Cuando surgieron los Estados nacionales durante el siglo XIX, se vio de inmediato la necesidad de desarrollar un arte a su servicio. Asimismo, comenzaron a gestarse políticas que garantizaran la protección a la creación artística y el acceso de los gobernados al arte. Las colecciones, que antiguamente pertenecían a la aristocracia o a grandes corporaciones como la Iglesia, se abrieron paulatinamente al disfrute del público y, aunque este camino se presenta lleno de abrojos, se pueden reconocer diversos esfuerzos para sistematizar la producción artística; testimonio de ello es, por ejemplo, la creación de academias, instituciones que surgieron incluso mucho antes de los propios Estados; el otorgamiento de premios para financiar viajes de estudio al extranjero, la compra, por parte del Estado, de las obras que resultaban ganadoras en salones y concursos; así como la promulgación de leyes para incentivar la creación a partir de convocatorias específicas.
El arte del siglo XX en México está marcado por estas iniciativas, sobre todo, durante la década de 1920, ante la creación de la Secretaría de Educación Pública, el final de los años más crudos de la Revolución y la cooptación de artistas por parte de diversos regímenes para elaborar una iconografía propia. Desde luego no todos los esfuerzos han sido gubernamentales y no se debe desestimar el legado de asociaciones de artistas que reclamaban una posición activa dentro de la sociedad y un trabajo que contribuye a su construcción, trabajo que, por supuesto, merece ser remunerado. Reconocer y retribuir económicamente el trabajo artístico abona a la solidez de las instituciones, habla del respeto a los creadores y a la producción misma y se entiende que la remuneración pone en valor (simbólico, económico) aquello que se produce y que redunda en el crecimiento, la edificación y el disfrute de un público amplio.
Mucho se ha denostado a Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos, a raíz de la publicación de una convocatoria en la cual, la Secretaría de Educación Pública hace un llamamiento a los artistas gráficos a participar con sus ilustraciones en el diseño de los libros de texto gratuitos. Grosso modo, la convocatoria plantea que todo trabajo sometido a consideración debe ser inédito y no estar concursando en otro lado al mismo tiempo, el autor será reconocido con su nombre y/o pseudónimo, se exhorta a producir imágenes incluyentes, que promuevan la equidad de género, el multiculturalismo y que no se caiga en estereotipos o impropiedades; por supuesto, tambén deben ser imágenes que promuevan el bienestar físico y una sana alimentación.
Por si fuera poco, los elegidos deberán tomar una capacitación para llevar a buen puerto el libro en el que colaboren (no sé cómo, pues no hay planes de estudio en el marco de lo que han dado en llamar “Nueva escuela mexicana”). Los derechos serán automáticamente de la SEP y los materiales se podrán “editar, difundir, publicar, reproducir y descargar por cualquier medio impreso o electrónico”. Viene lo mejor: “Cada participante recibirá únicamente una constancia por sus materiales visuales, con valor curricular, por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito”.
La indignación no se hizo esperar y la respuesta fue sumamente creativa: varios artistas visuales lanzaron una Anticonvocatoria, con la intención de solicitar a todo aquél que quisiera boicotear el llamado de la SEP, el envío de imágenes y su publicación en redes bajo los hashtags #anticonvocatoria y #lailustracionsepaga. Los memes fueron los campeones de la protesta.
En 1962 apareció en las portadas de los libros de texto gratuitos la emblemática imagen de La patria, obra de Jorge González Camarena. En años posteriores, los niños mexicanos tuvieron a la vista obras de autores como Ramón Cano Manilla, José María Velasco, Rufino Tamayo, María Izquierdo, Roberto Montenegro y Ezequiel Negrete Lira, por nombrar solo algunos. La idea de plantear una convocatoria a los artistas contemporáneos para renovar la imagen de los libros es fantástica, pero es una burla y una inconsecuencia proponer como pago un reconocimiento, pues no se vive de aplausos, no se pagan cuentas con constancias de participación y no se participa en un proceso que implica técnica, conocimiento y consciencia a cambio del crédito y un ejemplar (digo, eso es obligado).
Si los funcionarios de esta administración estiman que los artistas deberían estar agradecidos hasta el tuétano de ser “tomados en cuenta” y porque les den la oportunidad de pasar a la historia con sus ilustraciones, el problema es mucho mayor. La respuesta del gremio me pareció inmejorable: visibilizó una condición que se ha ido recrudeciendo y que no se va a trascender si, como sociedad, no ponemos un alto. Triste, pero Marx Arriaga piensa que “los artistas deberían sentirse emocionados”, que no se está precarizando nada; parece que no ve ninguna falta ética en la convocatoria.
¿Quién puede tener confianza en instituciones y en un régimen que hacen de la explotación una práctica cotidiana con base en el “honor”? Apelar a la vocación de los profesores que están participando en las capacitaciones para la renovación de los libros de texto (sin programas, sin planes, repito), es igualmente inmoral. Para un régimen que se supone interesado en la moralización de la sociedad, esto es infamante y contradictorio. Pero lo es más todavía el que haya quienes sí acepten este tipo de condiciones y participen, en demérito de los que llevan años luchando por la dignificación de sus oficios. Un Estado que no paga lo que encarga, es un Estado que no tiene la capacidad de garantizar nada.
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