Mientras el mundo gira en torno a una pandemia y mutaciones de un virus que, durante los últimos dos años, ha asolado a la humanidad imbatiblemente, la realidad y la dinámica social se imponen a las cuestiones de seguridad y protección sanitaria. Según datos del Banco Mundial “…estima que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según la gravedad de la contracción económica”.
De acuerdo al propio Banco Mundial, la pobreza extrema es la situación de quienes viven con menos de 1.90 USD al día (40 pesos mexicanos aproximadamente), lo que, de conformidad con su Informe sobre pobreza y prosperidad compartida de 2020, podría haber afectado a entre un 9.1 % y un 9.4 % de la población mundial en ese año. Si la pandemia no hubiera convulsionado el mundo, la tasa de pobreza habría descendido al 7.9 % en 2020, según se preveía.
Lamentablemente esta situación de pandemia se vislumbra que todavía continuará por más tiempo y, con ello, la propensión a mayores contagios y, tristemente, a un número mayor de defunciones. Aunado a esto, la vorágine social y económica impide que se vuelvan a realizar cierres y restricciones a la movilidad, pues habría consecuencias terribles como el incremento en la pobreza a nivel mundial, lo que obligaría a los gobiernos de las naciones del orbe a tomar medidas para evitar tanto el incremento de contagios como las afectaciones económicas que trae consigo.
Me queda claro que mientras se restrinja la movilidad, el flujo de actividades económicas se contrae y, por tanto, deja de haber dispersión de la riqueza, lo que no sólo estanca sino también depaupera a las personas. Estoy claro en que debe haber restricciones que eviten las aglomeraciones y las grandes concentraciones de personas, que son actividades de riesgo que, en mucho, favorecen la proliferación del virus, con lo que se pone en grave riesgo la salud pública y, consecuentemente, la vida de las personas. Sin embargo, también estoy convencido de que debe existir un justo medio que, por un lado, garantice una regularidad en la actividad económica sin que, con ello, se fomente una movilidad mayor, la concentración y las aglomeraciones.
Es obligación intrínseca de los gobiernos brindar seguridad a las personas. Para eso existen y se les han dotado de facultades y atribuciones necesarias para cumplir con ese fin prioritario en los Estados. El gran reto es, sin duda, utilizarlas no sólo reflexiva sino también audazmente, a modo de lograr generar los equilibrios necesarios para evitar que las personas caigan en condiciones de pauperización, al tiempo que se salvaguarda su vida e integridad.
El gobierno debe actuar y tomar medidas restrictivas, sin que con ello impere la necesidad de un cierre total de actividades, aunado a la imposición de reglas claras de convivencia que obliguen a las personas a realizar todas aquellas medidas preventivas de contagio, con la finalidad de permitir una mayor movilidad y, de alguna manera, favorecer interacciones sociales un poco más ordenadas y acordes a la realidad que vivimos en la actualidad.
Lo único que no puede hacer el gobierno es mantenerse estático, quedarse sin actuar, pues ello implicaría no sólo una negligencia sino una condena anticipada de cientos de miles de vidas que estarían en riesgo.
@AndresAguileraM
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.