La pandemia por COVID-19 ha cimbrado profundamente nuestras conciencias para darnos cuenta del valor que tiene nuestra salud y, en consecuencia, dimensionar la relevancia de contar con servicios públicos de atención médica accesibles y de calidad.
Desafortunadamente, la crisis sanitaria ha evidenciado debilidades en la mayoría de dichos sistemas de salud, poniendo a prueba su capacidad de operación y cobertura. Así lo reveló una encuesta de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual mostraba que 36 de 70 países habían experimentado interrupciones en sus servicios esenciales en más del 50% de éstos.
A pesar de que las naciones integrantes de dicho organismo han realizado esfuerzos para caminar hacia una cobertura sanitaria universal ‒compromiso que asumieron desde 2005‒, en aras de que todas las personas tengamos los mecanismos de cuidado que necesitamos, sin correr riesgos económicos o de empobrecimiento; aún la brecha es muy amplia.
El Informe Tracking Universal Health Coverage 2017. Global Monitoring Report de la OMS y del Banco Mundial reportaba que al menos la mitad de la población mundial todavía no tenía acceso a servicios de salud; y que cada año casi 100 millones de personas caían en pobreza extrema por los elevados costos en este rubro.
En México, según la Medición Multidimensional de Pobreza 2020 de CONEVAL, entre 2018 y ese año, aumentó 12% la población que carecía de servicios sanitarios (de 16.2% a 28.2%), al pasar de 20.1 a 35.7 millones de personas sin afiliación o derecho a atención en una institución pública o privada.
En la Ciudad de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, de 9 millones 209 mil 944 habitantes, sólo 72.62% (6 millones 689 mil 12) estábamos inscritos en alguna instancia sanitaria.
Para alcanzar una cobertura universal de servicios de salud no basta con que toda la población mexicana se encuentre afiliada; también se requiere garantizar que tenga acceso igualitario a los mismos y que se brinden sin poner en riesgo su situación financiera.
El Informe “Un diagnóstico de la desigualdad socioterritorial” de 2020, del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, mostraba que aún cuando las personas fueron atendidas en el sistema público, el 20% de quienes eran usarias del IMSS, el 25% del ISSSTE, y el 28% de la Secretaría de Salud capitalina, de todos modos tuvieron que pagar tratamientos e insumos.
En ese mismo tenor, el estudio “Interrupción de los servicios de salud por Covid-19: Implicaciones en el gasto de bolsillo”, realizado en 2021 por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C., muestra que, de 2018 a 2020, se incrementó en 40% el gasto directo que una persona destinó a su salud, al aumentar de $2 mil 358 a $3 mil 300 pesos, explicando que su alza se debió a que no recibieron atención de tipo público, o bien, porque aun teniéndola, debieron pagar consultas o medicamentos.
La Dra. Carissa Faustina Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud, afirma que “la salud es el corazón de una sociedad próspera”, y que gracias a ella “las personas siguen trabajando, los niños (y las niñas) siguen asistiendo a la escuela, las empresas siguen siendo productivas y la economía sigue creciendo.”
A propósito del 12 de diciembre, Día de la Cobertura Sanitaria Universal, y a casi dos años de la presencia del virus SARS-CoV-2 en el mundo ‒que sigue mutando y esparciéndose‒, es tarea obligada de las autoridades y de quienes formamos esta sociedad asumir la responsabilidad de cuidarnos y de proteger a los demás; así como de hacer un alto para revisar y evaluar las acciones emprendidas para plantear cambios que permitan un mejor control de esta enfermedad y de otras con la esperanza de su erradicación.
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