El mundo político se estremeció tras saber que Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, había sido víctima de un atentado en la colonia popular Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, la tarde del 23 de marzo de 1994, a manos de un joven desconocido. Y la perturbación total llegó cuando el licenciado Liébano Sáenz, vocero de la campaña, salió a anunciar que había muerto. Me tocó seguir de cerca los acontecimientos porque en aquel tiempo me desempeñaba como Fiscal, en la entonces Procuraduría General de la República, al mando de mi jefe y amigo, Diego Valadés Ríos, a quien, en una primera instancia, correspondió conocer del cobarde asesinato del político sonorense. Inmediatamente me trasladé a las oficinas centrales en un taxi, y para mi sorpresa, el chófer, enterado por la radio del fatal suceso me dijo, con el mayor desparpajo: “el autor del crimen fue el presidente Salinas”. Dudé de inmediato de la aseveración de aquel juzgador todoterreno, porque pensé que el presidente, en todo caso, sería el más perjudicado con el nefasto percance.
Al llegar a las oficinas, el licenciado Javier García Dueñas (+), Oficial Mayor y excelente amigo, me comunicó que el presidente Carlos Salinas había instruido a Diego Valadés, para que se trasladara a Tijuana, a investigar los hechos, aunque se trataba, en mi opinión, de un delito del fuero común y la autoridad competente era la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad gobernada por el Partido Acción Nacional, por lo cual consideraba que ir a la escena del crimen sería cargar con una enorme responsabilidad. Con su singular intuición, Javier me expresó que en ese momento crucial sería “una locura renunciar al cargo de Procurador, por parte de Diego”, como yo proponía, que era una salida para excluirlo de tan grave responsabilidad. Estuve, finalmente, de acuerdo con tan crudo razonamiento más que jurídico, político.
El resto de la crónica es harto conocida. Existió un caos tremendo en la escena del crimen, se violaron todos los protocolos de investigación, muchos de los sospechosos fueron llevados a juicio y absueltos, pero lo más crítico fue que algunos de los que intervinieron resultaron asesinados días después. Diego Valadés finalmente renunció por razones que solamente él y el expresidente Salinas conocen. Prosiguió un ir y venir de encargados del llamado Caso Colosio, en que la disputa de fondo fueron las hipótesis del “asesino solitario” y el de “autoría de una organización delincuencial”. Prevaleció la primera y Mario Aburto Martínez fue condenado a 45 años de prisión en virtud de que confesó que lo hizo por “motivos patrióticos y pacifistas”, sin establecer específicamente la naturaleza de estos. Pero hoy, bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, reaparece nuevamente el fantasma de Luis Donaldo Colosio, al impugnarse la violación a los derechos humanos del sentenciado y sembrar la duda de que hubo “tortura” para conseguir la confesión. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se apresuró a negar la violación argüida por el padre de Aburto Martínez, e indicar que se encuentra en buen estado de salud (un hombre sano es aquel que no sabe que está enfermo, dicen los flemáticos ingleses) y es visitado por “un ministro de culto” que nos viene a revelar que profesa la religión de una “secta”, lo que vale decir que no es católico, que se señaló como una de las catorce líneas de investigación.
No obstante, el presidente López Obrador, que “macanea” bolas y strikes si vienen a modo, fue más allá al declarar en una mañanera que leída entrelíneas, tiene mucha miga. “Yo creo –expresó‒ que, si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede probar, que fue torturado, que está amenazado y por eso ha guardado silencio ‒si es que existe otra versión–, el Estado Mexicano lo protegería, porque a nosotros nos interesa mucho que no haya ninguna duda sobre el lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio; fue una vileza lo que le hicieron. Entonces, sería un acto de justicia y, por lo mismo, un asunto de Estado”.
Elevar el Caso Colosio como asunto de Estado, aunque se trate de un caso cerrado y exista una sentencia firme que tiene la fuerza de cosa juzgada, es un asunto punzante. Sin embargo, las baterías están apuntando a Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –padres del liberalismo económico privatizador y del Fobaproba que convirtió en pública la deuda particular de los banqueros, respectivamente–, blancos constantes del presidente López Obrador. Hay que tomar en cuenta que Aburto durante el juicio, que duró seis años, cambió su declaración en su forma, pero no en su esencia, y si hoy declarara la verdadera razón y causa del asesinato y a sus cómplices, sería como encender una fogata en un depósito de pólvora. Pero conocer la verdad siempre es objetivo de la justicia, así como despejar las sospechas y conjeturas que quedaron pendientes en el camino tortuoso del proceso. Esta deuda con el pueblo no ha prescrito.