El gobierno tiene áreas en las que realiza acciones de las que poco se difunde y menos se mencionan, pero que tienen gran trascendencia para la sociedad, como lo son las relativas a seguridad nacional e investigación criminal. Las cuestiones vinculadas a resguardar la integridad y seguridad de las personas y el Estado, siempre se manejan con el mayor sigilo y discrecionalidad por la propia naturaleza de la materia.
La vida y la libertad son los valores más importantes del ser humano y, como tales, requieren de la suma de esfuerzos, estrategias y acciones para garantizarlas, aún y cuando con ello se infrinjan reglas morales, éticas y hasta jurídicas. Parte de ello es mantener una vida social ordenada, en la que se privilegien las relaciones racionales y jurídicas.
Ciertamente, existe una “normalidad” en la que la sociedad se desarrolla. Esa en la que las personas realizan su cotidianidad; asisten a sus labores, viven su vida familiar en comunidad, tienen su esparcimiento y resuelven sus problemas y diferencias dentro del marco de la ley y el entendimiento; sin embargo, hay otras en las que persisten los horrores de la condición humana, que impera mantener furtiva a la criminalidad que atenta contra la gente para generar terror, comercializa con personas, sustancias psicotrópicas y armas; todo ello aunado a las conspiraciones, planeación y organización para realizarla.
Esta actividad gubernamental es realizada por una serie de estructuras encargadas de obtener información e inteligencia no sólo para combatir estas perniciosas actividades, sino para mantenerlas lo más alejadas posible de la cotidianidad, lo que implica sumergirse en lo más profundo del submundo criminal, vivirlo, padecerlo y afrontarlo, con lo que ponen en riesgo no sólo sus vidas, la de sus familias y seres cercanos; además su cordura y la posibilidad permanente de desertar las filas gubernamentales y, tentados por el dinero y el poder, sumarse a las organizaciones criminales.
Esta es la actividad más compleja del gobierno; esa de la que los políticos reniegan, que los técnicos se cierran y que la mayoría de la gente convenientemente ignora: el combate al crimen organizado más allá de disparos y enfrentamientos, ese que se hace desde dentro, con sus estructuras, con sus reglas y sus condiciones, para así conocer, desde la raíz, al enemigo que se pretende combatir.
El gobierno está obligado a realizar todo aquello que sea necesario para cumplir con su fin fundamental: preservar la vida y libertad de las personas y, con ello, el modo de vida “cotidiano” de la sociedad, aunque en ello se pierda u omita ciertas consideraciones éticas y morales, todo bajo el principio de “hacer el mal menor por un bien superior” y con ello velar por que la sociedad se mantenga en su “cotidianidad”.
Hoy, más que nunca, los horrores del submundo criminal se hacen más presentes y se acercan más a nuestra cotidianidad; por tanto, la exigencia social por mantener su combate se ha exacerbado; sin embargo, es importante considerar las complejidades que esta función reviste porque se encarga, precisamente, de atender todo aquello de lo que nadie quiere hablar y de lo que nadie quiere hacer.