Un verdadero caos legislativo está sucediendo en el Congreso. La aprobación de una serie de leyes ha tenido, especialmente a los diputados, muy atareados; es lo que sucede cuando es necesario aprobar muchos decretos que les han ordenado desde otras instancias del Estado.
En unos cuantos días han aprobado modificaciones legislativas trascendentales, algunas de ellas con sospecha de ser inconstitucionales. La ley del outsourcing o subcontratación finalmente quedó a satisfacción de los grupos empresariales y solucionó agravios que sufrían los trabajadores que eran contratados bajo ese régimen. Las discusiones parlamentarias y las reuniones con los grupos patronales dieron buenos resultados y culminó con unas normas claras y al parecer convenientes tanto para los trabajadores como para los empresarios. No ha sido así con otra serie de leyes que han ocasionado, además de amplias discusiones parlamentarias, el rechazo de muchos grupos ligados al ejercicio de esas normas.
Así resultó con la nueva Ley de Energía que sustituyó a la que había sido llamada Reforma Energética y que fue aprobada apenas hace unos años; a pesar que se ejerció el parlamento abierto, en el que la mayoría de los expertos hicieron notar las graves deficiencias que incluía e incluso que contenía rasgos de inconstitucionalidad, por atentar contra inversiones ya realizadas por particulares y autorizadas plenamente dentro de la ley, a pesar de todo fue aprobada en ambas cámaras y publicada por el ejecutivo, la ley deja fuera a los que han realizado inversiones para producir energías limpias y favorece a PEMEX y a la CFE restableciendo el monopolio gubernamental en la producción de energía.
No se hicieron esperar las solicitudes de amparo ante la nueva ley y fueron concedidos con la característica que al otorgarlo a los solicitantes se amplió a todos los afectados para impedir favorecer sólo a un grupo, está pendiente que la controversia llegue a la Suprema Corte de Justicia, donde deberá ser resuelta, algo muy parecido aconteció con la ley de hidrocarburos, en el nuevo marco se impide o dificulta la participación de empresas privadas que tienen inversiones cuantiosas en el sector –algo parecido a lo que sucedió con la ley de energía– y se otorgaron amparos que también deberán ser resueltos en la Suprema Corte de Justicia.
Con cierta premura se dictaminó una ley del sector de las comunicaciones que obliga a todos los usuarios de telefonía móvil a registrar sus datos biométricos, la ley no establece cuáles son esos datos biométricos y se dice que podrían ir desde la huella digital hasta una fotografía del iris y un registro facial, por supuesto acompañados de todos los datos de identificación personal, el encargado de realizar esta captura y resguardo de datos sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La ley es muy confusa, primero porque no precisa cuáles son los datos biométricos requeridos ni el tiempo en que deberían recabarse, si se haría con los nuevos usuarios o se ampliaría a todos los usuarios, no tiene reglas que establezcan cómo se recabarían, ni se dotó de recursos al IFT para realizar todas estas tareas.
El motivo para realizar esta ley que requiere de un esfuerzo casi titánico (porque hay unas 125 millones de líneas de teléfono celular en el país), es mejorar la seguridad, dado que también existen teléfonos de este tipo, robados o adquiridos en el sistema de prepago, lo que los vuelve anónimos; se realizan actividades delictivas como la extorsión y el secuestro, están enfrentadas esta dudosa justificación y los derechos de privacidad de la inmensa mayoría de los usuarios. Nada más ser publicada la ley de manera unánime los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), promovieron un amparo por inconstitucionalidad que les fue concedido, por lo que esta legislación también está pendiente de ser calificada en la Suprema Corte de Justicia.
El mayor escándalo estuvo causado por una reforma al funcionamiento del Poder Judicial, la mayoría de los expertos consideran que contiene cambios que acaban con viejos vicios y defectos que desencadenarían una expedición de justicia más precisa y expedita; pero el escándalo se desencadenó porque venía acompañada de un artículo transitorio que extendía dos años la permanencia en la presidencia de la Suprema Corte a quien ahora tiene el cargo, todo esto en contra de las reglas y normas establecidas y probablemente también en contra de la Constitución.
El presidente defendió este inciso transitorio diciendo que el magistrado presidente era el único confiable para llevar a cabo la reforma jurídica, con lo que además de infringir la constitución ofendía gravemente a los otros 10 magistrados, tres de ellos propuestos por él mismo (para noviembre serían cuatro, porque uno más termina su periodo). El caso es que hizo una defensa intensa del artículo transitorio diciendo que los magistrados que no estuvieran de acuerdo sería porque eran conservadores y corruptos, ya había atacado fuertemente a quienes habían interpuesto recursos contra las legislaciones que comentábamos antes y también lo había hecho con los jueces que habían autorizado los recursos de amparo, tachándolos de enemigos de la democracia, de pertenecer al partido conservador (no sé cual sea ese), deshonestos, neoliberales y de detener el progreso de México.
Pero el ataque más intenso vino cuando dos candidatos de MORENA fueron inhabilitados para participar en las elecciones de gobernador de sus respectivos estados, la decisión había pasado del INE al tribunal electoral y del tribunal al INE, y finalmente el tribunal inhabilitó a los dos candidatos. El presidente empezó por decir que había que acatar el fallo, para de inmediato tildar al IFE y al tribunal, de enemigos de la democracia, conservadores y deshonestos y terminar por afirmar (¡amenazar!) con desaparecerlos como organismos autónomos y pasarlos a depender de una Secretaría de Estado o al Poder Judicial. No es la primera vez que ataca (o desaparece) organismos estatales no gubernamentales e independientes, arguyendo que el control que ejercen sobre el poder ejecutivo detiene a la 4T y al progreso hacia la democracia en México.
En un programa televisivo de debate político muy afamado, escuché la peor defensa que se puede hacer de las respuestas del titular de Poder Ejecutivo. Uno de los comentaristas (muy prestigiado) dijo que si bien el presidente tiene un talante autoritario deberíamos comprender que en sus conferencias matutinas hay ocasiones que habla como Jefe de Estado, otras como Jefe de Gobierno y aun otras como Jefe de su partido (al que por cierto dice haber renunciado) y no demuestra una actitud dictatorial. Casi casi como si fuera una santísima trinidad, pero hay que comprender que la santísima trinidad es una sola persona y más si se expresa desde el púlpito.
Lecturas recomendadas:
- ― Sergio Aguayo. El 68. Los estudiantes, el presidente y la CIA. Ideas y Palabras, SA de CV. México. 2018
- ― Joel Ortega Juárez. Adiós al 68. Grijalbo. México. 2018
- ― Luis Spota. La plaza. Joaquín Mortiz. 1972
- ― Luis Spota. La plaza. Grijalbo. 1995
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