La extensión de dos años al periodo actual del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Nación, Arturo Zaldívar, por una simple votación en la Cámara de Senadores, es (o debería ser) un escándalo mayúsculo y una advertencia para el futuro del Estado de derecho en México.
No se requiere ser siquiera abogado, ya no se diga constitucionalista o jurisconsulto para saber que la decisión de los senadores (94 votos en favor) a través de un artículo transitorio en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federal para alargar ese lapso, es una auténtica violación a la Constitución.
Tampoco es necesario ser analista político para entender que al menos es un experimento, por llamarlo de alguna manera (como se trató con la aprobada extensión del periodo del actual gobierno de Baja California, que por cierto la SCJN la echó abajo al declararla anticonstitucional), cuya intención más o menos oculta es prolongar el mandato del actual presidente de la República, ahora sin necesidad de reelección.
El párrafo cuarto del todavía vigente artículo 97 constitucional dice textualmente: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
El ministro Arturo Zaldívar fue electo por sus pares como presidente de la SCJN para el periodo del 2 de enero de 2019 al 1 de enero del 2002 y tiene derecho a otro mandato siempre y cuando su reelección no sea continua. Eso dice la Constitución.
Sin embargo, hoy el Senado pasó por encima de la Constitución con un artículo transitorio de una ley reglamentaria. Su acción equivale en los hechos a un golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación. No es ningún secreto la afinidad y simpatía mutuas entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el ministro Zaldívar, quien así acompañaría al titular del Poder Ejecutivo Federal hasta el 2024… en el mejor de los casos.
Es necesario decir que la aprobación total de esa decisión senatorial no ha sido completada: falta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero nada hace suponer que la mayoría de Morena en este órgano legislativo la vaya a rechazar. Si la aprobación se mantiene, podría promoverse una acción de anticonstitucionalidad de la nueva ley y sería la SCJN, presidida por el beneficiario, la encargada de resolverla.
De completarse el proceso legislativo en el sentido hoy aprobado, ese artículo transitorio abre puertas para el intento de extender en actual periodo presidencial, ahora por medio de su ampliación a través de una reforma constitucional, y no necesariamente por una reelección como se especulado a lo largo del sexenio. Ambas opciones hoy están prohibidas por la Constitución.
Además –usted lector puede reírse y hasta carcajearse si quiere, el autor lo está haciendo también–, imagine usted que a la Cámara de Diputados se le ocurre una reforma para prolongar su actual periodo por otros tres años. Sí, por supuesto, esto es un despropósito, pero con el actual gobierno cualquier absurdo es viable. Así, evitarían las elecciones del próximo 6 de junio en el caso de los diputados federales y con ello se mantendría el ya iniciado exterminio del Instituto Nacional Electoral (INE), uno de los pocos contrapesos legales y políticos que quedan en este país.
No, no, la reforma aprobada en el Senado sobre la SCJN no es un “agandalle” como dijeron algunos diputados opositores; es una violación constitucional y, en la práctica, el riesgo del inicio de la instauración de un gobierno de facto.
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