Luego de su determinación de no registrar las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Michoacán, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se sumaron a la lista de los muchos villanos favoritos del Presidente de la República, sus funcionarios y sus seguidores.
Los que hicieron el INE y el TEPJF fue cumplir con su obligación legal: aplicar la ley vigente. Nada más. Y el mundo político oficialista se les ha venido encima a esas instituciones autónomas, al grado de que con aires de matón de película mexicana, Salgado Macedonio ha vuelto amenazar al INE y a su presidente, Lorenzo Córdova, al decirles que la del próximo 6 de junio será la última elección organizada por dicha institución.
El INE y el TEPJF han sido asediados, atacados y acusados por presuntamente impedir, a ambos candidatos, el constitucional derecho de ser votados.
Esas dos instituciones, resultado de años de lucha de ciudadanos mexicanos contra el totalitarismo priista, no limitan ningún derecho a nadie; tienen la obligación de aplicar las leyes en materia electoral, que son las que imponen los requisitos a los ciudadanos y partidos para poder participar en los procesos electorales.
Esas leyes, empezando por la Constitución, establecen los requisitos a los ciudadanos (que tener 18 años cumplidos ya es un requerimiento) para votar y ser votados, y a los partidos políticos para participar en el proceso electoral y en las elecciones.
Con peras y manzanas: Para votar se requiere ser ciudadano mexicano mayor de 18 años, estar inscrito en el padrón electoral, tener credencial de elector vigente y estar en la lista nominal de electores, entre otras obligaciones. Si usted va a una casilla sin credencial de elector, pues no lo dejarán votar, al igual que si no está en la lista nominal de electores, o si no es su casilla, o su distrito o su municipio, o su estado, o si llega armado o en estado de ebriedad, y los funcionarios de casilla no le estarían impidiendo a votar, sino que usted ha renunciado a su derecho al no cumplir con alguno de los obligaciones ciudadanas para ejercer su derecho al voto.
Igual ocurre con el derecho a ser votado: primero se requiere cumplir con los requisitos para ser ciudadano y para votar y muchos otros (están en las leyes, si quiere echarles un ojo) que son obligación de los ciudadanos aspirantes a ser votados como candidatos y del partido que los postulen. Si un ciudadano y su partido no cumple con alguno de esos requisitos legales, las autoridades electorales están obligadas a negarle el registro como candidato, y estarán respetando la ley, lo que es su obligación, y de ninguna manera impidiendo el derecho a ser votado.
La restricción al derecho a ser votado, prevista por las leyes, la provocan el aspirante a ser votado y su partido, quienes no cumplen con los requisitos legales. Una de la obligaciones legales para ser candidato es entregar el reporte de gastos de precampaña… y la sanción a su incumplimiento es la negativa del registro a la candidatura. Es la única sanción que marca la ley para ese incumplimiento. No hay ningún exceso. El INE y el TEPJF tienen que ajustarse a la ley.
Ese respeto a las leyes es lo que han provocado los ataques gubernamentales contra dichas instituciones autónomas a las que, junto con otros órganos de la misma naturaleza, el Presidente de la República ha anunciado que serán modificados (en su autonomía) o desaparecidos. Es obvio que la razón cierta es que esas instituciones limitan el poder del titular del Poder Ejecutivo, quien no conforme con el ya concentrado, intenta la regresión total al sistema autoritario del PRI.
Por cierto, las leyes que hoy aplican el INE y el TEPJF fueron impulsadas por el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador en los años 2007 y 2014.
A punto de abordar
Otra decisión del INE que ha molestado al Presidente de la República es la constante llamada de atención en que, por ley y en su calidad de Presidente, está impedida su participación –así sea con declaraciones– en el proceso electoral, más allá del ejercicio de su voto libre y secreto. La ley que ordena eso tiene, entre sus orígenes, aquella célebre frase: “¡Ya cállate, chachalaca!” del propio López Obrador por la intervención electoral del entonces presidente Vicente Fox.
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