El presidente Joe Biden cumplió recientemente 100 días en el cargo y ha tomado decisiones que impactan profundamente a su país y al mundo. Biden ha causado un efecto sorpresa, que sin duda permite evocar el profundo impacto que suscitó el periodo de los primeros 100 días del gobierno de Franklin Delano Roosevelt, cuya foto se instaló en la oficina oval.
Al igual que Roosevelt, Biden encara una profunda crisis, en esta ocasión derivada de la pandemia del COVID-19, la emergencia climática global, el auge del autoritarismo a nivel internacional, así como la profunda división social y racial y la polarización que se vive en Estados Unidos.
La gestión de Biden se ha caracterizado por el regreso al respeto de las libertades fundamentales, de la democracia y el Estado de derecho, a volver a escuchar la voz de la ciencia y de la razón, la solidaridad social, a la competitividad y la modernización y sobre todo a la seriedad en el quehacer gubernamental y la mesura. En el aspecto internacional su gobierno ha regresado al multilateralismo, al Acuerdo de París y ha hecho del combate al cambio climático una causa fundamental tanto a nivel nacional como global.
Su plan de recuperación económica se basa en una importante inyección de recursos (1.9 billones de dólares) de apoyo para superar la recesión que provocó la pandemia. Además, Biden planteó un ambicioso proyecto para renovar las infraestructuras de Estados Unidos, crear millones de nuevos empleos productivos, reducir drásticamente las emisiones de carbono para modernizar la economía y poder competir con China. Su plan está valorado en 2.25 billones de dólares y requiere de la aprobación del Congreso. Es la mayor inversión en empleos desde la Segunda Guerra Mundial.
Dentro del plan para modernizar las infraestructuras, se contempla renovar carreteras, autopistas y puentes; modernizar puertos y aeropuertos; doblar la inversión federal en sistemas de transporte público; construir una red de 500 mil cargadores de vehículos eléctricos para 2030.
Otro bloque de renovación de la infraestructura consiste en destinar 650 mil millones de dólares en acceso a la banda ancha, agua potable, red eléctrica y vivienda pública. También es reemplazar todas las tuberías de plomo del país, reducir la exposición de ese metal en 400 mil escuelas y centros educativos. Además, el gobierno invertirá 580 mil millones de dólares en investigación y desarrollo y 400 mil millones para contratar a trabajadores para el cuidado de personas mayores y discapacitadas.
Desde luego, la principal controversia con los republicanos es sobre la forma de financiar este plan, entre las medidas que más destacan es el incremento del Impuesto Sobre la Renta corporativo al 28%. De cualquier forma, estaría más bajo del 35% que existía antes de la irresponsable reducción que instrumentó Trump. De cualquier forma, Biden plantea una reforma fiscal progresiva, que no grave con más cargas impositivas a la clase media, a la cual él considera como la verdadera constructora de ese país.
Un aspecto crucial de las políticas de Biden es el combate al cambio climático, propósito que comparte la comunidad internacional organizada. António Guterres, Secretario General de la ONU, señala que ha llegado el momento, en este año crucial para la humanidad, de emprender una acción climática enérgica. Añade que la conclusión de la ciencia es irrefutable: para evitar que la crisis climática se convierta en una catástrofe permanente, debemos limitar el calentamiento global a menos de 1.5 grados centígrados en lo que resta del siglo XXI. Debemos lograr, antes de mediados de siglo, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) sean de valor cero.
Añade Guterres que éste es el momento de actuar, cuando muchos gobiernos están movilizando billones de dólares para superar la pandemia de COVID-19. La preservación de la naturaleza y el combate al cambio climático conllevan profundos cambios en todos los órdenes de la vida económica y social. Éste es el momento oportuno de efectuarlo.
El mundo cuenta ya con el marco de acción, que es el Acuerdo de París de 2015, el cual será renovado y revitalizado en la COP 26, en Glasgow en noviembre de este año. En el futuro, los gobiernos deben comprometerse a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los países que más contaminan.
Uno de los planteamientos más urgentes es la eliminación gradual pero rápida del carbón en el sector eléctrico. El uso mundial del carbón para generar electricidad debe reducirse para 2030 en un 80% por debajo de los niveles de 2010. En tal ámbito, es necesario que en este proceso de transición energética se apoye a los trabajadores de las industrias afectadas y del sector informal para que cambien de empleos y adquieran nuevas competencias.
Los países desarrollados deben ampliar sus compromisos de aportar 100 mil millones de dólares anuales para duplicar los niveles de financiamiento para el clima; dedicar la mitad del financiamiento para la adaptación; poner fin al apoyo financiero para el carbón y cambiar las subvenciones a las combustibles fósiles a las energías renovables.
La Cumbre del G-7 en junio es una oportunidad para que los países más ricos del mundo asuman compromisos para garantizar el éxito de la COP-26. El Secretario General de la ONU plantea también que los bancos de desarrollo multilaterales y nacionales adopten políticas claras para financiar la recuperación del COVID-19 y la transición a económicas sustentables ambientalmente, en especial en los países en desarrollo. Cabe señalar que muchos gobiernos locales y empresas privadas se han comprometido en lograr emisiones netas de GEI, de valor cero para 2050 y han emprendido importantes revisiones de sus modelos de negocio.
Las nuevas generaciones deben responder a los retos que plantea el cambio climático, proteger la biodiversidad, detener la guerra de la humanidad contra la naturaleza y acelerar los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible. La agenda global está marcada por la emergencia climática.