La transformación digital está presente en el sector público y privado. Su expansión ha ayudado a resolver problemas y a mejorar la calidad de vida.
Si bien las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han abonado al crecimiento económico, su aplicación no se reduce a ello, sino que añaden valor público y social a diversos campos.
A través de ellas es posible impulsar el desarrollo y el empoderamiento de las personas; innovar la prestación de servicios y habilitar derechos como el acceso a la información, las libertades de expresión e información, la justicia, la salud, la educación, entre otros.
Las TIC pueden ser una poderosa herramienta para fortalecer la democracia, para facilitar las prerrogativas políticas-electorales, y para promover nuevos canales de participación, lo que conlleva a la construcción de un Estado y una ciudadanía digitales.
Plantear una política de digitalización de los procesos democráticos puede traer importantes beneficios, pues al hacerlos más abiertos, eficientes y transparentes, se podrían reducir costos y recursos, ampliar la voz e involucramiento de la gente, y reforzar la confianza.
La implementación de una política pública digital que contribuya a consolidar una democracia inclusiva y participativa fue puesta a la mesa del debate público en el Foro “MX5G: Transformación para el futuro digital”, convocado por la Anatel, la Asociación de Internet MX y DPL Live, que congregó a diversos perfiles especializados.
Quienes participamos en dicha discusión pudimos intercambiar experiencias y buenas prácticas, comentar sobre la viabilidad de dicha política en nuestro contexto; e identificar riesgos y escenarios a ponderar para encontrar maneras de hacerles frente.
Algunas innovaciones digitales en este ámbito se han aplicado a la conformación de listados nominales, registros de electores, mecanismos de voto y de cómputo, publicaciones de resultados y foros de participación pública.
Un estudio de la OEA sobre ciberseguridad de los procesos democráticos para América Latina y el Caribe de 2019, mostraba su grado de digitalización en 17 países, de los cuales, más del 75% ha implementado bases de datos de registro de votantes; arriba del 60% tiene sistemas de informes de elecciones; más del 50% usa la identificación digital; y cerca del 20% emplea sistemas de votación por Internet.
La adopción del voto digital o i-voting presenta pros y contras. Por una parte, puede incentivar la participación, y constituir un blindaje de los resultados, porque permite votar en línea, y que la decisión se contabilice por esta vía. Por otro lado, plantea retos de privacidad y seguridad por posibles ataques informáticos; puede influir de forma indebida en las personas votantes; y no garantizar la igualdad en el acceso a esta modalidad dada la brecha digital existente.
Resulta interesante el caso de Estonia que establece mecanismos de seguridad como tarjetas de identidad digital para sufragar, asegurando el anonimato al eliminar quién es la persona votante de la papeleta antes de llegar a la autoridad para su escrutinio.
En este mes de la concientización sobre la ciberseguridad, debe resaltarse que este elemento es indispensable para una democracia digital, pues vela por la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Hay tecnologías que podemos considerar para ello, como el cómputo en la nube, el cifrado, la Inteligencia Artificial, o el blockchain.
Alexandra Reeve Givens, Presidenta y CEO del Center for Democracy & Technology, refiere que ante las tensiones entre democracia y tecnología, debemos poner en el centro de la revolución digital a los derechos de las personas. Las TIC deben potenciarnos y no limitarnos, salvaguardando nuestra dignidad y humanidad.
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.