Ante la profunda crisis económica de México y su devastadora destrucción de empleos, es necesario ser creativos para generar las oportunidades necesarias requeridas en nuestro mercado laboral. ¿Dónde están las nuevas ideas?, así lo sostiene el Observatorio del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana A.C.
Si bien es cierto que la Constitución Política de México en su artículo 5º garantiza que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”; también señala que “cada entidad federativa (definirá) cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio”.
El requerimiento de un título profesional para el ejercicio de una actividad especializada no es mera burocracia, es la manera de regular la oferta de personas certificadas para laborar en cierto tipo de actividad (mercado laboral), que cuentan con conocimientos reconocidos en la materia y que efectivamente responden con suficiencia a una demanda específica de bienes y servicios de la sociedad en la entidad federativa donde residen. De otra manera, no podrán encontrar empleo o no encontrarán clientes para los servicios que están preparados a ofrecer con un estándar de calidad profesional. Claro que para ello, la organización contratante o el cliente, debe definir un perfil de puesto o perfil del profesional requerido para el servicio, así como la acreditación mediante título y cédula profesional vigente que demuestre que cuenta con los conocimientos requeridos.
Actualmente este derecho humano está regulado por la “Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México”, elaborada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Una ley que, con mínimos cambios, data del 26 de mayo de 1945. Sí, cuando Manuel Ávila Camacho era presidente de México. ¡¿Lo puede usted creer?!
Sin embargo, pese a que la Constitución Federal prevé que cada entidad federativa habrá de legislar en la materia, la realidad es que, al menos en la Ciudad de México, no se ha hecho lo propio. Quizá debido a su estatus especial, y a su relativamente nueva Constitución Política (2018). Sin embargo, la Constitución de la Ciudad de México garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos en concordancia con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, y las leyes que de ella emanan. Incluso el Congreso de la Ciudad de México emitió una “Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, que sin embargo es genérica sobre la materia.
Para dimensionar el tema, aquí unas cifras oficiales provenientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en todo el país, con los resultados más relevantes sobre la ocupación y el empleo al cierre 2020. Básicamente tenemos que:
⋅ 60.1% de la población de 15 años y más es económicamente activa. Esto significa que está ocupada o busca estarlo;
⋅ 3.3% es la tasa de desocupación (TD), la cual considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo;
⋅ 21.6% de la población ocupada son trabajadores por cuenta propia o independientes
Y esta última cifra, considerando que la PEA es de 55 millones en el cuarto trimestre de 2020, significa que más de 11 millones 550 mil mexicanos son trabajadores independientes o por cuenta propia. ¿Qué tareas realizan? Son trabajadores eventuales; autoempleados; guías de turistas; y productores inmateriales (intelectuales, periodistas, consultores, emprendedores, artistas, creadores digitales, entre otros).
Es un hecho que los mexicanos debemos dejar de pensar en ser empleados. No podemos depender de los inversionistas nacionales ni extranjeros que son muy sensibles a las políticas públicas erráticas y al endeble Estado de derecho de nuestro país. ¿Qué opción tenemos? Ser trabajadores independientes, para que cumpliendo nuestras obligaciones fiscales podamos exigir la protección de nuestros derechos laborales en un mercado interno libre de los caprichos del gobierno, la hipersensibilidad de la oligarquía, o la explotación de las empresas de capital extranjero.
EN PERSPECTIVA, la cruda realidad es que de muy poco nos sirve tener el derecho de dedicarnos a lo que deseamos si no hay la oportunidad de ofrecer nuestros servicios de manera asalariada o como un servicio externo prestado como trabajador independiente.
Generar las condiciones para que el mercado laboral sea receptivo a la oferta de servicios de los mexicanos es una responsabilidad ineludible del Estado. Ante esta crisis cabe la pregunta: ¿cuál es la estrategia legislativa y de política pública del gobierno para generar estás oportunidades? ¿O acaso los ciudadanos tenemos que ocuparnos nosotros mismos y generar un mercado laboral acorde a nuestras necesidades?
¿Usted qué opina estimado lector?
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