Tal como se ha dicho “quien crea que todo está mal y quien crea que todo está bien, está mal”. Aunque cueste trabajo encontrar elementos positivos en el actual régimen que padecemos, brilla la actuación de la actual Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mi colega Luisa María Alcalde Luján de apenas 35 años de edad, quien se graduó con mención honorífica en la UNAM y quien cuenta con una maestría en derecho por la Universidad de California en Berkeley. A pesar de su juventud, ha sido activista social desde las épocas del intento de desafuero de AMLO cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal, representante de jóvenes y estudiantes de MORENA, cuando apenas era una asociación política nacional, y diputada federal de la LXII Legislatura, por el partido Movimiento Ciudadano, habiendo sido secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

A diferencia de muchos otros miembros del gabinete del presidente López Obrador, cuando éste la invitó a ocupar la Secretaría del Trabajo el 1° de diciembre de 2018, sabía con claridad a lo que se metía, pues tenía conocimientos del derecho laboral y de la problemática sindical y obrero-patronal, tanto por sus antecedentes académicos, como por provenir de una familia altamente politizada y con gran sensibilidad social. En efecto, su padre Arturo Alcalde Justiniani es un referente en el derecho laboral de nuestro país, derivado de su trayectoria en el ejercicio de la profesión, representando los intereses del sector obrero y de sus sindicatos, y de su prestigio académico que ha contribuido a especializar a los abogados de México.

Aunque la reforma constitucional a los artículos 107 y 123 se gestó y formalizó a finales de la administración del presidente Peña Nieto, en la que figuraba como Secretario del Trabajo Roberto Campa Cifrián, fue a la actual administración a la que en 2019 le tocó gestar y formalizar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y a Luisa María Alcalde comenzar a implementarla con cierto éxito. El reto ha sido enorme, lograr que la tradicional súper-secretaría que desde antaño realizaba además de sus funciones administrativas, funciones jurisdiccionales y aún registrales. La mejora propuesta ha implicado replantear el derecho laboral en su conjunto, lo que ya ha significado un esfuerzo de implementación transexenal que seguramente alcanzará al próximo sexenio.

Según me lo ha hecho notar Carlos Ferrán Martínez, Coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, este replanteamiento pretende terminar con las Juntas de Conciliación y Arbitraje para instrumentar un sistema de justicia a través de tribunales laborales. Asimismo, pretende la democratización en la vida sindical para que por fin se reconozca el voto personal, libre, directo y secreto para que los trabajadores puedan escoger a sus líderes. Ello implica la introducción de figuras nuevas tales como la “constancia de representatividad”, pre-requisito para que un sindicato pueda demandar la firma de un contrato colectivo con legitimidad, derivada de la representación de al menos el 30% de los trabajadores de una empresa. Otro de los grandes ejes de la reforma implicó la creación de una nueva autoridad, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, órgano descentralizado encargado de registrar los contratos colectivos, los sindicatos y los reglamentos interiores de trabajo.

Coincidí con Carlos Ferrán en que una innovación realmente revolucionaria es la atribución otorgada a dicho Centro de realizar procesos de conciliación de manera obligatoria para las partes en conflicto, antes de que éstas puedan acudir a un tribunal laboral. Esta etapa pre-judicial obligatoria de 45 días pretende evitar que cualquier desacuerdo obrero-patronal tenga que ser judicializado, siendo mucho mejor para las partes encontrar una solución negociada con la ayuda de un experto conciliador. Desde luego la coexistencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los nuevos tribunales laborales ha implicado la saturación de los centros por falta de recursos presupuestales y por la falta de incentivos que faciliten la transición, lo que ha provocado mayores rezagos, retrasos y diferimiento de las audiencias.

Otra construcción significativa de los últimos seis años ha sido la mayor rapidez en línea ascendente del aumento salarial a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que como se sabe está integrada no sólo por los Estados sino por empleadores, trabajadores y sindicatos, lo cual sin duda ha mejorado los indicadores de bienestar social. También ha significado un cambio estructural la erradicación de los abusos que se cometían en forma sistemática para evitar el pago de reparto de utilidades a través del sistema de subcontratación (outsourcing), que también significaban defraudaciones al fisco y a la seguridad social. Sin duda se logró el objetivo de dejar de utilizar de manera inmediata estos esquemas ilegales que han implicado reestructuraciones y sustituciones patronales. Para lograrlo hubo que establecer sanciones draconianas, ya que, ante la violación de la ley, se comete defraudación fiscal equiparada que trae aparejada prisión preventiva oficiosa, además de multas que pueden llegar a los 5 millones de pesos.

También tenemos que reconocer el éxito que ha significado y que sobre todo significará a través de los años, la incorporación de las trabajadoras y los trabajadores del hogar al sistema laboral y de seguridad social, que por disposición expresa de la ley estaban anteriormente exceptuados. Así que ya es obligatorio afiliar a dichos trabajadores ante la seguridad social. En materia de vacaciones el cambio también ha sido significativo, ya que se duplicaron los días mínimos de vacaciones anuales en favor de los trabajadores, para cumplir con exigencias internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), procurando que su disfrute sea en días consecutivos, a efecto de que se logre su principal objetivo de reponer las energías de los trabajadores, en favor de su salud.

No hay duda, pues, de que nuestro derecho laboral ha sido actualizado y que en dicha labor ha participado de manera substancial la secretaria Alcalde Luján, cuyo perfil institucional, su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, así como su prudente protagonismo, conjuntado con su inteligencia y con su sencillez dejará, sin duda, un legado digno de reconocimiento en estos tiempos aciagos. Si yo fuera AMLO la voltearía a ver mucho antes que a Claudia Sheinbaum.  

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