La Ciudad de México está dividida para su gobierno y administración en 16 demarcaciones territoriales, mejor conocidas como alcaldías, las cuales son autónomas en su gobierno y administración interior, excepto por la relación laboral de su personal. Se conforman por habitantes, territorio y autoridades electas.
Las alcaldías son el nivel de gobierno más próximo que tiene la ciudadanía y están integradas por un alcalde y un concejo, que duran en su encargo 3 años. Tiempo insuficiente para generar proyectos a largo plazo, quizá por ello en la reciente reforma política de la Ciudad de México se logró el acuerdo de que los alcaldes y sus concejos puedan reelegirse por una ocasión. Las principales materias de competencia que tienen las alcaldías y que tanto los gobiernos como los ciudadanos ubican más son: obra pública y desarrollo urbano; servicios urbanos; vías y espacios públicos; seguridad ciudadana; desarrollo social; movilidad; desarrollo económico; asuntos jurídicos y protección civil.
Uno de los grandes retos de la izquierda es la generación de gobiernos que resuelvan los problemas de una manera eficaz y eficiente, con un alto nivel de participación ciudadana. Lograr el equilibrio entre estos dos ámbitos es sumamente complejo porque en algún punto se contraponen y se terminan estorbando: a mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, éstas se volverán más complicadas porque habrá un mayor número de intereses en juego, lo que dificultará la consecución de resultados; por el otro lado, a menor participación en la toma de decisiones, habrá mayores posibilidades de que algunos problemas se resuelvan más rápido, pero con el riesgo de que tengan baja legitimidad.
La planeación en el ejercicio del gobierno de las alcaldías debe ser uno de los pilares centrales para resolver los problemas eficaz y eficientemente. Lamentablemente, ésta es una carencia de algunos gobiernos de izquierda que los limita sustancialmente en la entrega satisfactoria de resultados. Quizá el origen de este vacío está relacionado con la obsesión de distintos gobiernos con la técnica, al convertirla en un fin más que un medio para implementar ideas o propuestas.
Esta forma de gobernar alejó sustancialmente a los ciudadanos de sus representantes populares, debido a la preponderancia que le dieron “al conocimiento y a la ciencia” en detrimento del interés popular. Sin embargo, es importante que desde la izquierda se utilice la planeación (formulación, implementación, monitoreo y evaluación) como una herramienta que le permita cumplir con los objetivos de establecer una sociedad más justa, a través del combate a la desigualdad.
La participación ciudadana, sin lugar a duda, es fundamental en los procesos de elaboración de política pública, pues quizá de esta manera se puede combatir el enojo de los ciudadanos hacia la clase política. Por ello, la democracia representativa tiene que transitar hacia procesos deliberativos más amplios, que propicien una participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, pues esto permitirá entender e incorporar de mejor manera los intereses ciudadanos.
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