Pese a que Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno trabaja para llevar ante la justicia a quienes cometen agresiones contra las mujeres, y enfatizó que no permitirá las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, con el argumento de ahorrar 1,400 millones de pesos el gobierno federal eliminó 11 programas sociales que procuraban la atención, el cuidado y la defensa de las mujeres.

Cabe precisar que, desde antes de la pandemia, la violencia contra las mujeres en México ya era un problema público importante.

De acuerdo con datos del INEGI, en México el 44% de las mujeres mayores de 15 años habían vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su última relación de pareja: 40.1% reportó haber vivido violencia emocional, el 20.9% violencia económica, 17.9% violencia física y el 6.5% violencia sexual.

Si bien 8 de cada 10 mujeres que vivieron esta violencia no pidieron apoyo a ninguna institución ni presentaron queja o denuncia alguna, desde el 2016 el delito de violencia familiar contra la mujer era ya el segundo delito con más investigaciones penales abiertas por las fiscalías en el país, siendo el primero el robo.

Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la organización feminista Interseca contó un total de 337 mujeres asesinadas en el país. Esta proporción significó un promedio de 11.2 mujeres asesinadas por día, aumentando un 2% en casos de feminicidio respecto al 2020, mientras que los homicidios redujeron un 0.2%.

El informe (Des)Protección Judicial publicado por la organización EQUIS: Justicia para las Mujeres, analizó los acuerdos de suspensión de labores de los 32 Poderes Judiciales estatales del país, para evaluar qué herramientas reguladas continuaron habilitadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia durante la contingencia sanitaria. El resumen, 87% de los tribunales reprobaron dichos programas y órdenes de protección.

• Sólo 7 de los 32 Poderes Judiciales consideraron de manera explícita el establecimiento de guardias para la emisión de medidas de protección en materia familiar.
• 5 de los 32 Poderes Judiciales consideraron necesario contar con el personal para ratificar medidas de protección emitidas por ministerios públicos.
• 21 de los 32 Poderes Judiciales establecieron guardias para que el pago de pensiones opere de manera regular.
• En 15 de los 32 Poderes Judiciales se suspendieron las actividades de los centros, sin ofrecer alternativas; sólo 2 establecieron medidas alternativas para llevar a cabo las convivencias.

Por otro lado, la falta de recursos y programas públicos con enfoque de género ya tenía un antecedente dentro del desinterés por parte del Ejecutivo.

A principios de 2019 se anunció la suspensión de los recursos públicos destinados a los refugios y albergues de protección para las mujeres y niños víctimas de violencia, a la excusa de reducir intermediarios y priorizar las transferencias directas a personas beneficiarias.

Programas como las Casas de la Mujer Indígena (CAMI), hasta el momento el único programa del país que atiende a mujeres indígenas en sus derechos sexuales y reproductivos y previene la violencia de género, está por desaparecer tras el recorte de 75% del presupuesto disponible designado para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ya desde el inicio de la contingencia, el papel que jugaron las CAMI fueron fundamentales en la atención por violencia de género dentro de las comunidades indígenas.

Datos proporcionados por la Red Nacional de Casas de las Mujeres Indígenas señalan que 644 de las mujeres que fueron atendidas por las CAMI durante la contingencia, ya no cuentan con el apoyo debido a la cancelación de presupuesto.

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