Durante siglos el poder del gobierno y los excesos han estado entrelazados. Desde el feudalismo hasta las repúblicas modernas, la tentación de hacer uso del poder tanto para beneficiarse económicamente como para saciar las más bajas pasiones de quienes lo ejercen ha sido una constante en la evolución de la historia y concreción de los gobiernos.
El poder se puede volver un vicio embriagante, desquiciante y más para quienes lo ambicionan con fines aviesos y ajenos a cualquier finalidad valiosa. La historia así lo ha demostrado. Incluso, quienes acceden a él enarbolando las más nobles y justas de las reivindicaciones, han caído en la tentación del abuso de las facultades y atribuciones que les brindan tanto la ley como la función misma, para beneficiarse de ellos en detrimento de sus causas, valores y principios.
Por eso la dictadura romana era transitoria y, tras su servicio, le pagaba los favores al dictador con privilegios y bienes, pero alejándolo de la cosa pública y de las decisiones del gobierno, ya que tenían claro que quienes habían ejercido y ostentado un poder casi ilimitado, difícilmente se conformarían con posiciones sumamente delimitadas y encasilladas en un marco jurídico ordinario, donde la ley y los límites les imponen trabas para desfogar sus deseos y sofocar sus ambiciones.
Las lecciones son muchas y ejemplos sobran a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, la tónica ha sido la misma: el poder corrompe y el que es absoluto lo hace absolutamente, lo que crea un riesgo para la democracia en sí y para la sociedad en su conjunto, incluso para las generaciones que vendrán detrás de nosotros.
Los cargos de gobierno con mayor poder e influencia son los que se disputan en los procesos electorales y en aquellos que requieren ratificación de la representación popular. Así se garantiza que quienes accedan a ellas sean representantes de la gente y —quizá románticamente— respondan ante ellos por los resultados que brinden. Por eso, es prioritaria la historia pública de quienes pretenden ocupar cargos de elección popular ya que, de este modo, los electores podremos evaluar tanto sus aciertos como los errores cometidos en su trayectoria; su temperamento, vicios y defectos, pero, sobre todo, su proclividad a sucumbir ante las tentaciones del poder.
Sin embargo, en los últimos tiempos, esto pareciera haber dejado de tener importancia. La simpatía, el carisma, las componendas, los arreglos y, principalmente, las argucias mercadotécnicas, logran imponer candidatos, disfrazar los defectos, esconder los yerros y hasta desestimar delitos convirtiéndolos —en el mejor de los casos— en actos de rebeldía contra el sistema o —incluso— en “chascarrillos inocentes”. Con ello se desestabiliza la República, al corromper sus bases y orígenes de quienes dirigen a las instituciones de gobierno.
Hoy, más que nunca, es urgente la relegitimación de las instituciones públicas y la mejor forma de lograrlo es garantizar y acreditar la probidad de quienes las encabezan los movimientos políticos. Si estos personajes son cuestionados en su honorabilidad y sensibilidad social. Ya no estamos en los tiempos en los que bastaba la voluntad y visto bueno del “Gran Jefe”, es necesario probárselo a la gente que es a la que todos los servidores públicos nos debemos.
@AndresAguileraM
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