Caso Caro Quintero, violación territorial de EUA a México
Antonio M. Prida

De Frente y Derecho

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Conviene recordar el lamentable episodio llevado a cabo por los EE.UU. con motivo del secuestro del médico Humberto Álvarez Machaín, en territorio mexicano.

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Lectura: ( Palabras)

Luego de la reciente aprehensión de Caro Quintero en México, conviene recordar el lamentable episodio llevado a cabo por los Estados Unidos con motivo del secuestro del médico Humberto Álvarez Machaín, en territorio mexicano, por parte de agentes de la DEA, en clara violación de nuestra soberanía y del Tratado de Extradición celebrado ante ambos países. Como recordará el lector, este ciudadano mexicano, residente en México, fue secuestrado el 2 de abril de 1990 en Guadalajara y llevado en un avión privado, en contra de su voluntad, al estado de Texas, donde fue arrestado por las autoridades de los EUA por su aparente participación en el secuestro y el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

Este caso desde luego motivó la protesta del Estado Mexicano y, después de diversas gestiones judiciales en los EUA, la Suprema Corte de Justicia de ese país emitió una sentencia claramente violatoria del Derecho Internacional y contraria al Estado de Derecho. Dicha sentencia fue motivo de un detallado análisis jurídico por parte de mi antiguo socio don Manuel R. Angulo, q.e.p.d., y su asistente James D. Reardon Jr., publicado en agosto de 1993 por la Boston College International and Comparative Law Review.   

En dicho artículo los autores dan cuenta del caso United States v. Humberto Álvarez-Machaín y concluyen que la decisión del Chief Justice Rehnquist que prevaleció en la Suprema Corte, estuvo mal razonada, fue contraria a los precedentes judiciales aplicables y no debía prevalecer, ya que significaba la posibilidad legal de que cualquier Estado pudiera arrestar a un ciudadano y residente de otro Estado, por haber cometido crímenes en el territorio de este último, para ser juzgado en el Estado que hubiere realizado el arresto. El argumento principal utilizado por la Suprema Corte de los EUA fue que dicho arresto no estaba prohibido expresamente en el Tratado de Extradición celebrado entre ambos países, que era perfectamente válido haberlo llevado por la fuerza a Texas y que no había inconveniente para ser juzgado allá por violaciones cometidas aquí.

La sentencia de la Suprema Corte norteamericana pretendió basarse en la doctrina Ker-Frisbie, basada en la máxima mala captus bene detentus, conforme a la cual, un arresto injusto no perjudica un juicio legítimo en el debido proceso. La Corte consideró el secuestro de Álvarez Machaín por agentes de la DEA como una simple irregularidad, en lugar de considerarlo como una conducta grave del Gobierno Norteamericano.

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En opinión de los autores del mencionado estudio, con la cual desde luego coincido, la sentencia violó claramente una de las principales reglas del Derecho Internacional Público, consistente en que ningún Estado puede realizar actos soberanos dentro del territorio de otro Estado, sin el consentimiento de este último. Justice Stevens emitió una robusta opinión disidente, a la cual se sumaron Justice Blackmun y Justice O’Connor, que señaló con claridad que el arresto de un criminal fugitivo por agentes de un Estado extranjero, en el territorio de otro Estado, es una clara violación al Derecho Internacional Público y que para poderlo realizar legalmente es necesario observar estrictamente las disposiciones establecidas en el Tratado de Extradición aplicable. En esta opinión disidente se deja en claro que el caso Álvarez Machaín significó una violación por parte de los Estados Unidos a la integridad territorial de México y una clara violación al Estado de Derecho y a los principios fundamentales de los Derechos Humanos, motivado por razones políticas y administrativas ajenas al Derecho.

La opinión disidente también dejó en claro que el Gobierno de los EUA carecía del poder para arrestar a Álvarez Machaín en territorio extranjero, porque tenía y tiene una limitación territorial autoimpuesta, por lo que carecía de jurisdicción. Se señaló que cuando un Gobierno limita sus poderes mediante un Tratado y luego actúa más allá de dicha limitación, viola el Tratado. Se concluyó que conforme a las normas del Derecho Internacional, Estados Unidos estaba obligado a regresar a Álvarez Machaín a México, conforme a la petición de México, por haber realizado un arresto arbitrario y porque el delito del cual se le acusaba había sido cometido en México y la legislación penal norteamericana no le debía ser aplicada extraterritorialmente. Por eso se propuso que se mantuviera el principio de que ningún Estado puede tomar medidas legales en ningún territorio de otro Estado, ni imponer sus leyes nacionales, sin consentimiento del otro Estado. También se señaló que los Estados normalmente no están obligados a extraditar a sus nacionales a otro Estado.

Cabe recordar finalmente la opinión emitida el 15 de agosto de 1992 por el Comité Jurídico Interamericano, del cual formaba parte el distinguido abogado mexicano don José Luis Siqueiros, que señaló que el secuestro es una grave violación del Derecho Internacional Público, que el caso de Álvarez Machaín constituyó una transgresión a la soberanía territorial de México y que los Estados Unidos estaban obligados a responder de la violación cometida y de volver a poner las cosas en el estado que se encontraban antes de realizar dicha transgresión. Así que, por haber sido responsables de violar la soberanía de México, los Estados Unidos estaban obligados a repatriar a Álvarez Machaín a México. El análisis sobre la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos también fue considerada contraria a las reglas del Derecho Internacional. 

Aunque finalmente el doctor Humberto Álvarez Machaín fue liberado en diciembre de 1992 por falta de pruebas, este episodio quedó inscrito en los anales de la relación México-Estadounidense.

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Bernardo

Muy bien Antonio. La ley debe ser respetada y por supuesto el derecho internacional y también los tratados para garantizar la justicia y La Paz entre las naciones. La situación extrema de un narco estado debe ser prevista por la ley internacional para que prevalezca la justicia, incluso en el difícil trato con gobiernos delincuentes y mafiosos. Saludos.

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