El próximo domingo 1º de agosto se realizará en México la primera consulta popular en todo el país con un carácter vinculante. Este primer ejercicio de democracia directa ha sido poco difundido por el INE, por los medios de comunicación y por los diversos partidos políticos. Por el contrario, en redes sociales como Twitter el debate en torno a este ejercicio participativo ha tenido mayor presencia entre quienes lo apoyan y los que llaman a no participar.
Es cierto que la consulta popular es un ejercicio inédito en nuestro país, por lo que se han multiplicado dudas, inquietudes y desinformación. Por ello es necesario insistir que ésta representa un mecanismo de democracia directa en donde cualquier ciudadano pueda expresar su aprobación o rechazo sobre la actuación de sus gobiernos en las decisiones políticas que han tomado.
Como es conocido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no consideró que la pregunta tuviera nombres de personas para respetar el debido proceso y no prejuzgar a nadie, y formuló otra pregunta que no queda muy clara para muchos ciudadanos: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos?”
Sin embargo, grupos de la sociedad civil y el partido político Morena difunden que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la atribución constitucional y legal de organizar, desarrollar y coordinar la consulta popular, así como computar, declarar y validar los resultados del mecanismo de democracia directa. Por lo tanto, los ciudadanos votaremos en mesas de casillas instaladas por el INE; con la diferencia de que no habrá representación de los partidos políticos en la vigilancia del funcionamiento de las mesas, como sucede en las elecciones. Se tiene programada la instalación de 57 mil mesas a lo largo y ancho del país. Para que la consulta sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales se requiere la participación del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 37.4 millones de personas.
Ahora bien, esta primera consulta popular basada en la Constitución genera un debate, quienes no la quieren, quienes la repudian, quienes la odian, no la pueden cuestionar y por consecuencia la ridiculizan. El fondo del asunto es que los que quieren volver atrás, no les favorece el principio que anima la consulta, el cual consiste que la gente decida; aborrecen que el pueblo pueda decidir y por lo tanto tienen que utilizar el discurso de la proclamada inoperancia de las decisiones populares.
Algunos que se oponen a la consulta popular alegan que la pregunta es enredada, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue quien modificó y redactó la pregunta. Por supuesto que no se atreven todavía a reclamar a ese Poder Judicial. Otros que se oponen se refugian en decir que es un gasto innecesario habiendo asuntos prioritarios, pero al final se soban las manos con una presencia en las urnas que no alcance los 37 millones que se requieren.
En países de América del Sur los mecanismos de democracia directa se han aplicado en décadas pasadas, como fue el caso en Chile, que sometió a plebiscito la ampliación del mandato de Augusto Pinochet. La mayoría de la población dijo “No” a más años de dictadura. Otros países del continente como Bolivia, Colombia, Venezuela también han realizado consultas populares. México, como se ha señalado, va a realizar su primera en todo el país.
Los opositores a la consulta popular como método de gobierno, como mecanismo subversivo de participación, que puede poner en peligro los privilegios sociales de los que han gozado, esperan que la ciudadana no participe, incluso manifestando su “No” en la consulta popular. De cualquier forma, millones irán a las urnas a pronunciarse contra la impunidad como sistema. No tengo la certeza si se cumpla el mínimo necesario de participación para que sea vinculante, en mi caso lo importante es que se sienten las bases de una democracia directa en donde la ciudadanía decida específicamente sobre temas de interés nacional. Tengo la esperanza de que habrá, por tanto, una mayoría ciudadana que votará por el “Sí”.
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