México vive una guerra dramática y terriblemente compleja. Desde hace más de treinta años, cuando se “sindicalizaron los carteles mexicanos”, se agudizó la lucha contra el tráfico de narcóticos ilegales, presionados en gran medida por la política prohibicionista en los Estados Unidos (EE. UU.), nuestro país comenzó a vivir una de las épocas más violentas de su historia: la disputa por el comercio ilegal y el control delincuencial en nuestro territorio.
El combate ha sido frontal y, de alguna manera, desorganizado. La urgencia por dar resultados y evitar sanciones comerciales con el vecino del norte, obligaron al Estado Mexicano a dar golpes espectaculares, capturar cabezas y así desarticular a las bandas delincuenciales, generando la diseminación en diversas células que, al paso del tiempo, con el poder económico generado por las ganancias ilegales, crecieron tanto en reclutamiento, entrenamiento, armamento y poder de fuego; como en complejidad organizacional y diversificación de objetivos de negocio criminal.
La ausencia de planes de acción específicos para el combate a la delincuencia organizada, aunado a una actitud reactiva más que preventiva de las corporaciones militares, de seguridad pública y procuración de justicia, así como el uso político del combate al narcotráfico, tanto electoral como diplomático con EE. UU. que ha prevalecido durante las últimas décadas, ha traído un crecimiento exponencial tanto en el número de organizaciones delincuenciales, como en su beligerancia, campo de acción y diversificación del tipo de operaciones que realizan, que va desde el tráfico de narcóticos, personas, hidrocarburos y armamento; extorsión y dominio de poblaciones que se encuentran en las rutas de distribución; hasta la consolidación de complejos entramados legales y administrativo de lavado de dinero, en las que se utiliza el andamiaje jurídico ordinario para meter en la legalidad todos aquellos recursos obtenidos a través de la actividad criminal.
Gracias a los trabajos de inteligencia y a la difusión que ha permitido sobre ellos ha permitido el gobierno, podemos observar que los cárteles se han diversificado de tal forma que su combate requiere de una mayor especialización y definición de estrategias para menguar su poder operativo.
No basta la simple confrontación armada, la detención de cabecillas, ni la devastación de plantíos, laboratorios e incautación de bodegas y cargamentos, es indispensable una estrategia correctamente planificada, a base de operaciones quirúrgicas que permitan, más que la desarticulación de las organizaciones, limitar ese poder operativo que las ganancias ilegales les brinda, de lo contrario, la guerra que desde hace más de tres décadas inició en el territorio mexicano difícilmente llegará a su fin.
Son más de 30 años en los que hemos visto como de un “sindicato” que aglutinaba a cinco grandes cárteles, hoy encontramos más de 15 abiertamente confrontados que, con mayor influencia, fuerza y falta de escrúpulos, azotan todo el territorio nacional y que, de forma por demás belicosa, se disputan las plazas sin la menor consideración a la población civil.
La respuesta gubernamental ha sido —por decir lo menos— errática y poco eficaz, eternizando un conflicto armado que pone en grave riesgo a la población. De continuar por esta ruta, el Estado estaría claudicando de su obligación prioritaria: brindar seguridad a la población.
@AndresAguileraM