Recientemente, nuestra Constitución vigente cumplió 104 años. Lo anterior no sería alarmante, sino por un fenómeno desastroso, ha sufrido más de setecientas reformas, algunas, siendo las menos, resultan adecuadas y admirables, pero lamentablemente la mayor parte, imprudentes, caprichosas y funestas. El llamado Constituyente Permanente, ha tenido la irresponsabilidad de alterar sistemáticamente la Carta Magna de 1917, donde se han reflejado los afanes presidenciales. Bien sabemos que en nuestro país, el Poder Legislativo es inexistente; obedece por razones políticas y actos de corrupción, de manera ignominiosa, al Jefe del Ejecutivo, así, debemos aceptar que sus deseos han sido la tónica de cientos de modificaciones.
El mecanismo para transformar un artículo de la bien llamada “Ley de Leyes”, es que una mayoría calificada del Congreso haga los cambios “a modo” y después los Congresos Locales –que bien sabemos, son serviles a la consigna–, lo ratifican.
México goza de una respetable historia constitucional; la podemos precisar desde 1812 en que se aprobó, aun siendo la Nueva España y por tanto, La Colonia, un importante documento en el que participaron destacados mexicanos. Posteriormente, en plena lucha insurgente, José María Morelos y Pavón, impulsó la Constitución de Apatzingán en 1814, en la cual se declaraba la absoluta liberación de nuestro país, del reino español.
Ya como nación independiente, efectiva y cierta, en 1824 se decretó una importante Constitución Federalista, que precisamente por ese principio, provocó duras confrontaciones, dando por resultado su derogación y llegando en su lugar dos Constituciones Centralistas, la de 1836, también conocida como “Las Siete Leyes” y la de 1843, a la que se le denominó “Bases Orgánicas”.
En 1857, una Constitución histórica, causó esplendor mundial y le dio mérito a México, por su reconocimiento a los Derechos Humanos, sobre todo el que se refirió al voto universal, al derecho a todos los ciudadanos de sufragar. Un verdadero ejemplo para el mundo, ya que en esas épocas, era cotidiano otorgarles el voto solo a quienes supieran leer y escribir, pero en una tesis destacada de Ignacio Ramírez “El Nigromante”, sostuvo que bajo ningún concepto se le debería limitar al analfabeta el derecho a votar, ya que la razón de ser de su condición, era responsabilidad del Estado, quien no había cumplido con su obligación de educar y por lo tanto, no podían castigarse. En lo referente al principio que sostuvo de la libertad de educar, provocó que el propio Vaticano, particularmente el Papa Pío XI, excomulgara a los Diputados que juraron la Ley Fundamental.
Posteriormente, como consecuencia de la Revolución mexicana, en 1917 se proclama lo que es un orgullo para todos los mexicanos, una Constitución también de asombro mundial, poseedora de principios de nivel inconmensurable, especialmente en la inclusión de los Derechos Sociales, como lo son los que benefician a los trabajadores, en el artículo 123 y más aún, al gremio campesino en el artículo 27, esto dos años antes de la Constitución de Weimar de 1919.
Dejemos en claro, la Constitución de 1917 es un orgullo para todos los mexicanos, pero insistimos, ha sido adicionada de manera irresponsable, lo que exige a que orientemos una propuesta por una nueva Constitución, donde se mantengan los principios originales establecidos en 1917 y se incrementen aspectos esenciales, orientados al bienestar colectivo.
No será fácil, pero resulta imprescindible.
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