida independiente de la nación mexicana, las ambiciones se han apoderado de principios e ideologías para prostituirlas y transformarlas en complejos mecanismos de mercadotecnia con la única finalidad de garantizar el acceso al poder gubernamental, sin que quienes las utilizan estén comprometidos con esos principios que dieron origen a la nación mexicana.
Los partidos políticos, cuyo origen radica en enarbolar principios e ideologías, se han transformado en instrumentos acomodaticios a las condiciones de las preferencias electorales, a las visiones megalómanas de sus dirigentes o a las ambiciones de grupos y facciones, dejando de lado a las militancias comprometidas con las ideas políticas que sustentan su creación.
Considero que actualmente la sociedad no cuenta con instituciones que los representen ni, mucho menos, que tengan líneas ideológicas definidas para encaminarlos hacia el bienestar; por ello se favorece el surgimiento y consolidación de liderazgos carismáticos que, con su discurso estridente y crítico, afianzan su legitimidad y que ésta persiste aún y cuando, ya en el gobierno, no realicen cambios perceptibles o acciones a largo plazo que resulten beneficiosos para la consolidación de la justicia social.
Como se presenta el panorama, considero necesario militar con principios e ideas y no con las instituciones políticas, ya que han demostrado que el pragmatismo se impone a cualquier otro valor. En mi caso me encuentro firmemente comprometido con los que me acercaron al servicio público: la democracia como forma de vida y la justicia social como aspiración máxima para mi México.
@AndresAguileraM