Tal como lo ha expresado en multitud de foros el prestigiado José Woldenberg, hoy día no hay organización política, social o académica que no reconozca la vía electoral como la única fuente legítima y legal para que los ciudadanos interesados en ello ocupen cargos públicos, visión que ha sido resultado del proceso de nuestra larga transición a la democracia, que logró desmontar de manera pacífica el monopolio político que mantuvo el PRI durante cerca de siete décadas. Desde la fundación del PAN en 1939 se trabajó en crear una opción política que tuvo un primer impacto práctico, cuando el propio gobierno reconoció la necesidad de abrir las puertas a otras organizaciones políticas, luego del ridículo que tuvo que enfrentar el candidato José López Portillo que no contó con ningún contrincante. Fue así que en 1977 el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, llevó a cabo una importante reforma electoral que permitió la participación de representantes de partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados, mediante la creación de la figura de los diputados plurinominales.

No fue sino hasta 1988, que se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales competidas del México moderno, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al poder, dejando la impresión de que Cuauhtémoc Cárdenas las había ganado. Fue el triste episodio de Manuel Bartlett cuando “se cayó el sistema”. Esa falta de transparencia hizo colapsar a la entonces Comisión Federal Electoral, y mediante la reforma de 1989, las leyes e instituciones electorales del país fueron radicalmente reformadas. Se creó el entonces Instituto Federal Electoral, constituido por ciudadanos independientes, aunque presidido todavía por el Secretario de Gobernación, se creó un nuevo padrón electoral por parte del nuevo Registro Federal de Electores y se creó un Tribunal Electoral para sustituir al ominoso Colegio Electoral que pretendía resolver las controversias electorales mediante la mayoría priísta en la Cámara de Diputados.

Las elecciones federales de 1991 y 1994 se llevaron a cabo sin mayores conflictos, aunque con condiciones de competencia claramente inequitativas, lo que hizo necesaria la reforma de 1996 que incorporó regulaciones que favorecieron la equidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos políticos. En efecto, se aumentó el financiamiento a los partidos políticos y se les asignaron tiempos oficiales en radio y televisión y se motivó a los noticieros a brindar una cobertura pareja a los diversos candidatos. Fue incluso permitida la compra de espacios para propaganda política en radio y televisión, lo que años después se prohibió. México aprendió a convivir de manera pacífica frente a una diversidad política y nos acostumbramos al pluralismo político. Ese nuevo escenario electoral se enriqueció entonces con la creación de organismos autónomos del Estado, para realizar tareas de gobierno que requerían conocimientos técnicos. Así se creó, entre otras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus respectivas comisiones en las entidades federativas, las instituciones de acceso a la información y también se le brindó autonomía al Banco de México.

Pese a que este proceso de construcción de nuestra democracia no ha logrado resolver los problemas de falta de un crecimiento económico suficiente, ni ha logrado reducir satisfactoriamente las desigualdades sociales ni la pobreza, así como tampoco ha contenido la violencia y la inseguridad, ni la corrupción ni la impunidad, nuestra institucionalidad electoral ha cumplido en lo fundamental para la que fue construida: ha brindado condiciones equitativas para la competencia política, ha fortalecido las libertades de expresión y de asociación, y ha permitido que los votos de la ciudadanía cuenten, todo lo cual ha hecho realidad la alternancia pacífica de nuestros gobernantes.

Frente a este éxito de tres décadas, nuestro sistema democrático enfrenta actualmente un inusitado embate por parte del Presidente de la República. Resulta paradójico que el presidente ganador en las más recientes elecciones, cuestione al organismo que le dio el triunfo y que incluso anticipe un posible fraude en las próximas elecciones de junio, pese a que el actual Instituto Nacional Electoral cuenta, según los sondeos de opinión, con una sólida confianza de la ciudadanía, ni más ni menos porque la propia ciudadanía es quien lleva a cabo la recepción y el conteo de los votos. Como sabemos, la democracia es una construcción humana que puede desaparecer y podemos aseverar que lo que se juega en nuestra próxima elección es la subsistencia o no de nuestro sistema democrático. Ello porque para que exista, el poder de quien lo detenta debe estar regulado y limitado por la Constitución y las leyes, porque el poder debe estar dividido, no sólo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino por los órganos autónomos federales y estatales del Estado, y porque el poder debe estar vigilado, tanto por los otros poderes, como por los órganos de la sociedad civil, incluyendo el periodismo, la academia, los partidos políticos de oposición y las organizaciones no gubernamentales.

El Presidente de la República ha puesto todas estas dimensiones de nuestra democracia en tela de juicio, al pronunciarse por una supuesta justicia que está por encima del derecho, al intentar tomar control sobre el Legislativo y el Judicial en casos como la pretendida extensión del mandato del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la supresión de órganos autónomos que hacen peligrar la existencia misma del Instituto Nacional Electoral. Las elecciones federales del 6 de junio próximo nos brindan, entre otras, la importante oportunidad de robustecer la pluralidad de nuestra Cámara de Diputados Federal para limitar el poder del presidente y sus partidos, para modificar nuestra Constitución y nuestras leyes sin tener que lograr consensos con otras fuerzas políticas. Me parece que a México no le conviene volver a los tiempos del PRI totalitario con un AMLO totalitario.

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