Mi maestro de procedimientos penales, el licenciado Alberto Fuentes, en frases breves y contundentes, resumía sabios consejos para los litigios ante tribunales de la materia. Entre otros, recuerdo aquel que advertía: “más vale una vara de juez, que cien metros de justicia”, para ilustrarnos que quien tiene de su lado al juzgador por razones de amistad, intereses comunes, poder político, social o económico, o relaciones de diversas índoles, lleva ventaja en ganar la contienda legal. Y así es, a lo largo de los años he visto y sido víctima de fallos judiciales en que los encargados de procurar justicia han inclinado la famosa vara a favor de tratantes del derecho, constituidos en mafias de bufetes poderosos de abogados que controlan los tribunales –desde el actuario hasta el juez–, olvidando aquel consejo que dio Don Quijote a su escudero Sancho Panza, cuando éste fue a gobernar la ínsula Barataria, que reza: “Cuando dobles la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia” .
Hoy, el encuentro entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ha llegado a una controversia excepcional al ser aprobada por los diputados y senadores la prórroga por un año y once meses del mandato de varios miembros del Consejo de la Judicatura y del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Arturo Zaldívar Lelo de la Larrea, jurisperito egresado de la Escuela Libre de Derecho, con un CV esplendido, donde fue compañero de Felipe Calderón, expresidente de México, que le valió que éste lo postulara ante el Senado para que fuera Ministro de la Corte, ahora presumible aliado de presidente Andrés López Obrador, quien lo califica como un hombre honesto e íntegro y el único capaz de llevar a cabo y a fondo la reforma del Poder Judicial de la Federación, imputado de corrupción, nepotismo y abusos sexuales, de los que conocemos algunos casos escandalosos, aunque los que desconocemos pueden ser más numerosos.
Este conflicto se originó por la iniciativa presentada por el senador de lista, Raúl Bolaños Cacho, perteneciente a la fracción jesuítica del Partido Verde Ecologista (que no tiene gobierno aborrecido porque ha comulgado con todos los que hacen del poder presidencial) y aprobada en comisiones el 15 de abril de 2021, al pleno de la Cámara de Diputados, que confirmó con mayoría –aunque algunos morenistas “gaviotas” votaron en contra– de diputados afines al gobierno de la 4T, y en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con esto apareció el transitorio “matón” y quedó consumado el albazo legislativo.
A este procedimiento, creo que indebidamente se le ha llamado la Ley Zaldívar, porque él no intervino legalmente en la prórroga de su mandato. Evidentemente el transitorio citado choca de frente con el artículo 97, párrafo cuarto, que establece: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá dentro de sus miembros al Presidente (sic) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior” que, además, se transcribe en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.
Más claro ni el agua, como dice el refrán popular, la Constitución es la punta de la pirámide de las leyes y todo aquello que la contravenga deviene en inconstitucional. Pero –nunca falta, el “pero”– el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, el 23 de abril 2021, emitió un escrito para fijar su posición, no sin antes elogiar a los legisladores por la leyes de la reforma integral al poder judicial, que se interpreta que él estará a lo que determinen sus pares en alguna controversia de inconstitucionalidad que se interponga ante la propia Corte; lo cual ya anunciaron los partidos de oposición. Sin embargo, me asalta una duda: si se diera el caso que la votación fuera dividida a la mitad, es decir cinco ministros a favor y cinco en contra, y el voto de calidad le correspondiera a él mismo. ¿Cuál sería el sentido de su decisión? ¿Hacia dónde inclinaría la vara de la justicia?
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