La implementación de las políticas ordenadas por el consenso de Washington llevaron a la mayoría de los Estados Nacionales a establecer políticas de reestructuración en la administración estatal, tendientes a disminuir su tamaño, así como el reencauzamiento del uso de los recursos y a abatir el endeudamiento. La idea, en un principio, era disminuir la intervención del gobierno en las actividades sociales.
La base del neoliberalismo estriba precisamente en privilegiar la libertad y evitar que el Estado intervenga lo menos posible en la vida de las personas. De esta forma, circunscribe su actividad, casi en exclusiva, a las funciones de seguridad, justicia y vigilancia, dejando todo aquello que pudiera incidir en la dinámica social.
Con la finalidad de cumplir con este objetivo, en la décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, se comenzó un proceso de reestructuración institucional, con la finalidad de desincorporar todas aquellas funciones que se consideraran invasivas a la vida económica de la sociedad a través de procesos de privatización, abatiendo el endeudamiento y optimizando los recursos, al tiempo que se reencausan recursos para fortalecer aquellas actividades enfocadas estrictamente a la función de gobierno, recaudación, ejercicio del gasto, administración de recursos públicos y el control de ciertos sectores estratégicos que, por su relevancia, deben ser administrados exclusivamente por el Estado, como las cuestiones energéticas.
Con estas acciones, los Estados Nacionales dejaron de contar con estructuras económicas alternas que, anteriormente, se consideraron como necesarias para brindar productos y servicios —de primera necesidad— subsidiados por el gasto público, que permitían ser adquiridos por todas las personas sin considerar su nivel adquisitivo; asimismo, se cancelaron aquellas empresas estatales que proveían de enseres y materiales para el apoyo de actividades productivas, con lo que se pretendió evitar subsidios indirectos pero, sobre todo, disminuir el gasto del aparato estatal.
Para sustituirlos y, de alguna manera, no dejar de atender las agendas relacionadas con políticas sociales, crearon programas de asignación directa de recursos monetarios, otorgamiento de créditos o incentivos fiscales, para apoyar las actividades económicas sin que hubiera mayor incidencia del actuar gubernamental, sin ser factores que incidan en las reglas del mercado.
Hoy, la mayoría de los estados nacionales —incluido por supuesto México— cuentan con estructuras gubernamentales acordes a los lineamientos del consenso de Washington; es decir, tienen esquemas de operación neoliberal. Pese a los cambios de gobierno y los ofrecimientos electorales, estas políticas gubernamentales siguen vigentes, pues ello les brinda cierta estabilidad para mantenerse en la estructura económica globalmente aceptada. Quizá se creen, transformen o cambien de nombre programas gubernamentales, incluso, hasta el discurso hable de estar en contra del neoliberalismo; sin embargo, las prácticas, acciones, políticas y programas mantienen fiel seguimiento a estos postulados.
El mundo cambió y no se puede hacer nada para dar marcha atrás. Ahora, el reto esta en transformar la política económica para que sea implementada con una verdadera vocación social.
@AndresAguileraM
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