La humanidad no ha encontrado una mejor forma de gobierno que la democracia y no es porque esté carente de deficiencias y complejas desviaciones que infringen condiciones o ventajas para ciertos grupos o intereses, sino porque es el único que, en esencia, permite y faculta la participación del pueblo en las decisiones gubernamentales.
Su concepción, en la era moderna, es precisamente esa, que las personas libres, con base en sus principios, ideas y razón, participen en las determinaciones que afecten a la colectividad. Su principal expresión se realiza a través del sufragio, mismo que se ejerce, principalmente, para elegir a quienes habrán de gobernar y representarlos en los órganos de deliberación legislativa, así como en las consultas sobre algunos temas relacionados con el ejercicio del poder público, a través de plebiscito, o determinaciones de naturaleza legislativa, vía referéndum.
De este modo es como la democracia se vuelve un instrumento efectivo de gobierno, así se garantiza una legitimidad que difícilmente se logra a través de cualquier otra y con ello, se puede esperar un mayor respaldo a las acciones emprendidas, pues se tendrá la guía determinada por el respaldo popular a razón de las circunstancias prevalecientes al momento de la elección y los resultados brindados por quienes ejercen el poder.
En esta lógica la democracia evita que se formen oligarquías tiránicas, pues —idílicamente— se garantiza un dinamismo constante en la clase política y permite la participación en el gobierno de toda aquella persona que desee hacerlo, mediante las instituciones y los instrumentos que prevea la ley que, generalmente, son los partidos políticos.
Sin embargo, la realidad en el mundo es que no es así. Los partidos políticos están en una grave crisis en la que poco se ha reparado y que está a la vista; ya que lejos de ser esas herramientas que facilitan la participación política, se han transformado en medios que perpetúan grupos y familias en el poder y, peor, entre ellos han formado una gran oligarquía que, con el fin de conservarse al frente de las instituciones, pervierten su naturaleza y transgreden sus principios e ideologías, y realizan prácticas funestas que se alejan de los principios democráticos y hasta legales. Basta observar la forma grotesca en las que se transmiten cargos públicos entre familiares, definen sucesores y se alternan en el ejercicio de los cargos públicos.
Nuevamente el poder parece aglomerar las ambiciones personales, familiares y de grupo, en torno a los instrumentos creados para garantizar la participación popular, corrompiéndolos de tal forma que se apoderan de las estructuras y sesgan las posibilidades para que la gente participe activamente en la política, al tiempo que cínicamente se reparten los cargos de representación popular como si formaran parte de su peculio, trayendo consigo apatía, desilusión y desdén para la democracia, refrendando peligrosamente su simpatía hacia el autoritarismo, el culto a la personalidad y el fanatismo hacia personas que ofrecen resolver, por su sola voluntad y como por arte de magia, los problemas añejos de las sociedades.
La única solución a esta problemática es que los partidos políticos retomen su convicción democrática y retomen la ruta de la verdadera y efectiva representación, sustentada en valores, principios e ideologías definidas.
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