Hasta tres días después de cerrados los centros de votación aparecen las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras para comunicar resultados “oficiales” parciales de las elecciones celebradas éste 14 de marzo. Sobre estos resultados, candidatos “vencedores” de los partidos Nacional y LIBRE han empezado a hacer invitaciones de “unidad” para ir a las competiciones generales del último domingo de noviembre. La crispación se mantiene, no obstante, en el partido Liberal, pues el exrector universitario Luis Zelaya argumenta que desde el CNE, el cual regula la democracia, se busca “imponer” al contrincante que lleva la delantera, empresario y exconvicto en Estados Unidos por lavado de dinero, Yani Rosenthal. Fueron medios corporativos hondureños que brindaron los resultados iniciales a “pie de urna” el mismo día de celebradas las votaciones basadas en los sondeos de Marketing Total.
Para iniciar, yo siempre he creído que parte de la solución a estos problemas “eternos” en los comicios de cada cuatro años en el país, y que por ende, están en la raíz de las dificultades globales que enfrentan los hondureños –por la pérdida progresiva de la fe en la democracia representativa–, pasa por instaurar personas apolíticas en estos órganos administradores que revisten un interés superior público, debido a que cada periodo ciertamente las expectativas del ciudadano se “renuevan”, producto de la “fatiga” experimentada al no haber acciones concretas y productivas de las promesas de campaña promovidas a los cuatro vientos (dependiendo obviamente de la capacidad logístico-financiera) para llegar al electorado.
Me pregunto, ¿cómo es posible que una de las tres autoridades de este nivel de organismo invoque la ley electoral en vigencia –la nueva está en dictamen– y argumente que tienen hasta 30 días para declarar ganador a los candidatos?, de una justa electoral que sirve como preámbulo o ensayo para las definitivas de noviembre.
Pienso que lo más destacado de la jornada electoral fue el comportamiento ciudadano disciplinado, tomando las medidas pertinentes de bioseguridad debido a la pandemia de la COVID-19 y con una indeleble fe en que el futuro se construye a partir de ahora, justamente cuando en las esferas públicas nacional e internacionales se ha mencionado a políticos hondureños de conspirar para introducir droga a la tierra del “tío Sam”, lo cual “mancha” de cierta forma la bandera cinco estrellas. No obstante, es valedero soslayar que son funcionarios individuales quienes han sido señalados y no el conjunto poblacional global como tal.
No cabe duda de que democracias débiles como las hondureñas han venido arrastrando importantes cotas de déficits debido a la incapacidad –hasta el momento– de instaurar un robusto estado de derecho que gestione las más variadas y diversas diferencias desde la igualdad –sin importar condición económica, social, étnica, etcétera–.
Ya lo señalaba en su momento John Lewis, fallecido activista, defensor de los derechos civiles y miembro del Congreso Nacional de Representantes de Georgia, en el sentido de que “el voto es preciado. Es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad democrática y debemos usarla”. Esto indiscutiblemente es un tácito reconocimiento de la indestructible validez del voto ciudadano como cesión de poder a representantes de diversas ideologías surgidos a partir de consensos de base para aspirar a dirigir la institucionalidad pública.
En definitiva, al parecer, las mismas falencias técnico-administrativas que demostró el precedente Tribunal Supremo Electoral “catracho” se avizoran en la retina del CNE, a menos que haya una planeación más estratégica y sistematizada sobre la resolución de los diversos problemas, inherentes a eventos de tal naturaleza.
Posdata: Más de 4.8 millones de hondureños fueron convocados a votar. De ellos, más de medio millón fueron registrados como nuevos electores. Éstas son las undécimas elecciones organizadas desde 1985.
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