Después del discurso del presidente francés Emmanuel Macron en torno al giro que su gobierno le dará al tema del COVID, muchas personas han dicho que su propuesta es un acto dictatorial.
Entre muchas de las noticias falsas que se han difundido al respecto, ésta es una de las de mayor circulación. Supuestamente Macron dijo: “Ya no tengo intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez es usted quien se queda en casa, no nosotros”.
Corroborado está que el presidente francés no dijo eso, de hecho, es posible ver una trascripción de su discurso aquí.
Sin embargo, esa falsa noticia podríamos decir que sí refleja un poco, a manera de resumen, lo que en realidad dijo. Esencialmente el presidente francés mencionó que se invertiría el enfoque respecto del manejo de la pandemia. Textualmente sostuvo: …notre approche sera plus simple. Partout, nous aurons la même démarche: reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous.
Que en una traducción de libre interpretación expresaría lo siguiente: …nuestro enfoque será más simple. En todas partes tendremos el mismo enfoque: reconocer el civismo y hacer recaer las restricciones en los no vacunados y no sobre todos.
Es por ello que muchas personas lo han llamado un dictador, porque el nuevo enfoque francés implica que, para poder asistir a diversos lugares, como restaurantes o museos, los franceses deberán presentar una constancia de que ya están vacunados o una prueba reciente que demuestre que no están infectados.
Así, el presidente francés hace recaer la responsabilidad futura en aquellos que no quieren ser vacunados. El tema, sin embargo, es –en mi opinión– más simple de lo que parece. No se trata de violentar el derecho a decidir de las personas, sino de un tema de salud pública.
Es decir, frente al bien común, que en este caso sería acabar con la pandemia, el interés de los que son más se encuentra supeditado al interés de la minoría.
Hace tiempo (antes de la pandemia) yo les ponía el siguiente ejemplo a mis estudiantes sobre la obligatoriedad de las normas, por razones de salud pública o seguridad sanitaria. Ejemplo que es real y lo he vivido.
¿Qué pasa cuando bajo ciertas circunstancias ha habido un aumento –por regla general a causa de la negligencia de las personas– de casos de dengue? Es decir, ¿qué pasa si mi vecino tiene botes con agua estancada que promueven la proliferación del mosquito? Si se hace una campaña de fumigación en la que un vehículo va esparciendo por todas las casas algún químico para matar al mosquito, ¿mi vecino puede oponerse a que fumiguen su propiedad? Puede pedir que ese vehículo al pasar por su casa no fumigue, porque él cree legítimamente que dicho químico le va a provocar cáncer, por ejemplo.
La respuesta es “no” y por razones de salud “pública”. Mi hipotético vecino no podría oponerse por una sencilla razón: él no puede controlar ni asegurar que los mosquitos anidados en sus cubetas de agua estancada no saldrán de los límites de su propiedad.
Así pues, la salud pública está por encima de los intereses particulares. Visto desde el derecho, la salud de la población en su conjunto es un asunto de orden público, entendiendo por éste los principios jurídicos indispensables para la organización de la vida social. En este sentido, una campaña de fumigación contra el dengue, o en el caso que nos ocupa, una campaña de vacunación contra el COVID-19, podrían considerarse de orden público, pero en México (y en muchos países) jamás lo harían porque eso no da votos y eventualmente los quita.
En fin, los mosquitos al igual que los virus ignoran que los seres humanos tenemos derechos, para un mosco o un virus el derecho no existe, ellos son egoístas y así están programados genéticamente, hacen cuanto tengan que hacer, para subsistir más como especie que como individuos.
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