Un Estado con características fallidas es aquel en donde las estructuras de poder comienzan a colapsar y no puede garantizar la ley y el orden. En ese sentido, estrictamente hablando, México no es un Estado fallido, todavía; pero se muestra en esa ruta: como un Estado débil e incapaz de resolver la creciente ola de violencia y terror.
En el Leviatán, Hobbes estableció que el principal “oficio del soberano y del gobierno… es la procuración de la seguridad del pueblo”. No obstante, México ha perdido el control de 30 a 35% de su territorio el cual, según el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, está bajo el yugo de organizaciones criminales. Esto equivale al territorio de países como Alemania y Reino Unido, juntos.
Según el Fragile States Index, México está en semáforo amarillo, en “advertencia”. Tiene indicadores sociales, económicos y políticos relativamente decentes, pero los de seguridad y justicia son desastrosos.
El país tiene el séptimo peor aparato de seguridad del mundo, en la misma categoría que Siria o Somalia; es el país más inseguro del continente americano, peor que Haití, Honduras y Venezuela; 7 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas; la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 18, una de las más altas del mundo (el promedio de la OCDE es de 3); de 2006 a 2019 los homicidios dolosos sumaron más de 173 mil, cifra mayor que la de varios países en guerra civil (IISS); en el mismo periodo el número de desapariciones forzadas superó las 70 mil.
Además, tan sólo durante el primer semestre del 2020 fueron asesinadas 1,844 mujeres; esto es alrededor de 10 feminicidios cada día. El periodo más violento para las mujeres de las últimas tres décadas en las que se tienen registros (INEGI).
La impunidad de los delitos es del 92%, lo que, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, posiciona a México en el lugar 60 de 69 países analizados; peor que países como Guatemala, Perú y el Ecuador.
La violencia y el caos se ajustan a los tiempos. De acuerdo con el último informe sobre violencia política en México, de la consultora Etellekt, en la actual contienda electoral se ha registrado el asesinato de 79 políticos y aspirantes a cargos de elección popular.
La lista puede ser interminable: jóvenes estudiantes levantados de sus casas y asesinados; el descubrimiento de múltiples fosas clandestinas, pueblos enteros desplazados por el crimen organizado; “niños sicarios” reclutados por el narco y “niños autodefensas” reclutados por sus comunidades; robo, extorsión, secuestro… Todo ante la mirada impotente de la sociedad, fragmentada y polarizada.
De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen ascienden al 1.92% del PIB.
En gran medida es un problema de capacidades institucionales, de tamaño y fuerza. La ONU recomienda tener 1.8 policías por cada mil habitantes, México tiene apenas 0.8 y mal pagados. La cifra es menor en entidades donde ha estallado la violencia, como Guanajuato (0.4); Sinaloa (0.5); Jalisco y Michoacán (0.7) (SEGOB).
La inversión que realiza México en seguridad pública equivale al 0.96% del PIB, una inversión por debajo del promedio de América Latina (1.5%) y de la OCDE (1.7%). Algo similar sucede con el gasto militar, de apenas el 0.5% del PIB.
Ante la dramática realidad, indigna que nuestra clase política siga polarizando y que se siga vendiendo la narrativa de que los enemigos de México son los empresarios, las transnacionales, los partidos políticos, los medios, etc.
¿Cuándo nos daremos cuenta de que el verdadero enemigo es otro? Es momento de un gran pacto para la reconstrucción del Estado mexicano.
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