Al llegar a la Presidencia de la República con grandes promesas de cambio y un respaldo ciudadano inédito, Andrés Manuel López Obrador se topó ante una encrucijada: consolidar políticamente a él y su partido o gobernar lo mejor posible para cumplir lo dicho en campaña. En ese sentido, podemos analizar cuál fue el camino que tomó, esto a partir de un breve análisis de la forma en cómo ha reformado a la Administración Pública Federal durante su gobierno.
Es normal que, al inicio del sexenio, el presidente en turno haga los cambios que considere necesarios a la Ley, para poder ejercer su administración como mejor lo haya contemplado. En lo que refiere a Andrés Manuel López Obrador, los cambios que ha realizado son fieles a su estilo político y a su trayectoria, pues además de haber sido Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue dirigente tanto del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Los cambios efectuados a la Administración Pública Federal buscan asimilarla con un partido político en lo que refiere a cuatro aspectos: a) composición del personal; b) centralización de liderazgo; c) flexibilidad en la disposición del gasto; d) cumplimiento de objetivos.
En noviembre 5 de 2018, se publicó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, haciendo una reglamentación del artículo 75 constitucional y utilizando como base para la discusión en la Cámara de Diputados una minuta aprobada en noviembre de 2011 en la Cámara de Senadores. Esta Ley, en conjunto con la disminución que el presidente hizo de su sueldo, que siendo la base para determinar la remuneración de todos los servidores públicos implicaba que todos los sueldos habrían de disminuir, provocó un caudal de demandas de amparo y renuncias masivas.
Ante la incertidumbre de cómo decidiría la Suprema Corte y la presión ejercida al interior de la Administración Pública, las renuncias continuaron y quienes los sustituyeron fueron en muchos casos cuadros políticos provenientes o simpatizantes del partido gobernante. Un ejemplo visible fue la contratación de la exdiputada federal María Chávez García como secretaria administrativa del CONACyT-SENER; es decir, se privilegió la lealtad política sobre la capacidad operativa, como muchas veces ha sucedido al interior de los partidos políticos.
Por otro lado, también se reformó el artículo 17 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar la figura de los Delegados de Programas para el Desarrollo, coloquialmente llamados “súper-delegados”, quienes vinieron a centralizar la implementación de planes, programas y acciones del gobierno federal en las entidades federativas. Éstos, a su vez, son dirigidos por una Coordinación General de Programas para el Desarrollo, la cual depende directamente del Presidente de la República.
Las personas designadas como súper-delegados fueron actores políticos prominentes de MORENA o de sus aliados, como Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros en Guerrero, quien también es hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; también se dieron casos como el de Delfina Gómez, quien había sido candidata al gobierno del Estado de México por MORENA. Este cambio centralizó la distribución de apoyos de una forma similar a como los partidos centralizan la estructura en las entidades federativas con sus dirigencias estatales; junto con los nombramientos antes mencionados, se dio lugar a acusaciones de un posible uso electoral de dicha figura.
Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, político, economista y activista mexicano (Golpe Político). Irma Eréndira Sandoval Ballesteros es una politóloga mexicana (Reporte Índigo). Delfina Gómez Álvarez, política y educadora mexicana (Wix).
Por otra parte, también fue controversial la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, donde el presidente envió a la Cámara de Diputados un documento programático y a la Secretaría de Hacienda un documento técnico con los indicadores que exige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al final, fue aprobado el primero y el segundo incorporado al mismo como un anexo. Esto también fue uno de los factores detrás de la renuncia de Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda. El Plan Nacional de Desarrollo aprobado es un documento que no establece metas fijas ni indicadores de progreso, sino que habla de problemas sociales y metas políticas, de forma similar a como los partidos políticos establecen su plataforma electoral.
Posteriormente, se publicó en noviembre de 2019 la Ley Federal de Austeridad Republicana. Ésta establece una estructura por medio de la cual las Secretarías de Hacienda y Función Pública pueden hacer una revisión a los gastos de la Administración Pública para detectar áreas de oportunidad con fines de eficiencia; además de lo anterior, se establecen las bases para que todas las dependencias hagan programas de ahorro.
No obstante, resulta problemático que dicha Ley define la austeridad de forma tan amplia que el subejercicio presupuestal puede ser considerado como ahorro para efectos de la misma. Adicionalmente, dicha norma establece que los servidores públicos que hayan tenido acceso a información privilegiada no podrán trabajar en el sector privado por un periodo de 10 años. También se reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que todo ahorro pueda ser redirigido a los programas prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo.
La fuerte prohibición para trabajar en el sector privado está diseñada para establecer una dependencia política del presidente, pues se cierran las oportunidades laborales de funcionarios de servidores públicos de alto grado. También se establece un esquema que permite el subejercicio y la redirección discrecional del gasto público sin que sea revisado por la Cámara de Diputados, como establece la Constitución y, al ser el Plan Nacional de Desarrollo un documento programático, no existe claridad sobre lo que pudiera considerarse un programa prioritario.
La dependencia política y la flexibilidad del gasto y su destino también son propios de un partido, aunque debo notar que existe una fuerte fiscalización de los mismos por parte del Instituto Nacional Electoral, que ha devenido en fuertes multas; no obstante, muchos partidos son laxos en la forma en cómo ejercen y destinan su gasto a pesar de esto, pues, en muchos casos, la multa se toma como un riesgo calculado. Este esquema fue comprobado por el decreto presidencial del 23 de abril, donde se establecen medidas de austeridad consistentes en el subejercicio del 75% de las partidas de servicios generales y materiales, y suministro para redirigirlas a los proyectos presupuestarios del presidente.
Todo esto nos permite ver que existe la “partidización” de la Administración Pública: una serie de modificaciones que no privilegian la creación e implementación de política pública, sino la capacidad de operación política de lo que ordene el titular del Ejecutivo y la lealtad hacia su figura. Esto nos muestra claramente que, en su encrucijada, el presidente siempre tuvo un rumbo definido.
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