He tenido el gran honor y privilegio de prestar mis servicios profesionales en los ámbitos de impartición de justicia de la Ciudad de México. Doce años en el Poder Judicial y los últimos nueve en el Tribunal de Justicia Administrativa. En estos 21 años de servicio público pude observar, desde sus adentros, la forma en que se desarrolla esta función tan relevante e importante para la sociedad.
En los juzgados y salas, ya sean del fuero común o especializadas en derecho administrativo de la Ciudad de México, están integrados por personas que, en su mayoría, han desarrollado permanencia y continuidad en su función, incluso con amplia tradición familiar que, desde sus abuelos, han laborado en esas instituciones y que, con el paso del tiempo, se han ido especializando para el desempeño de las actividades que realizan y, a la par, crecer en el escalafón profesional.
Ciertamente la función jurisdiccional tiene una arista que difícilmente se puede soslayar: las resoluciones inminentemente le dan la razón a una de las partes en disputa. Así, quien recibe resoluciones contrarias a sus intereses, en el mejor de los casos, se asume como víctima de un mal servicio público, corrupción y malas prácticas. De este modo es como inicia la tragedia de las instituciones de impartición de justicia: la inconformidad se manifiesta en vituperio hacia quien resolvió.
Aunado a ello, las prácticas cínicas de corrupción difícilmente abonan a mejorar la imagen de los órganos impartidores de justicia. No hablo de prevaricación, simulación o cualquier otro de los delitos graves en los que incurren los juzgadores, sino en el otorgamiento de dádivas, sobornos a los empleados judiciales o cualquier otra de esas nefastas prácticas. Hoy los organismos encargados de la vigilancia y disciplina de la justicia han logrado abatir, con cierta eficiencia, este tipo de prácticas nefastas; sin embargo, desgraciadamente la mala fama se ha mantenido, al tiempo que es utilizada por malos practicantes de la abogacía para obtener ganancias adicionales.
Este tipo de situaciones menguan terriblemente la legitimidad de los órganos impartidores de justicia, lo que hace que la confianza popular se pierda de forma estrepitosa, al tiempo que políticos lo utilizan como ariete para generar arengas y sumar adeptos. Lo que resulta muy peligroso tanto para la gobernabilidad como para la estabilidad social.
La confianza en la judicatura es indispensable para garantizar la paz y la estabilidad social. Son las instancias instituidas por el Estado para resolver, en legalidad, las disputas entre las personas que lo conforman, mediante resoluciones revestidas de obligatoriedad para ser cumplidas sin que para ello medie la voluntad de las personas. Por ello, es una obligación intrínseca de quienes las conformamos, defenderlas en contra de los ataques políticos y mediáticos que se perfilan tanto en el ámbito político como en la sociedad.
Los funcionarios judiciales estamos muy lejos de ser una cofradía privilegiada, somos funcionarios públicos comprometidos y convencidos de la valía de la función que desempeñamos. La mejor forma de defender las instituciones impartidoras de justicia hacerlo es cumplir con las obligaciones que nos imponen tanto la Constitución como las leyes y demostrar con ello que quienes atacan a la judicatura atacan a la sociedad misma y al Estado que le da orden.
@AndresAguileraM
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